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La detención de Patricia Lara en una cárcel de Nueva York es una advertencia para los periodistas que critiquen la política norteamericana.

17 de noviembre de 1986

El frustrado viaje de la periodista Patricia Lara a los Estados Unidos consiguió lo que no había podido obtener el victorioso viaje del presidente Barco al mismo país, hace tres semanas: tener eco en la prensa norteamericana. Y no sólo en las páginas informativas, que se ocuparon ampliamente del asunto, sino en las editoriales. Los más importantes diarios, como el New York Times o el Washington Post, comentaron el asunto: la prohibición de entrada a la periodista, su consiguiente detención en un centro de retención de inmigrantes ilegales primero y en una prisión federal después, su deportación hacia Colombia y la negativa de las autoridades a dar explicaciones al respecto.
La prensa colombiana en cambio, y también a diferencia de lo ocurrido con el viaje del presidente Barco, no hizo comentarios editoriales. Ni siquiera El Tiempo, del cual Patricia Lara es una de las redactoras estrellas. Interrogado por las emisoras de radio,el editor de El Tiempo Enrique Santos Castillo se limitó a opinar que si su redactora había sido detenida "las autoridades norteamericanas tendrían sus razones".Pero dio a Patricia Lara, eso sí, la oportunidad de narrar su aventura prácticamente en directo, en sucesivas crónicas dictadas desde su detención en Nueva York. El tono de éstas no era, claro está, el de las "Cartas de Prisión" de un Gramsci. Patricia Lara se limitó a narrar los detalles cotidianos de su cautiverio: la coliflor hervida del almuerzo, la confiscación de la pestañina, el pijama amarillo de las presas, la despiojada, la gordura maternal de las carceleras o la grosería del supervisor de la cárcel. Lo grave, sin embargo, no eran las minucias de la detención de la periodista: sino que ésta hubiera tenido lugar; y más aún, que la hubieran recluido en una prisión federal, el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, como si se tratara de una delincuente empedernida. Su abogado Arthur Helton, explica telefónicamente: "Para que la lleven a una prisión federal tiene que haber contra ella cargos concretos sobre violación de las leyes norteamericanas. Pero a eso nos responden que, por no haber entrado a los Estados Unidos (fue retenida cuando intentaba entrar, con una visa múltiple vigente y que había utilizado ya en varias ocasiones anteriores), Patricia Lara tampoco está amparada por la Constitución". Ella misma, en una rueda de prensa dada en el aeropuerto de Bogotá tras su deportación forzosa, anunció que iba a exigir al embajador norteamericano Gillespie que, en presencia de las autoridades colombianas y de sus jefes de El Tiempo, le formulara los cargos concretos. Cargos que no conoce nadie salvo, quizás, el DAS, que trató de detener a la periodista en cuanto desembarcó en Bogotá.
La base legal para impedir la entrada de Patricia Lara a Estados Unidos es la sección 212 (a) 29, incluida en las normas de inmigración norteamericanas por la Ley McCarran-Walter a principios de los años cincuenta. "Un vestigio de la era del macartysmo", como señaló comentando el caso el New York Times, del cual se valen las administraciones norteamericanas para rechazar extranjeros indeseables: entre cuarenta y cincuenta mil figuran en una "lista negra" del Departamento de Estado, incluyendo celebridades mundiales como García Márquez o Graham Greene. Patricia Lara, todavía desde Nueva York, señaló que lo que quizás "no les había gustado" a las autoridades de inmigración era el hecho de que hubiera escrito artículos criticando la política del presidente Reagan en Centroamérica, o su libro "Siembra vientos y recogerás tempestades" sobre los fundadores del M-19. Pero, como dijo Michael Sovern rector de la Universidad de Columbia "parece quefue detenida por algo que ha dicho y no por algo que ha hecho, y eso es un anatema en una sociedad libre".
Sin embargo el caso de Patricia Lara no es único, sino, por el contrario, cada vez más frecuente. Numerosos periodistas, inclusive norteamericanos, han sido molestados por las autoridades al intentar ingresar a los Estados Unidos cuando en sus crónicas -o en sus pasaportes- figuran "puntos calientes" de la política internacional del presidente Reagan, en particular Centroamérica. El caso Lara forma parte del pulso que desde hace meses vienen librando la administración Reagan y la prensa liberal norteamericana sobre el derecho a la información. Para la prensa este derecho es sagrado. Para el gobierno de Reagan, un estorbo. Las circunstancias de la detención de Patricia Lara ilustran irónicamente esa contradicción: iba a Estados Unidos invitada por la Universidad de Columbia para asistir a la entrega de los premios Moors Cabot, que se otorgan precisamente a "contribuciones al entendimiento entre las Américas y a la libertad de información".
La detención de la periodista colombiana resulta asi ejemplarizante. Se trata de sentar un precedente contra los periodistas que informan críticamente sobre la política internacional del gobierno norteamericano. Para que sepan que, si lo hacen, no podrán volver a visitar Disneyworld. Aunque quienes conocen a Patricia Lara opinan que en su caso la medida de amedrentamiento no será muy eficaz: preferirá tener en su currículum una estancia fugaz en las "mazmorras del imperialismo" que una nueva visita al mundo maravilloso de Walt Disney.