SALDO ROJO

"Nunca quisimos hacer un inventario de recriminaciones. Eso nos ha costado caro, porque como nos lo advirtieron algunos, todo se nos cargaría a nosotros, a este gobierno", dijo en una de sus charlas televisadas el Presidente Betancur. Muchos se preguntaron a qué quiso referirse, exactarnente, el primer mandatario. Así, algunos intérpretes de esa perentoria afirmación presidencial sugirieron que estaría con ello, dándole una salida a uno de los problemas más serios que enfrenta la actual administración, como es el de no haber logrado superar el déficit fiscal, a pesar de que la frustrada emergencia económica se dictó con ese propósito; y que, posteriormente, se llevarían al Congreso de la República una serie de medidas cuya aprobación fue urgida exhibiendo como razones de Estado, la principal entre ellas, el cuantioso déficit fiscal heredado de la anterior administración.
Aunque como lo expresaron recientemente los ex ministros de Hacienda liberales, convocados por el diario El Tiempo, el déficit no podría ser solucionado de la noche a la mañana, no es menos cierto que la magnitud del mismo ha crecido enormemente durante la actual administración. Porque como lo expresara para SEMANA un alto vocero de los gremios económicos "lo grave para el gobierno no es el hecho de que el déficit continúe sino que se hubiera creado la expectativa de que sería solucionado"
Lo cierto es que en su última intervención televisada, el Presidente Betancur debió abordar el tema del déficit que, según él fue obra de "la crisis del sector externo, pues sus entradas se redujeron: en efecto, los impuestos a las importaciones y las exportaciones cayeron. Y como al mismo tiempo estaban aumentando los gastos, el Gobierno quedó en saldo rojo" Por su parte, el ministro de Hacienda, doctor Edgar Gutiérrez Castro, pocos días antes de las palabras del Presidente, y en respuesta a un cuestionario propuesto por SEMANA, había manifestado: "Con respecto al déficit fiscal, que para este año estará por debajo de los 100 mil millones de pesos, ya se tienen previstas estrategias para manejarlo sin perturbaciones monetarias".
No obstante que las razones exhibidas por el Presidente Betancur no coinciden con las apreciaciones que sobre el origen del déficit fiscal se vienen dando en otras fuentes, tanto lo dicho por el primer mandatario como la tajante respuesta del Ministro de las finanzas nacionales, contiene dos importantísimos adelantos: es la primera vez que, por los lados del gobierno, se reconoce la persistencia del déficit y se fija, aunque con la dosis esperada de indeterminación, la cuantía de su tope máximo.
Las cuentas claras
El Contralor General, quien ha tenido sucesivos enfrentamientos con Gutiérrez Castro sobre este asunto, ha desglosado el déficit así: el fiscal, relativo al desfase entre los ingresos y los gastos del gobierno, estimado en 45.650 millones de pesos; el presupuestal, o sea el que resulta de la sobreestimación de los ingresos o la subestimación de los egresos, incorporados en el presupuesto de rentas y gastos, y que fuera estimado en una cuantía similar al del déficit fiscal; y el déficit de tesorería, cuando los recaudos de la Tesorería General son menores que las obligaciones exigibles. El faltante por este concepto bordeaba, a 31 de diciembre de 1983 los 68 mil millones de pesos. Esto daría un casi escalofriante total de más de 160 mil millones de pesos. El diario El Tiempo habría de dedicarle un titular de primera página, y su correspondiente apostilla editorial. Y luego, los ex ministros de Hacienda, Alfonso Palacio Rudas y Abdón Espinosa Valderrama, se ocuparían en columnas de El espectador y El Tiempo, respectivamente, de abordar el asunto.
A diferencia de los ríos de tinta que se vieron correr para referirse al déficit con el que se despedía la anterior administración, el escaso interés que en las gentes ha suscitado la perspectiva del actual déficit fiscal se justificaría en el hecho de que el gobierno, por lo menos hasta el mes de febrero pasado, había logrado desactivar la bomba del mismo. En efecto, la llamada Ley de Endeudamiento Interno, o sea, la Ley 12 de 1983, que permitía al gobierno disponer de cuantiosos recursos de emisión para enfrentarse, a situaciones estacionales de iliquidez en tesorería, se tradujo en la circunstancia de que el déficit no se hiciese tan visible, puesto que se hizo uso de tal cupo en cuantía de 41 mil millones de pesos, que aún no han sido restituidos al Banco de la República. Es decir, se acudió al explosivo expediente de monetizar el déficit.
Pero, a medida que el faltante de tesorería se ha tornado cada vez más difícil de taponar, hasta el extremo de que el gobierno ha debido acudir nuevamente al recurso de la monetización, para poder atender al pago de la nómina de sus servidores, no hubo más remedio que reconocer la existencia del déficit. Muchas voces de alarma comenzarán a escucharse en el sentido de que la política monetaria había sido orientada a controlar la inflación y a las metas de crecimiento. Ahora se ha convertido en una especie de presupuesto alterno para financiar lo que el presupuesto ordinario no alcanzaba a cubrir.
El gobierno alarmado ante la gravedad de la situación, dispuso un recorte del gasto del 10%. Aunque es un paso en la dirección correcta, los observadores económicos consideran que la medida es más cosmética que real. En primer lugar, imponer un rescate, aunque sea de apenas un 10%, resulta difícil en la práctica. Un escéptico declaró: "No es dejando de hacer cocteles y recepciones que se puede solucionar problemas de más de 100 mil millones de pesos".
La cifra real
Varias son las opiniones que se dejan oir acerca del monto final a que podría ascender el déficit fiscal para este año. Los menos optimistas suponen que bien podría bordear los 200 mil millones de pesos. Y aducen, entre otras razones, las siguientes: El gobierno nacional diseñó el Impuesto al Valor Agregado como una estrategia para conjurar el déficit fiscal y generar, a su vez, cuantiosos recursos que le permitan atender las proyecciones crecientes del gasto público. Pero, según expertos en estas materias, el gobierno sobreestimó sus ingresos presupuestales, al fincar todas sus esperanzas y expectativas en un tributo para cuya recepción el país no estaba preparado. Una economía más sólida que la colombiana, como puede ser la de España, ha decidido invertir 12 meses en la preparación de todos sus agentes económicos, con miras a que la puesta en vigencia del Impuesto al Valor Agregado no vaya a generarle serios reveses y traumatismos. Precisamente, sobre la base de que las estructuras y los controles de que dispone la administración pública colombiana, incapacitan al país para atender eficientemente el incremento en medio millón de responsables que aparejará la nueva modalidad tributaria, ha llevado a muchos a estimar --tomando además en cuenta los posibles desajustes en otros ingresos distintos al IVA--, que la sobrevaluación que el gobierno ha hecho de sus ingresos, conjuntamente con la subestimación de los gastos, podría generar un desfase en no menos de 100 mil millones de pesos. Y si a esta suma se le adicionase el déficit represado, la perspectiva del déficit total bien podría estar por los 200 mil millones de pesos.
Un indicio de que esto podría llegar a convertirse en realidad es que, apenas transcurrido el primer trimestre del año, el último informe de aproximación estima el déficit en 76 mil millones de pesos.--