Sembrar petróleo

La industria petrolera batió todos los records en 2000. El precio del crudo subió a las nubes y disparó el valor de las exportaciones. Pero además nunca se habían firmado tantos contratos para explorar nuevos yacimientos: 32 en tan sólo este año, mientras que en 1999 apenas se firmó uno. Es la cifra más alta de la historia y supera incluso el boom de mediados de los 80, que tuvo como resultado el hallazgo de Caño Limón. Y como nadie encuentra petróleo sin buscarlo, es crucial que las empresas petroleras estén nuevamente interesadas en probar suerte en el país.

Explorar crudo es una lotería, con la diferencia que se arriesga mucho más dinero para ganar. De ahí que para buscar el ‘oro negro’ el Estado recurre a los contratos de asociación con compañías privadas. De esta manera los gastos de exploración corren por cuenta de los privados. Si no encuentran petróleo pierden su plata, y si lo descubren comparten costos y utilidades con Ecopetrol.

También este año se revivieron los contratos para reactivar la exploración en dos de los prospectos petroleros más promisorios. Después de que se llegara a un acuerdo con la comunidad u’wa la Occidental Petroleum Company está perforando Gibraltar 1, el primer pozo exploratorio del bloque conocido como Samoré —que cambió de nombre y ahora se llama Sirirí—. Así mismo, la British Petroleum (BP) está buscando petróleo en Niscota, en el piedemonte llanero.

La principal razón detrás de este auge exploratorio es que Colombia hizo importantes reformas a la política petrolera en los últimos dos años, que volvieron a hacer el negocio lo suficientemente rentable para correr el riesgo de explorar.

Como estaban las cosas no era atractivo para las petroleras producir en Colombia. Por eso el gobierno cambió el régimen de regalías. En vez de pagar un 20 por ciento del valor de la producción —como antes—, ahora la regalía depende del nivel de producción: desde un 5 por ciento cuando se produce poco hasta un 25 por ciento cuando se produce mucho.

Este cambio fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo que se cayó, pero siguió vigente ya que figuraba en otra ley que se aprobó en octubre pasado. Uno de los efectos de esta regalía escalonada es que los campos medianos y pequeños, al pagar una menor regalía, se vuelven más rentables. Esto es importante ya que, de la parte del territorio nacional que ya se ha explorado, la gran mayoría de los yacimientos hallados son medianos y pequeños.

De otro lado, se agilizaron los procedimientos para solicitar y obtener las licencias ambientales y se modificaron los términos de los contratos de asociación entre Ecopetrol y las compañías privadas. Con todas estas reformas se duplicó la rentabilidad que las empresas petroleras esperan obtener en el país. Los resultados están a la vista.

La amenaza

Sin embargo no todo son buenas noticias en la industria petrolera. Así como en 2000 se dispararon los contratos de asociación, tristemente también se dispararon los atentados contra la infraestructura petrolera. Desde enero hasta mediados de noviembre el oleoducto Caño Limón-Coveñas sufrió 84 atentados —más que en cualquier otro año—. Así mismo, el oleoducto Transandino —que proviene del Ecuador, pasa por el Putumayo y llega a Tumaco— no ha escapado a la guerra que se libra en el sur del país.

Los efectos han sido negativos. Entre agosto y septiembre el tubo de Caño Limón estuvo bombeando a menos del 50 por ciento de su capacidad. La voladura de oleoductos no es nueva —ha habido más de 1.100 en los últimos 15 años—. Tampoco lo son el secuestro de ingenieros y la extorsión a las empresas que desarrollan la infraestructura petrolera. Pero lo cierto es que, de acuerdo con todos los indicadores, este año arreciaron estas actividades delictivas por parte de los grupos armados.

Pese a ello, Colombia logró atraer inversionistas. Esto en parte refleja el hecho de que las petroleras ya tienen incorporada la inseguridad en sus cálculos de rentabilidad. Pero nada garantiza que no se espanten más adelante si el deterioro del orden público continúa.

La firma de los contratos de asociación es tan sólo el primer paso en el desarrollo de los campos petroleros. Después sigue la exploración y, en caso de que se encuentre el crudo, la construcción de la infraestructura de extracción y transporte. Esto tarda como mínimo seis años, durante los cuales los ingenieros trabajan sobre el terreno. “Ahora lo que está en duda es la viabilidad de esas operaciones”, dice Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Añade que “el país todavía no se ha dado cuenta de esto y el Estado no tiene una estrategia integral para proteger la infraestructura de un sector clave para la economía”.

Así las cosas, el panorama del petróleo no está tan claro. Por lo pronto se sabe que se está acabando la bonanza ya que los campos existentes están declinando. Aun contando con el yacimiento que se descubrió hace poco en Melgar, Ecopetrol estima que el país tendrá que importar petróleo a partir de 2007 si no se encuentra pronto un campo importante.

Y lo que ocurra más adelante dependerá de unas condiciones de seguridad que hagan viables las operaciones petroleras. Pero con los cambios que se hicieron Colombia ya dio un paso adelante y mejoró la competitividad de la industria a largo plazo. Las exportaciones y los impuestos que pagan las petroleras contribuirán a la estabilidad económica. El país está preparado para que —con algo más de tranquilidad— la industria del oro negro salga adelante.