SE ARRUGA LA ECONOMIA

SUELE DECIRSE QUE LO URGENTE CASI nunca deja tiempo para lo importante. Dicho axioma se confirmó el pasado viernes primero de marzo cuando el ministro de Hacienda, Guillermo Perry, por andar explicando los efectos de la descertificación, no pudo dedicarle todo el tiempo que quiso a analizar un dato que había logrado desvelarlo la víspera: la inflación de febrero. Al fin y al cabo, aunque se esperaba que la cifra fuera alta, el 6,6 por ciento del primer bimestre resultó ser la más elevada de los últimos seis años.
El asunto habría podido ser apenas un lunar en el panorama de la economía, sino fuera porque cada día que pasa, los analistas se muestran más convencidos de que lo más grave no es sólo la inflación en sí, sino la posibilidad de que a ella se le sume un fenómeno que ya tiene preocupados a todos Ios analistas: la cercanía de una recesión o al menos, la de una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico. De combinarse esos dos fenómenos, Colombia entraría en uno de los escenarios más sombríos de cualquier economía. Se trata ni más ni menos que de la llamada estanflación, que es como quedarse sin el pan y sin el queso, pues a pesar de que la economía se frena, los precios siguen subiendo.
Y es que ya hay claros síntomas del deterioro que podría sufrir el crecimiento del Producto Interno Bruto =PIB= este año. Instituciones tan prestigiosas como Anif calculan que será de apenas el 3 por ciento, nivel bastante inferior al sorprendente 5,3 por ciento de 1995. Por ese dato, y por la combinación de dicha cifra con el repentino acelerón de la inflación que a este paso podría estar a fines del año muy por encima del 20 por ciento =muy lejos de la meta del 17 fijada en el Pacto Social=, la palabra estanflación se puso de pronto de moda y fue citada la semana pasada por algunos de los más respetados columnistas del área econimica, como el ex ministro Abdón Espinosa Valderrama y el precandidato Juan Manuel Santos.
El anterior panorama sería por sí solo suficientemente preocupante. Pero lamentablemente, las malas noticias se extienden a otros indicadores. El déficit fiscal puede llegar a crecer más allá de la ya de por sí inquietante proyección que el gobierno tenía de cerrar el 96 con 3,5 por ciento para el sector central. Y en cuanto a la demanda y a la inversión privada, los cálculos no hacen más que confirmar las perspectivas de estancamiento.
La mayoría de los conocedores explica la acumulación de todos estos nubarrones como efecto de la crisis política, que ahora sí parecería estar afectando la situación econimica. Según esta percepción, la idea que perduró por años y que el entonces presidente de la Andi, Fabio Echeverri, sintetizó en la frase según la cual "la economía va bien pero el país va mal", ha dejado de ser válida. Pero no todos los analistas están de acuerdo con que lo que está pasando en la economía sea simple y llanamente el reflejo de los graves problemas políticos y judiciales que vive el actual gobierno. Para el presidente de Analdex, Jorge Ramírez Ocampo, antes de desatarse la crisis política ya había síntomas de un ciclo negativo en la economía. Según él, lo que sucede es que la crisis ha agravado la situación, "pues ha sido como echarle gasolina a un incendio".

CUESTA ARRIBA
El escenario es complejo y para medir sus exactas dimensiones, es necesario desmenuzar los diferentes síntomas de la crisis. El más inquietante de ellos y, sobre todo, el que golpea de manera más inmediata y directa a todos los colombianos, es el de la inflación.
Cada vez que hay un alza desmesurada en los precios todos los ojos se voltean hacia la Junta Directiva del Banco de la República, con una mirada acusadora por no lograr una reducción de la inflación. Sin embargo, en el caso de los resulta dos de febrero, la mayoría de los estudiosos coincide en que se trata de un problema en buena parte ajeno a la política monetaria, y que está más bien relacionado con los precios de algunos sectores cuyo control le corresponde al gobierno. Hacia allá apunta la explicacion de analistas como Javier Fernández, presidente de Anif, quien señala que el alza de precios en este período se debió a rubros como educación, servicios públicos, alquileres y alimentos. Así las cosas, aunque la Junta esté haciendo grandes esfuerzos, su margen de maniobra tiene límites. "Nuestras medidas sirven para controlar los precios que dependen de las leyes de oferta y demanda, pero cuando se disparan aquellos precios bajo control del Ejecutivo, nuestra capacidad de actuar es muy limitada", explicó a SEMANA un miembro de la Junta.
