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| 2/8/1999 12:00:00 AM

SE ARMO LA GRANDE

El conflicto entre Comcel y los operadores de larga distancia demuestra que la legislación <BR>colombiana no está preparada para enfrentarlos avances tecnológicos en las telecomunicaciones.

SE ARMO LA GRANDE, Sección Economía, edición 871, Feb  8 1999 SE ARMO LA GRANDE
Cuando el pasado 20 de diciembre Comcel anunció a sus clientes la posibilidad de llamar a
cualquier parte del mundo por medio de su servicio de telefonía celular a un precio, en promedio, de un 25 por
ciento más barato que el ofrecido en el sector, los operadores tradicionales pusieron el grito en el cielo. Al fin y
al cabo compañías como Orbitel y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá habían comprado sus
respectivas licencias de larga distancia por la nada despreciable suma de 150 millones de dólares
mientras que Comcel, utilizando un sistema diferente a través de Internet pero a la larga ofreciendo el
mismo servicio, había ingresado al mercado sin poner un peso. La demanda, elevada a la
Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) y
el Ministerio de Comunicaciones, terminó por favorecer en una primera instancia a los operadores. Sin
embargo, lejos de concluir, la polémica en torno de si debe o no permitir el gobierno que Comcel preste
directamente el servicio telefónico de larga distancia está apenas calentándose.
Aunque en un principio todo parecería indicar que es injusto e ilegal que la compañía de telefonía celular
pueda ofrecer un servicio similar al de las compañías convencionales sin someterse a las mismas
regulaciones de operación, a la hora de la verdad es complicado definir si tanto en la teoría como en la
práctica se esté hablando del mismo tipo de servicio. Para Peter Burrowes, presidente de Comcel, "cuando
nuestros usuarios utilizan el Internet Protocol para una llamada de larga distancia están em-pleando un
servicio de valor agregado para el cual están plenamente autorizados". Su argumento se basa en que las
transmisiones del Internet Protocol (IP) se hacen enviando datos como en cualquiera otra operación en
Internet y, adicionalmente, no son en tiempo real, lo cual la diferencia de una llamada de larga distancia
tradicional. Pero para los directivos de las compañías afectadas en la práctica el servicio es semejante al de
ellos y, por ende, no debe ser autorizado, pues no tiene licencia de operación. Es más, Hernando Herrera,
secretario general de Telecom, dice: "La cláusula segunda de la licencia en la que se adjudicaron los
servicios de valor agregado a estas compañías dice que éstas no pueden prestar directamente el servicio
de telefonía nacional y larga distancia".

El problema tecnológico
La pelea por ahora parecen estarla ganando los operadores de la larga distancia. No obstante, por la
velocidad a la que se está moviendo el sector de las telecomunicaciones, es claro que problemas como el
anterior seguirán amenazando a los operadores del servicio telefónico tradicional. Incluso varios analistas se
atreven a decir que la larga distancia que se conoce hoy está a punto de morir ya que una llamada entre dos
casas de la misma ciudad podría terminar costando lo mismo que una conversación interoceánica en el muy
corto plazo.
En el transcurso de este año varios medios de comunicación, incluido SEMANA, habían advertido del
peligro que representaba el Internet Protocol para las compañías de larga distancia en todo el mundo.
Debido a su estructura desordenada y eminentemente descentralizada el servicio de Internet es difícil de
regular. En algunos países las compañías tradicionales de larga distancia, en vez de competir con empresas
que prestan el servicio IP, han tenido que adherir al nuevo sistema, prefiriendo canibalizar parte de sus
mercados habituales antes de abrir la posibilidad de que éstos caigan en manos de otros.
Sin ir más lejos, Comcel no es la primera ni la única compañía de comunicaciones en Colombia que utiliza
Internet para ofrecer su servicio telefónico. Muchos usuarios de la red usan el programa Net2phone, un
sistema mediante el cual una persona puede comunicarse desde el computador de su casa a un teléfono
de cualquier parte del mundo. Para servirse de él los usuarios solo requieren del ordenador, una tarjeta de
sonido, parlantes, micrófono y el software que, además de ser gratis, le ahorra al consumidor hasta un 80 por
ciento del valor de una llamada de larga distancia tradicional. Aunque el sistema no opera en tiempo real ni
tiene la nitidez de una llamada telefónica corriente, es probable que no pase mucho tiempo sin que los
avances tecnológicos permitan perfeccionar el mecanismo hasta el punto de que la diferencia con una
comunicación telefónica sea prácticamente imperceptible.
Ni buenos ni malosQuizás esta sea la razón por la cual en la disputa entre Comcel y los operadores de larga
distancia no sea posible señalar a buenos y a malos. El problema de fondo es el vacío legislativo que
hay en Colombia en el tema de las comunicaciones. Es un hecho que el país está a la zaga en la
regulación de estas tecnologías y es evidente que para el Estado será imposible controlarlas sin actualizar
la legislación al respecto.Por eso, más allá de definir quién tiene la razón en este caso, lo importante es poder
dilucidar cómo el gobierno va a regular en el futuro la entrada de nuevas tecnologías al.
El Ministerio de Comunicaciones y la CRT deben establecer reglas claras y flexibles que se acomoden a los
veloces cambios, que en este sector están a la orden del día. De lo contrario, una licencia o regulación que
puede ser la ideal hoy será obsoleta mañana. En este sentido Colombia está corriendo el riesgo de quedar
aislado de importantes avances tecnológicos, mientras en el mediano plazo pierde competitividad al asumir
costos excesivos en servicios que en el exterior son mucho mas económicos.
Lo cierto es que el gran derrotado en este primer round entre la jurisprudencia colombiana y la tecnología de
las telecomunicaciones ha sido el consumidor, que se ha visto obligado a pagar altos precios por sus
llamadas de larga distancia.

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