SIN REFORMA TRIBUTARIA, EL SALTO SOCIAL SERA RECORTADO

EL GOBIERNO SE DISPONE A PRESENTAR AL Congreso un proyecto de reforma tributaria que, como suele suceder en estos casos, ha despertado algunas reacciones contrarias. SEMANA habló con el ministro de Hacienda Guillermo Perry para aclarar las principales dudas.

SEMANA: Siempre que se plantea una reforma tributaria, e incluso cuando el gobierno advierte -como en esta ocasión- que no habrá nuevos impuestos, surgen por todos lados temores de que detrás de todo aparezcan nuevos tributos. ¿Puede usted garantizar que esto no va asuceder, que no va a haber ni nuevos impuestos ni alzas de las tarifas de los actuales, tal y como lo prometió el presidente Ernesto Samper en su campaña?

GUILLERMO PERRY: El proyecto de ley que vamos a presentar no contempla nuevos impuestos ni alza de las tarifas de los actuales, con la posible excepción de ajustes puntuales, tales como la tarifa del IVA a los vehículos suntuarios. Lo que sí propone es que no se reduzcan las tarifas vigentes a partir de 1998, como estaba previsto, y una serie de medidas destinadas a controlar la evasión y a hacer que quienes tienen capacidad de pago, y hoy no están contribuyendo en forma proporcional, lo hagan efectivamente.

SEMANA: Las alzas en las tarifas del IVA y del impuesto de renta fueron establecidas en la reforma de 1992 supuestamente como transitorias. ¿El hecho de que el actual gobierno quiera volverlas permanentes no implica alza de los impuestos por el hecho de que unas tarifas que iban a bajar ya no bajarán?

G.P.: Por supuesto que no. Además, ¿cómo podrían disminuirse las tarifas actuales cuando la administración anterior utilizó el incremento de recaudos producto de la reforma de 1992 para financiar gastos de carácter permanente, tales como el incremento del pie de fuerza, las mejoras salariales a las Fuerzas Armadas, la puesta en marcha de las nuevas instituciones creadas por la Constitución del 91 y el proceso de transferencia creciente de recursos del gobierno central a las entidades territoriales.?

SEMANA: En el Congreso se han escuchado críticas a la presentación del plan de desarrollo del Salto Social porque no hay cómo financiarlo, y en especial porque parte de su financiación depend e d e una reforma tributaria que aún no ha sido aprobada. ¿No está el gobierno ensillando antes de tener la mula?

G.P.: Al contrario. El país debe definir cuál es el nivel mínimo de inversión social e infraestructura que requiere, y luego determinar si es posible financiarlo y cómo. Este ha sido en esencia el ejercicio que el gobierno ha venido haciendo con las autoridades regionales, el Consejo Nacional de Planeación y, por supuesto, el Congreso. El gobierno opina que las inversiones mínimas requeridas en estas áreas exigen un esfuerzo tributario adicional (equivalente al 1.4 por ciento del PIB), que representaría más o menos la mitad del que tuvo lugar durante la administración pasada (superior al 3 por ciento del PIB), y por tanto es enteramente viable.

SEMANA: Las primeras reacciones de los congresistas -tanto liberales como conservadores- ante la reforma tributaria parecen más bien negativas. ¿No teme usted una rebelión en el Capitolio?

G.P.: Las primeras reacciones ante una propuesta de mayor recaudo tributario son siempre negativas. Pero a medida que tanto el Congreso como la opinión se percaten de la necesidad y, ante todo, de las características precisas del proyecto de gobierno, que busca una mayor equidad tributaria, estoy seguro de que habrá un ambiente más favorable al respecto.


SEMANA: Ante la eventualidad de no conseguir la aprobación de la reforma, ¿qué alternativas hay para financiar el Salto Social?

G.P.: De no obtener aprobación de recursos adicionales sería necesario recortar en esa cuantía el plan de inversiones del Salto Social. Y así quedará consignado en la ley del plan.