Sin embargo, más allá de la discusión sobre las causas de la aceleración de la inflación, lo cierto es que el panorama para el futuro no es el mejor. Aparte de que la tendencia descendente de los precios se revirtió, por primera vez en mucho tiempo, al comenzar el año (ver gráfico), aún está por verse el efecto de alzas como la de la gasolina, cuyo reajuste del 12 por ciento se hizo a finales de febrero, de manera que su impacto solo se sentirá a partir de marzo. Así mismo, habrá un aumento obligado de la educación en abril, cuando se autocalifiquen los colegios y algunos entren en un régimen de libertad de tarifas, de acuerdo con la decisión del ministerio del ramo. Esta situación se origina en una sentencia de la Corte Constitucional, según la cual los profesores del sector privado deben ganar lo mismo que los afiliados a Fecode, el sindicato de maestros del sector público. Así, Ios colegios privados pidieron un reajuste de matrículas, de manera que la cartera de Educación dio vía libre para la autocalificación.
Otro ingrediente que entrará en el caldo de las presiones inflacionarias es el paulatino desmonte de los subsidios en los servicios públicos, medida que era necesaria y no se podía postergar, pero que tendrá un impacto considerable en los precios. Si a todo esto se une la posibilidad de que los alimentos mantengan su tendencia al alza, por preverse que sea este un año de malas cosechas, el cuadro no pinta muy colorido. Lo más grave en este frente es que el gobierno ha sido incapaz de tomar medidas contundentes pero impopulares como la aprobación de importaciones de alimentos, lo cual permitiría una reducción en sus precios.
En medio del debate sobre las causas de la inflación, lo único claro es que la Junta del Emisor está decidida a conservar la austeridad monetaria, manteniendo apretadas las riendas de la oferta de dinero por el mecanismo ya conocido de recoger efectivo con papeles de buena rentabilidad. Para Hernando José Gómez, codirector de la Junta, el control monetario no sólo es una manera de ponerle freno a la inflación sino que constituye una defensa de la tasa de cambio, al evitar que una excesiva liquidez se oriente a comprar dólares, presionando así una mayor devaluación. Y a la vez, haciendo que vengan divisas del exterior atraídas por las altas tasas de interés. En su concepto, "si bien no vamos a permitir que las tasas de interés suban más, tampoco vamos a tomar medidas activas adicionales para que bajen".
Frente a tal situación las preocupaciones se centran en el tema de la recesión. Como dice Perry, el hecho de mantener las tasas de interés como están para defender la banda cambiaria "puede llegar a comprometer seriamente el crecimiento económico del año, sin aue con ello se logre un mejor resultado en materia de inflación". Para hablar en plata blanca, existe la convicción de que como están las tasas hoy en día, no hay inversión que justifique endeudarse.

MOTOR SIN FUERZA
A pesar de los malos vientos, asegurar que Colombia atraviesa por un período de recesión puede resultar exagerado, pues el crecimiento seguirá siendo positivo. Sin embargo, no lo es afirmar que ya hay graves síntomas de desaceleración. El primer campanazo de alerta fue el desempleo, que llegó a 9,5 por ciento al final del año anterior, con un poco despreciable crecimiento de 1,6 puntos frente a 1994.
El pesimismo en torno del crecimento también se vio por Ios lados de la última encuesta de la Andi, en la que el gremio llegó a la conclusión de que la producción manufacturera cayó entre 2 y 3 por ciento en enero. Algo similar ocurrió con la Encuesta de Opinión Empresarial de FedesarroIlo, según la cual las respuestas de los empresarios sobre el ambiente actual y las perspectivas de inversión no fueron las mejores (ver gráfico). Por primera vez en casi una década, fueron más los empresarios que señalaron que la producción está bajando, que quienes dijeron que está subiendo.
