Standard & Poor’s da el primer golpe por fallo contra Claro y Telefónica

La calificadora Standard & Poor’s fue la primera en responder al fallo del tribunal de arbitramento que le dio la razón a Colombia en su vieja pelea con Claro y Telefónica por la reversión de varios activos.

La firma advirtió que como consecuencia del fallo, puso en Revisión Especial negativa las calificaciones de ‘BB’ de Colombia Telecomunicaciones, la empresa de minoría estatal que hoy se conoce como Telefónica y tendrá que responder por parte de los $4,7 billones de los dos operadores privados según el tribunal nacional.

Así, la calificadora podrá “reflejar la posibilidad de que las bajemos en más de un nivel (notch) dentro de los próximos 90 días si la liquidez de la compañía se vuelve insostenible debido a la incapacidad de pagar de la sentencia arbitral al Gobierno”.

Todo porque Standard & Poor’s evaluó la liquidez actual de Coltel como menos que adecuada debido a los elevados gastos de capital y a los pagos del Patrimonio Autónomo de Activos y Pasivos de Telecom (Parapat) al gobierno de Colombia, pese a que los accionistas de la empresa la capitalizarán para cerrar su pasivo pensional.

Sin embargo, la calificadora advierte que el reciente anuncio de la sentencia arbitral preliminar a favor del gobierno pueda perjudicar más la liquidez de Coltel y agregó que también puso la calificación de emisión de ‘B’ de los instrumentos de capital híbrido de la compañía en Revisión Especial con implicaciones negativas.

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De la multa total, a Coltel le tocaría pagar $1,6 billones y de acuerdo con el estudio de S&P, los recursos en efectivo de la compañía no son suficientes para cubrir la sentencia arbitral por lo que tendría que buscar deuda adicional que podría aumentar su apalancamiento, un acuerdo de pago en especie o bien el respaldo de sus accionistas.

Más advertencias

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Telecomunicaciones (Andesco) advirtió este miércoles que “hay que mirar el verdadero impacto de las medidas regulatorias y su beneficio, tal como lo señala la Ocde”.

Y argumentó que, como la misma organización lo advierte, “una sobrerregulación tiende necesariamente a afectar el crecimiento del sector y por lo tanto, no generar que el país sea atractivo para la inversión en este sector”.

El gremio agregó que “los montos de los fallos o la suspensión de procesos, sin duda impactan los planes de expansión de los operadores, e incluso pueden generar situaciones complejas para garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios”.

El fallo contra Claro y Telefónica

A finales de julio un Tribunal de Arbitramento definió la controversia jurídica que había iniciado en el 2013 con una demanda del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) contra Claro y Telefónica por reversión de activos.

De acuerdo con el fallo, las empresas tenían 15 días hábiles a partir de que se conociera el resultado para pagarle al MinTic $3,1 billones de Claro (Comcel) y $1,6 billones de Colombia Telecomunicaciones, hoy Telefónica Movistar, por un periodo de reversión de activos entre 1994 y 2013.

Al conocer la sanción Claro anunció que tomará “las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas”.

Por su parte, Telefónica señaló que analizará el contenido de la decisión y adoptará las acciones legales para “la defensa de sus intereses y garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”.

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