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| 8/26/1996 12:00:00 AM

TIEMPO DE AUSTERIDAD

Aunque puede ser insuficiente, el ajuste fiscal propuesto por José Antonio Ocampo va en la dirección correcta.

TIEMPO DE AUSTERIDAD TIEMPO DE AUSTERIDAD

CUANDO JOSE ANTONIO OCAMPO SE POSEsionó como ministro de Hacienda, en mayo pasado, muchos creyeron que había llegado el tiempo del gasto público desaforado y el acabose fiscal. L,os pesimistas argumentaban que, a lo largo de su carrera académica y profesional, Ocampo había dado muestras de ser más intervencionista y amigo del gasto que cualquier otra cosa. Por eso cuando el Ministro anunció que su gestión iba a estar marcada por la austeridad, varios creyeron que se trataba tan sólo de una promesa de cajon.
La semana pasada, el Ministro se jugó una carta que disipó el escepticismo entre los observadores. al presentar una propuesta de ajuste fiscal de casi dos billones de pesos para 1997. Pero, ¿por qué Ocampo asumió una posición tan drástica, incluso a costa de generar diferencias en el interior del gabinete ministerial como finalmente sucedió?
La respuesta parece ser simple: el desequilibrio fiscal es el principal problema que enfrenta la economía colombiana en el final de siglo. En diálogo con SEMANA, Ocampo señaló: "Llevamos dos meses estudiando la situación a fondo y haciendo las consultas del caso,y hemos concluido que no tenemos otra opción quehacerel ajuste, pordoloroso que sea". Y es que las tres reformas tributarias que el país ha sufrido en los últimos cuatro años no han sido suficientes para detener el deterioro de las finanzas públicas.
Según proyecciones oficiales, el déficit del gobierno central equivaldrá este año a 3,6 por ciento del PIB, y de mantenerse la tendencia actual llegaría a ser más de 6 por ciento en el año 2000 (ver gráfico).Esos montos no sólo exceden de lejos la canacidad de financiamiento del gobierno, sino que se llevarían por delante las metas de inflación y crecimiento, y con ellas la estabilidad de la economía colombiana.
Un factor que empeora las cosas es el comportamiento del sector público descentralizado. En efecto, a pesar del creciente déficit del gobierno central durante los últimos años, el balance oficial consolidado se mantuvo prácticamente en equilibrio gracias a los superávits de las entidades descentralizadas. Lo grave es que las finanzas de estas entidades también están sufriendo un marcado deterioro, con lo cual el balance consolidado también caería en picada para el final de la década (ver gráfico).
Pero lo peor del asunto es que no hay que esperar hasta el final de siglo para que el problema sea inmanejable: para el año entrante ya el déficit del gobierno central alcanzaría a ser el 4,5 por ciento del PIB. Según Ocampo "como van las cosas el faltante para 1997 sería de 5,1 billones de pesos, de los cuales el gobierno sólo puede financiar 3,1 billones. Por eso la única opción que nos queda es hacer el ajuste".
El paquete propuesto por Ocampo abarca desde la privatización de Carbocol, hasta un recorte cercano a 300.000 millones de pesos en inversiones públicas, pasando por limitar a 13 por ciento el crecimiento de los salarios públicos el año entrante (ver cuadro). La propuesta del Ministro ha tenido muy buena acogida entre los analistas, aunque algunos señalan que las medidas pueden quedarse cortas. Para Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo, "Es una excelente señal del gobierno, pero creo quese tratatansólo de un primer paso, pues el monto del ajuste planteado es insuficiente". Por su parte María Mercedes Cuéllar, codirectora saliente del Banco de la República, piensa que "Es una propuesta muy valiente pues el ajuste es fundamental. Pero aunque no hemos hecho todavía los cáleulos en detalle, me da la impresión de que se queda corta".
Y es que si bien el paquete propuesto ofrece respuestas de corto plazo, no parece solucionar del todo los problemas estructurales de las finanzas públicas. De hecho, las proyecciones oficiales revelan que, incluso con el ajuste, el déficit del gobierno central mantendría su tendencia creciente, llegando al 4 por ciento del PIB en el año 2000. Un analista económico independiente consultado por SEMANA señaló que "La propuesta de Ocampo deja de lado uno de los problemas fundamentales de las finanzas públicas en el mediano plazo: la indefinición de responsabilidades entre el gobierno central y los entes territoriales".