Esos malos augurios ya comienzan a notarse en algunos sectores específicos. El caso más evidente es el de la construcción, que cayó 12 por ciento el año pasado y, como si eso no hubiera sido ya de por sí bastante malo, Camacol espera que caiga otro 15 por ciento en 1996. El sector automotor atraviesa por una situación similar, pues sus ventas disminuyeron 17,1 por ciento en los dos primeros meses. Tampoco hablan muy bien los datos de Fenalco que aseguran que el comercio está de capa caída, pues las ventas sufrieron una fuerte disminución.
Otro indicador que muestra el desaliento de la economía es la publicidad, cuya facturación ha disminuido notablemente en los últimos meses. En televisión, el período enero-febrero de este año marcó una baja de cerca del 20 por ciento con respecto al mismo bimestre del 95. Y hay otro botón de muestra: los avisos publicitarios y los clasificados del diario El Tiempo cayeron 10 por ciento en el primer bimestre del año en relación con igual período del año anterior, fenómeno que no había ocurrido en décadas.
Pero si por esos lados llueve, por los del sector financiero no escampa, y así queda en claro al observar que sus ganancias apenas crecieron 3,5 por ciento en el 95, después de varios años de fiesta. Un reflejo de la difícil situación por la que atraviesa el sector es el aumento de la cartera vencida, que en los establecimientos de crédito creció 66 por ciento durante el año pasado. Y como si eso fuera poco, el consumo por medio de tarjetas de crédito también "se ha desacelerado notoriamente", según el presidente de Ascredibanco, Orlando García. De hecho, en enero esa industria facturó 307.000 millones de pesos, con un aumento de sólo 29 por ciento, en tanto que el crecimiento entre el mismo mes de 1995 y el de 1994 fue del 47 por ciento.

Y si lo anterior no es suficiente, la más clara prueba de que algo está ocurriendo en la economía la tienen los concordatos, pues sóIo en lo que va corrido del año la Superintendencia de Sociedades ha aprobado ocho, la mayoría de ellos en el sector comercio. Con esos comienzos, la cifra de 1996 podrá estar por encima de los 57 que hubo en 1995, que de por sí fue bastante elevada y prácticamente du- plicó la del año anterior.
Si todos esos síntomas en verdad revelan lo que todo el mundo supone que revelan, no hay más remedio que comenzar a corregir hacia abajo todas las proyecciones que habían sido hechas hasta ahora en materia de crecimiento económico. El gobierno ya lo hizo, aunque tímidamente. Según el Ministro de Hacienda "yo siempre he dicho que el crecimiento en el 96 va a estar entre el 4,5 por ciento y el 5 por ciento y ahora creo que va a estar más cerca de 4,5 quede 5". Fedesarrollo ha ido más lejos: su proyección que era de 4,4, se redujo a 3,8 como consecuencia de incorporar a su análisis Ios efectos de la crisis política.
Para la codirectora del Banco de la República, María Mercedes Cuéllar de Martínez, la destorcida tiene que ver en buena parte con condiciones estructurales. En su concepto, "parte del menor crecimiento =que está previsto en las metas macroeconómicas de este año= se venía buscandoporque la economía estaba recalentada, y había mucho gasto y poco ahorro". Pero aunque hay un cierto acuerdo en que las cosas ya venían fallando, también lo hay en que la crisis politica las empeora. Según Fedesarrollo, no sólo la crisis agrava el panorama. Aparte de ello, hay dos aspectos más que pueden acentuar la desaceleración de la economia: la incertidumbre alrededor de la tasa de cambio y las altas tasas de interés.
Claro que a partir de este punto, se puede empezar a hablar de circulo vicioso, pues no se sabe cuánto de la incertidumbre cambiaria y de las altas tasas tiene que ver con la crisis. Hasta ahora, lo cierto es que la influencia negativa de la investigación penal al presidente Samper y la desestabilización de su gobierno sobre la economía habia sido vista más bien como una hipótesis que no se comprobaba del todo en la realidad.
