O todos en la cama...

Por si acaso queda alguna duda de que Colombia es un país de contrastes, basta con revisar las enormes diferencias en el trato que reciben los colombianos en materia de pensiones. Mientras para la mayoría llegar a jubilarse es un sueño cada día más lejano, algunos siguen gozando de condiciones especiales. Son sin duda privilegiados en un país en el que sólo uno de cada cinco viejos reciben una mesada y en el que, paradójicamente, casi la quinta parte del gasto público se destina a pagar pensiones.

El próximo 12 de octubre comenzará a debatirse en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma constitucional encaminado a reducir estas diferencias. Con este no se resuelve el problema de la deuda pensional, que a estas alturas no queda otro camino que pagarla. Su principal objetivo es poner a la mayoría de los colombianos bajo el mismo régimen de pensiones.

Los intentos que se han hecho en el pasado para eliminar las excepciones y los tratamientos especiales no han prosperado. La ley 100 de 1993 comenzó a endurecer los requisitos para acceder a una pensión, pero no para todos los colombianos. Exceptuó a un inmenso grupo en el que están los maestros, los militares y los trabajadores de Ecopetrol. Permitió que congresistas, magistrados, jueces y muchos otros empleados públicos siguieran jubilándose bajo sus propias normas, menos estrictas que las del común de los mortales. Estableció además un período de transición de 20 años (hasta 2014) para que quienes en abril de 1994 hubieran cumplido 35 años de edad -las mujeres- o 40 años -los hombres- conservaran las condiciones de pensión anteriores a la reforma. En otras palabras, la ley 100 apretó a los jubilados futuros, pero prácticamente dejó que toda una generación de colombianos se pensionara como en el pasado, es decir, sin haber ahorrado lo suficiente.

A estas excepciones se suman las prebendas pensionales que sindicatos y gerentes de empresas públicas y privadas han pactado en convenciones colectivas. Acordar mejores condiciones de jubilación sin importar si después la empresa va a tener dinero para pagarlas fue una forma fácil de resolver conflictos laborales en el pasado. Por cuenta de estos acuerdos, a un numeroso grupo de empleados de Ecopetrol, por ejemplo, no les descuentan un centavo del salario para aportar a su pensión, y sin embargo terminan recibiendo una mesada promedio de dos millones de pesos. Los trabajadores del ISS se jubilan cinco años antes que el resto de colombianos. Y la historia se repite, con beneficios similares o incluso mejores, en Emcali, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, universidades y hospitales públicos y muchas otras entidades del Estado.

El referendo que impulsó el gobierno a finales de 2003 proponía eliminar estos privilegios, pero fracasó. Las dos últimas reformas al régimen pensional incluían artículos para adelantar el período de transición, pero fueron tumbados por la Corte Constitucional. Ahora el gobierno le apuesta a un cambio en la Constitución para que, a partir de 2007, se acaben todos los beneficios que van más allá del régimen general de pensiones, incluyendo los que persisten por cuenta del período de transición. Los únicos que continuarían exceptuados son los miembros de la Fuerza Pública.

Nadie discute que es necesario poner fin a estas costosas desigualdades, menos aún cuando el gobierno se ve a gatas para conseguir los 16 billones de pesos que se destinarán a mesadas el año entrante. Pero los representantes a la Cámara difieren del gobierno sobre cómo hacerlo sin cambiarles abruptamente las condiciones a quienes esperan pensionarse en los próximos años. Por eso proponen eliminar los regímenes especiales y los beneficios de las convenciones colectivas a partir de 2010 y no desde 2007, y dejar hasta 2014 el régimen de transición, tal como lo estableció la ley 100. Sobre el primer punto, el gobierno parece estar dispuesto a ceder. Sobre el segundo, en cambio, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, ha dicho que insistirá en que se acorte la transición. De todas las medidas que contempla el proyecto, esta última es la que mayor impacto tendría sobre las finanzas públicas, al reducir de inmediato la deuda pensional a cargo de la Nación en más de 13 billones de pesos.

Sin excesos

El otro objetivo del proyecto es incluir en la Constitución un principio que ha brillado por su ausencia en el sistema pensional colombiano y que es justamente la causa de la crisis: sostenibilidad financiera. Esto en la práctica significa que ninguna ley, decreto o sentencia de un juez en el futuro podrá prometer beneficios en materia de pensiones sin al mismo tiempo garantizar que habrá plata para cumplir esas promesas. Es una forma de asegurar que no se vayan a echar al traste los avances que se han dado en los últimos 10 años y que han pretendido guardar un equilibrio entre los aportes que hace un colombiano cuando trabaja y la mesada que recibe cuando se pensiona.

Sobre este punto no parece haber mayores discrepancias entre los congresistas. Sin embargo, se presta para interpretaciones que, a juicio de los ponentes del proyecto, es mejor evitar. Por eso precisaron que en ningún caso se podrá disminuir el valor de las mesadas que ya han sido reconocidas legalmente con el argumento de que afectan la sostenibilidad del sistema.

La reforma incluye además otras propuestas que, en mayor o menor grado, ayudan a aliviar la pesada carga pensional que hoy soporta el Estado. En primer lugar elimina la llamada 'mesada 14'. Originalmente, la ley 100 estableció que a quienes se hubieran jubilado antes de 1988 se les iba a reconocer un ingreso adicional de 30 días al año, pues a ellos nunca se les había reajustado su mesada. Una sentencia de la Corte Constitucional extendió este beneficio a todos los demás jubilados, por lo que hoy la Nación debe pagar, según cifras del Ministerio de Hacienda, cerca de 1,5 billones de pesos anuales. De ser aprobada la reforma, los nuevos pensionados ya no tendrían derecho a esta mesada extra.

De otro lado establece que la pensión mínima en Colombia es igual a un salario mínimo. Aunque suene redundante, con esta precisión el gobierno busca evitar que, como viene ocurriendo, algunos pensionados acudan a los jueces para que les liquiden mesadas más altas, alegando que lo que reciben no les alcanza para vivir dignamente. En casos extremos incluso se ha alegado que este 'mínimo vital' incluye pagar la mensualidad del club o la pensión de los hijos en los colegios más costosos del país.

El proyecto también les pone un tope de 25 salarios mínimos a las pensiones obligatorias que se paguen con dinero del presupuesto nacional. En verdad son pocos los jubilados en Colombia que reciben mesadas superiores a ocho millones de pesos. En el Seguro Social, por ejemplo, sólo 15 pensionados -todos ex magistrados de las altas cortes- ganan más de este monto. Limitar estas millonarias mesadas es más una cuestión de equidad que de ahorro para el fisco.

No son pocos los obstáculos que debe pasar esta reforma para ser aprobada. Al tratarse de un cambio en la Constitución necesita ocho debates en el Congreso, los primeros cuatro antes de que se termine esta legislatura, el próximo 20 de diciembre. Aunque tiene el tiempo contado, la semana pasada, cuando se suponía que iba a comenzar a debatirse en la comisión primera de la Cámara, no hubo quórum. Es un síntoma grave cuando lo que está en juego es el principio social básico de la equidad, que puede dejarse al vaivén de la coyuntura política.