MOROS EN LA COSTA
Pero si bien las discusiones sobre el mediano plazo son fundamentales, lo grave es que las dificultades del programa de ajuste podrían estar a la vuelta de la esquina. Por una parte, no es claro que la privatización de Carbocol sea tan fácil, lo que complica bastante las cosas si se tiene en cuenta que de esa operación depende más de la tercera parte del paquete de ajuste. Según el mismo analista, "a cualquiera que quiera explotar carbón en Colombia le conviene tener de socio al gobierno, porque éste es el que en últimas puede solucionar los problemas exógenos que pueden afectar el negocio". Más allá de las suspicacias, lo que parece quedar claro es que son muchos los elementos que el gobierno debe tener en cuenta en su estrategia de privatización para que la compra de Carbocol sea un negocio atractivo para un agente privado.
De otro lado a la propuesta de Ocampo aún le falta pasar la prueba parlamentaria. En efecto, más de la tercera parte del ajuste proyectado para 1997 depende de iniciativas legislativas que serán presentadas por el Ejecutivo al Congreso el lunes de esta semana. Y si bien todo el mundo tiene claro que el Presidente maneja las mayorías parlamentarias, para nadie es un secreto que ninguna iniciativa fiscal en Colombia sale del Capitolio en el mismo estado en que entró.
Pero para sorpresa de muchos, el principal enemigo de la propuesta de Ocampo ha surgido del interior del mismo gobierno. Más se demoró el Ministro de Hacienda en anunciar su paquete que el titular de la cartera de Trabajo, Orlando Obregón, en reaccionar contra uno de sus principales componentes: la propuesta de limitar el reajuste de los salarios oficiales a 13 por ciento para el año entrante. Este enfrentamiento ha dejado un sabor amargo entre los observadores. Para Mauricio Cárdenas "Lo que resulta preocupante de la propuesta de Ocampo son las divisiones que ha generado en el interior del gobierno. Uno pensaría que una iniciativa de esta envergadura, con las implicaciones tan grandes que tiene para la economía nacional, debe ser respaldada directamente por el Presidente de la República".
Y es que si bien todos los observadores coinciden en que ningún ministro de Hacienda se atrevería a hacer una propuesta de ajuste como esta sin consultar previamente al Presidente, para nadie es un secreto el gran poder de negociación que tiene Obregón ante el jefe del Estado. El Ministro de Trabajo ha sido un factor clave en la conformación de la exótica amalgama de fuerzas en la que se ha apoyado Ernesto Samper durante los últimos meses. A pesar de ello, muchos observadores piensan que lleva las de ganar José Antanio Ocampo. A pocos les cabe en la cabeza que el primer mandatario pueda estar dispuesto a sacrificar la estabilidad macroeconómica que ha tenido Colombia a lo largo de más de cuatro décadas, para darle una prebenda más al sector laboral.
Lo cierto es que la percepción de la mayoría de los observadores económicos parece estar resumida en las declaraciones que Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi, dio a SEMANA: "Es prioritario apoyar el paquete de Ocampo porque va en la dirección correcta. Por eso hay que estar atentos a ver cómo se dirime la diferencia que ha surgido en el gabinete, porque sólo entonces se sabrá en realidad para dónde quiere el Presidente que vaya la economía colombiana".

SE ARMO EL DEBATE
LA DISCUSION sobre el paquete de ajuste presentado por el Ministro de Hacienda fue desplazada a fines de la semana pasada por otro tema fiscal: la propuesta de establecer un nuevo impuesto de guerra. Con el nuevo tributo el gobierno aspira a recoger recursos por 500.000 millones de pesos, que serían destinados a la financiación de nuevos equipos e instalaciones para las Fuerzas Militares.
La medida, que busca gravar los patrimonios líquidos que en 1997 superen los 88 millones de pesos, no tardó en generar una profunda controversia. Según Jorge Visbal, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, "Para nosotros la prioridad es aclimatar la paz, pero para eso es necesario estar bien preparados para la guerra. Estamos de acuerdo con el nuevo impuesto siempre y cuando se haga un proceso de reingeniería en las Fuerzas Militares". Por su parte, Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi, señaló: "En una coyuntura de desaceleración productiva, sacarle al sector privado otros 500.000 millones de pesos es condenar definitivamente a la economía a la recesión ".
Pero más allá de las consideraciones económicas, la propuesta del nuevo impuesto reveló un aire de escepticismo sobre la verdadera eficiencia del gasto militar. Y es que, aunque la participación del presupuesto militar dentro de los gastos del gobierno ha venido ascendiendo a lo largo de la década, los resultados aún no son evidentes.
Los gastos militares absorben hoy el 46 por ciento del rubro de servicios personales del gobierno, así como el 40 por ciento de los gastos generales. Por eso no es extraño que aunque el debate apenas comienza, ya se hayan escuchado propuestas orientadas a aclarar si lo que hay en las finanzas militares no es un hueco negro

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