Pero esto cambió dramáticamente con la descertificación. El sólo hecho de que Washington haya tomado tan grave determinación, es un golpe para el ambiente de inversión. Pero además, si la descertificación deriva =como lo vienen amenazando funcionarios como el subsecretario de Estado Robert Gelbard= hacia sanciones comerciales, no hay duda de que el pais entraria de lleno en una franca recesión.

DESAJUSTE
Pero aun antes de que la crisis politica se agravara con la decisión del gobierno de Bill Clinton de descertificar a Colombia, muchos analistas habian senalado ya que el peor problema que enfrentaba la economia colombiana para el final de siglo era el creciente déficit fiscal. De hecho, las previsiones del Consejo Superior de Política Fiscal =Confis= señalan que el país se aproxima a desequilibrios fiscales sólo comparables con el que se alcanzó hace 10 años, al final de la presidencia de Belisario Betancur=ver cuadro=. En ese entonces fue tan critica la situación que tuvo que venir el Fondo Monetario Internacional a tutelar la economía colombiana.
Si bien el déficit tiene que ver en parte con elementos estructurales, como las transferencias a los entes territoriales a que obliga la Constitución del 91, el gobierno no está exento de responsabilidades. En efecto, a pesar de la difícil situación fiscal que heredó del gobierno Gaviria, para muchos la actual administración se ha dedicado a gastar más de la cuenta =a pesar de los anunciados recortes en funcionamiento e inversión= o a feriar el presupuesto nacional en las controvertidas negociaciones labora les del ministro de Trabajo, Orlando Obregón. Lo curioso es que, contrario a lo que la gente cree, el roto en el bolsillo público en tiempos de crisis politica no parece estar por los lados de la Red de Solidaridad Social sino por los de los fondos de cofinanciación, que al parecer han sido utilizados para ganarse el apoyo de los congresistas en la investigación que adelantan contra el presidente Samper =ver recuadro=. Una vez más, la serpiente se muerde la cola: para ad ministrar la crisis política, el gobierno tiene que gastar en exceso y al hacerlo, agrava la situación económica.

EL SECTOR PRIVADO PAGA
Lo triste de toda la historia del gasto es que, como dice María Merce des Cuéllar, "la economía tiene una capacidad de gasto limitada, de manera que si el gobierno quiere gastar el efecto lo pagará el sector privado". La razón es que con una politica monetaria restrictiva como la actual, cualquier expansión del gobierno central termina compitiendo por recursos con el sector privado. Si a eso se une el riesgo de que con la descertificacion se complique el endeudamiento público en el exterior, la salida sería emitir más títulos de deuda pública internamente, elevando así todavía más las tasas de interés.
Y lo peor es que, al paso que va la desaceleración de la economía, los recaudos tributarios pueden terminar siendo menores que lo que ha previsto el Ministerio de Hacienda. Igual cosa puede suceder con las proyecciones de ingresos por privatizaciones, pues en ese frente por ahora el palo no está para cucharas. "Si se confirma que los recaudos no van a aumentar lo esperado y si se embolatan algunas privatizaciones por efecto de la crisis política y del recelo de los potenciales inversionistas extranjeros, entonces lo del déficit fiscal puede pasar de preocupante a aterrador", aseguró el ex ministro Juan Manuel Santos.
De esta manera, incluso Ios grandes esfuerzos para controlar el gasto pueden resultar insuficientes y el hueco fiscal sería todavía peor. En palabras de Gabriel Rosas, coordinador de la Comisión de Racionalización del Gasto Público "los primeros indicios de nuestros estudios señalan que la situación fiscal para los próximos años es más dificil de lo que plantean las proyecciones actuales".

