Sanción ejemplar

Desde 1990, cuando se expidieron las normas en materia de información privilegiada en el mercado de valores, se puede contar con los dedos de las manos las personas que han sido sancionadas en Colombia.

La dificultad de probar que alguien violó esta regla de oro del mercado accionario es tal vez la razón por la cual muchos casos, en los cuales ha habido indicios de uso indebido de información privilegiada, han quedado sin castigo en Colombia.

Pues bien, la Superintendencia Financiera acaba de ratificar una sanción por violar esta norma del mercado de valores y lo más trascendental es que el involucrado es un inversionista, es decir, una persona común y corriente, y no un intermediario del mercado de acciones. Ello, según Mauricio Rosillo, director del Autorregulador del Mercado de Valores, será ejemplarizante en Colombia.

En este caso el involucrado es un ex alto directivo de una de las empresas del llamado Grupo Empresarial Antioqueño. Mediante Resolución 1450 del pasado 12 de septiembre, la Superintendencia Financiera confirmó que Héctor Arango Gaviria, ex vicepresidente de la Nacional de Chocolates, violó las normas sobre utilización de información privilegiada.

La Superintendencia dijo que Arango utilizó información privilegiada para comprar 69.359 acciones de la Compañía Colombiana de Tabaco (Coltabaco), por valor de 650 millones de pesos, los días 30 y 31 de agosto de 2004, antes del proceso de venta de la tabacalera antioqueña a una subsidiaria de Philip Morris Internacional.

Según la investigación, Arango obtuvo una ventaja patrimonial por más de 150 millones de pesos, derivada del proceso de compra de acciones de Coltabaco.

Para probar la falta, la Superintendencia analizó, entre otros indicios, el comportamiento como inversionista de Arango Gaviria, que evidenció que en un período de dos días invirtió casi una tercera parte de su patrimonio en la adquisición de las acciones, justo antes de que se revelara la oferta de compra de Coltabaco.

Llamó la atención de los investigadores que en ese mes de agosto, Arango realizó un total de 37 llamadas a personas vinculadas o próximas a Coltabaco y recibió 11 llamadas de las mismas personas, lo que evidencia su cercanía y su continuidad en el trato con ellas.

Recuerda la Superintendencia que Héctor Arango laboró hasta enero de 2004 para la Compañía Nacional de Chocolates en un cargo que le permitía participar en la juntas directivas de Fabricato, Almacenar, Inversiones La Merced, Cementos Argos, Bancolombia, Comercializadora Fabricato y Colombiana de Café, las cuales eran accionistas directas o indirectas de Coltabaco.

Otro hecho que fue resaltado en la investigación es que hubo operaciones a nombre de la esposa de Arango, la señora Cecilia Gómez de Arango, quien se había abstenido de actuar en el mercado durante el año, pero sí invirtió cerca de 21 millones de pesos en los días previos a la revelación de la información eventual que hizo Coltabaco sobre las negociaciones que adelantaba con Gwpcv, compañía holandesa propietaria de FTR Holding, compañía suiza subsidiaria de Philip Morris Internacional, para la adquisición inicial del 51,8 por ciento de las acciones de la tabacalera antioqueña.

Arango le dijo a SEMANA que no comparte el análisis de la Superintendencia y aseguró que jamás hizo uso de información privilegiada para beneficiarse. Recordó que en el momento en que compró las acciones de Coltabaco, ya no era empleado de la Nacional de Chocolates, pues se había retirado siete meses antes. Además, anotó que esa sociedad no tenía nada que ver con la tabacalera.

Según juristas, esta sanción tendrá grandes implicaciones hacia el futuro. Para Mauricio Rosillo, "es un precedente muy importante para que todos entiendan, aun los inversionistas, que se está controlando en Colombia el uso indebido de la información privilegiada".

La sanción pecuniaria contra Arango Gaviria es de 41 millones de pesos, lo que a algunos puede sonarles desproporcionada frente al monto que se supone obtuvo de beneficio por la información privilegiada. En este caso, hay que decir que la multa se impuso cuando todavía estaba vigente el viejo régimen sancionatorio de la Superintendencia, que ya cambió y subió los montos. En el mundo este comportamiento recibe severos castigos penales y económicos con multas millonarias. En Colombia las autoridades empiezan a mirar con lupa este tipo de conductas indebidas.