SE ROMPIO LA TREGUA

Cuando el asunto parecía olvidado, al finalizar la semana pasada un pronunciamiento del Consejo de Estado lo puso nuevamente sobre el tapete. Desde cuando el gobierno, el pasado 8 de abril, expidió el decreto 634 que obligaba a las entidades bancarias a informar a la Administración de Impuestos de todas aquellas cuentas que sobrepasaran los 50 millones de pesos, se esperaba el pronunciamiento del alto tribunal. El asunto pareció quedar definido el pasado mes de mayo, cuando el Consejo de Estado se abstuvo de suspender la medida, que reformó otra que había sido expedida a finales del año pasado. Pero, a partir del pasado jueves 24 las cosas volvieron a cambiar debido a un pronunciamiento del consejero Carmelo Martínez, que echó por tierra el decreto 634.

Todo empezó el 29 de diciembre de 1987, cuando el gobierno Barco preocupado por la falta de recursos para sacar adelante su plan económico, expidió el decreto 2503 que, entre otras cosas, obligaba a las entidades bancarias a informar a la Administración de Impuestos de todas aquellas cuentas que durante el año fiscal alcanzaran un monto de 6 millones de pesos. Eso equivale a decir que cualquier persona que hubiera depositado arriba de 6 millones de pesos en su cuenta durante el año, sería sometida a un estricto control tributario. Aunque estaba claro que los depósitos bancarios no son gravables, más de una persona sintió que con esta medida fácilmente le podían pisar la cuerda en asuntos tributarios, precisamente en un país donde la evasión es pan de cada día. En consecuencia, los depósitos bancarios sufrieron una disminución en el primer trimestre del año que termina, que en el caso de bancos como el de Bogotá, Comercial, Industrial, de Crédito, Santander, Caldas, Colpatria y Occidente, alcanzó un 4.7 por ciento con respecto al mismo periodo en 1987.

Esto ponía en dificultades al sistema financiero, que veía cómo la gente se acostumbraba a manejar sus negocios en dinero efectivo, sin pasar por el sistema bancario. Fue entonces cuando saltó a la palestra el famoso decreto 634, que cambiaba las reglas del juego en cuanto al monto de los depósitos. Con su expedición, se obligaba a los bancos a informar sobre las cuentas con un saldo mayor a 51 millones de pesos lo que, aunque reactivó los depósitos, no fue suficiente para que regresaran a su estado anterior.

Ahora, las cosas vuelven a quedar como a comienzos del año. Con el regreso al tope de los 6 millones, según pudo establecerlo SEMANA con fuentes del sector bancario, existe la posibilidad de que la gente retire sus depósitos para evitar el control sobre sus cuentas si éstas superan los millones. A estas alturas del año, como hasta la semana pasada las cuentas se hacían con base en los 50 millones, muchas personas ya habrán sobrepasado de lejos el límite de 6 millones y el sacar en este momento sus depósitos en nada les ayuda. De darse esta situación, que vendría a sumarse a la costumbre de retirar los depósitos a finales del año con propósitos tributarios, los bancos se verían afectados en su liquidez y se disminuiría su capacidad para otorgar créditos, entre otras cosas.

Por el momento, resulta aventurado hablar de las consecuencias que traerá el regreso al tope de los 50 millones y hay que esperar las reacciones de costumbre. De lo que sí se puede hablar es de algunas de las consecuencias que trajo la aplicación de la medida a comienzos de este año. Por una parte, se recuerda que en algunos sectores como la ganadería, la agricultura y el comercio se dio un regreso al manejo de efectivo, con la consecuencia de que una gran cantidad de dinero se moviera por fuera del sistema bancario, alejado del control de la Junta Monetaria. De otro lado, y como resultado de lo anterior, hubo iliquidez en los bancos que se vieron en dificultades para realizar sus transacciones, como el otorgamiento de crédito.

Las anteriores son sólo algunas de las consecuencias de dicha medida. Algunos economistas hablan de una sensible disminución en el crecimiento de los medios de pago para el presente año y de un aumento del efectivo (alrededor de 200 mil millones de pesos para 1988), lo que pone a la economía nacional en dificultades.

De todas formas, es muy posible que el gobierno no haga uso del recurso de súplica a que tiene derecho para que se revoque la decisión del Consejo de Estado, y es por eso que se espera otro tipo de medidas para que la gente regrese al mercado bancario y deje de guardar su dinero debajo del colchón.--