POCAS ESPERANZAS
En conclusión, hay serios motivos para preocuparse. Como dice Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo, "ya no es cierto que la economía colombiana aguante todo". En el tablero varias alertas están encendidas. Frente a ello, el gobierno y las autoridades monetarias van a tener que moverse pronto, más allá incluso de lo que lo han hecho hasta ahora. El problema es que la misma crisis política que parece haber acelerado el deterioro, deja cada día menos margen de maniobra. Un gobierno al que le resulta tan difícil frenar las pretensiones sindicales y al que no le queda más remedio que ceder frente a las exigencias de los parlamentarios, dificilmente puede comprometerse en un programa de ajuste tan necesario como impopular, que implicaría para Ernesto Samper, sacrificar =al menos en parte= algunas de sus promesas sociales.
La tarea que el equipo económico del gobierno tiene por delante es pues a la vez tan urgente como delicada. El lado positivo es que quienes se encuentran al frente del asunto son reconocidos, incluso en los círculos más antigobiernistas, como personas serias y responsables que no van a permitir que la economía se desbarranque. El lado negativo es que el entorno en el que tienen que moverse es muy poco favorable.

YO ACUSO
El senador Juan Camilo Restrepo asegura que el gobierno está comprando apoyo en el Congreso feriando los fondos de cofinanciación.
EN LAS ULTIMAS SEMANAS muchos economistas se han ido lanza en ristre contra los fondos de cofinanciación. Estos fondos fueron previstos por la Constitución del 91 como un mecanismo para facilitar el proceso de descentralización, mediante el apoyo financiero del gobierno central a los proyectos de inversión de los departamentos y los municipios. Sin embargo, un propósito tan plausible como este ha terminado siendo contaminado por el clientelismo y la burocratización.
Para el senador Juan Camilo Restrepo, el principal problema de los fondos consiste en que se han convertido en un instrumento del gobierno para manipular al Congreso y mantenerlo de su lado en medio de la crisis política. En palabras del senador Restrepo el problema radica en que "se otorgan nartidas contra cupos asignados a congresistas, lo que constituye en la práctica el resurgimiento de los auxilios parlamentarios. Por esta vía se están clientelizando recursos por 160. 000 millones de pesos, lo que asciende a más del 20 por ciento del presupuesto de cofinanciación".
Buena parte de la capacidad del gobierno de manipular al Congreso a través de los fondos radica en que su proceso de asignación está altamente centralizado en el Departamento Nacional de Planeación =DNP=. Según lo señala el ex ministro de Hacienda Eduardo Wiesner, en un libro de reciente publicación: "Sería ingenuo pensar que el papel que asumió el DNP en la asignación de los fondos fue un accidente. Probablemente lo que ocurrió fue que la vinsulación del DNP se buscó deliberadamente como el mecanismo que aseguraría el reparto de recursos y su aparente legitimidad técnica". De otra parte, el manejo discrecional de los fondos por parte del gobierno se facilita mediante un artículo de la ley de presupuesto que le permite al DNP reasignar recursos entre los distintos fondos. Para el senador Restrepo "esto constituye una práctica abiertamente inconstitucional, pues desconoce el principio de que todo gasto debe ser aprobado plenamente por el Congreso. Lo cierto es que por cuenta de los fondos de cofinanciación las visitas de los parlamentarios al DNP para presionar por sus proyectos se han multiplicado en los últimos meses, lo que representa una verdadera tragedia para una entidad que se ha caracterizado por su carácter técnico y su independencia de criterío.
Pero lo más grave de los fondos de cofinanciación es que, por sus montos constituyen una importante fuente de presión sobre el gasto público. De hecho, el presupuesto de los fondos para 1996 asciende a más de 7QO.OOO millones de pesos, lo que equivale a casi la tercera parte del déficit proyectado para el sector público central en el presente año. Para Gabriel Rosas, coordinador de la Comisión de Racionalización del Gasto Público, "los fondos de confinanciación son una partre importante del problema fiscal del país. Si la descentralización se hiciéra bien el gobierno central no tendría porqué tener tanta plata a su cargo".
Lo que queda claro :es que un recorte de los fondos de cofinanciación contribuiria a aliviar el déficit fiscal, que es el mayor problema que enfrenta la economia colombiana en la actualidad. Sin embargo, como los fondos constituyen el eslabón central entre el gobierno y el Congresa en la actual crisis politica, no hay que hacerse muchas ilusiones sobre esta posibilidad.