Trago amargo a los cafeteros

La verdad es que los tiempos han cambiado para esta industria. El grano cada vez pesa menos en la economía colombiana: hoy solo representa medio punto del PIB. A finales de los años setenta, este cultivo participaba con el 25 por ciento de toda la producción agropecuaria y hoy lo hace con el 7 por ciento.

Lo más preocupante es que la producción se vino abajo. A comienzos de los noventa, la cosecha alcanzó un techo histórico de 16 millones de sacos, pero se redujo a 12 millones en 2007 y hoy no supera los 8 millones. En las décadas de los setenta y de los ochenta, el café llegó a representar más del 50 por ciento de las exportaciones del país. Actualmente solo corresponde al 5 por ciento.

La pérdida de protagonismo en el escenario internacional cafetero también es notoria. Entre 1989 (cuando se rompió el Pacto Internacional del Café) y 2011, Colombia perdió siete puntos porcentuales de su tajada en la producción mundial, mientras que Brasil la aumentó en 13 puntos. Han surgido nuevos jugadores, como Vietnam e Indonesia, que ya desplazaron a Colombia del segundo lugar que ocupó por muchos años. Hoy ocupa la cuarta posición y Perú le pisa los talones. 

Ante este crudo panorama hay que reconocer que los problemas que hoy enfrenta la caficultura colombiana no son solo de carácter coyuntural. Es decir, no se deben únicamente a la revaluación del peso –que sin duda es un tema grave- sino que tienen un componente estructural muy grande. 

Un estudio de un grupo de economistas –entre ellos los codirectores del Banco de la República César Vallejo y Carlos Gustavo Cano– señala que la pérdida de la importancia económica de la caficultura en Colombia, tanto en el contexto nacional como en el internacional, se explica, principalmente, por la caída de la productividad; la lentitud de los procesos para adoptar nuevas tecnologías y variedades resistentes a las plagas, en especial la roya; y la baja fertilización, entre otros factores. 

Para el exministro de Comercio Jorge Humberto Botero, dentro de los problemas estructurales del sector se encuentran también el encarecimiento de las tierras, el cambio climático, el aumento del salario mínimo y el exceso de intervención del mercado por parte de la Federación.

Todo lo anterior significa que la solución a la crisis cafetera no se puede reducir exclusivamente a los subsidios estatales, como exige el grupo de productores que están promoviendo el paro. En los dos últimos años, los cafeteros han recibido más de un billón de pesos en subsidios directos –no reembolsables– lo que representa la mitad de todos los apoyos que el gobierno le ha dado al sector agropecuario en su conjunto. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señala que en ningún otro país cafetero en el mundo los gobiernos han entregado apoyos directos a los cultivadores, como lo ha hecho Colombia. El problema es que, además de que la chequera del Estado es limitada, el exceso de subsidios (pues en algunos sectores estratégicos no se deben descartar) genera inequidades con otros sectores del campo que también están en dificultades.

La petición de los cafeteros de que les garanticen un precio de sustentación de 800.000 pesos la carga desborda la capacidad del Estado. El ministro de Hacienda afirma que esto significaría desembolsar 1,5 billones de pesos adicionales, que no hay de dónde sacar. Aceptar esta petición tendría dos consecuencias muy delicadas: la primera es sentar un mal precedente frente a los otros sectores del agro, también en problemas, que quieren lo mismo. Y la segunda, que se manda el mensaje de que el Estado solo responde ante las vías de hecho y el bloqueo de carreteras. 

El otro hecho que ha salido a flote es el papel de la Federación de Cafeteros, que no tiene el poder ni la influencia de antes como consecuencia, precisamente, de la menor importancia del café en la economía. 

Los actuales son tiempos difíciles para el gremio que, en el pasado, llegó a ser un poderoso grupo económico con inversiones en varios sectores y que fue prácticamente un Estado dentro del Estado. En ese entonces, se pudo ahorrar durante los tiempos de vacas gordas para apoyar a los caficultores cuando llegaran las flacas. Pero hoy la realidad es otra. El Fondo Nacional del Café, que fue el instrumento financiero para respaldar a los caficultores agremiados en épocas de crisis, hoy ya no es boyante. Cualquier rescate, por lo tanto, depende de la chequera del Ministerio de Hacienda.

Bajo este escenario, es entendible la pérdida de liderazgo del gremio y su capacidad limitada para controlar movimientos de protesta como los actuales. Si bien el gremio está en contra del movimiento de protesta, y ha advertido que no representa a la mayoría de los caficultores, es claro que la Federación ya no tiene la ascendencia del pasado sobre ciertas bases cafeteras que pueden llegar a promover un paro. En realidad, se encuentra en la más ingrata de las posiciones: la de estar en un sándwich entre una franja radical de productores, que tiene aspiraciones no viables, y el gobierno, que tiene una chequera limitada.

A este panorama hay que sumarle el ingrediente político del paro pues lo han tratado de capitalizar tanto la izquierda como la derecha. Tanto el expresidente Uribe como el exministro Zuluaga han salido a apoyar el paro y a solidarizarse con los manifestantes, un gesto inconveniente y poco responsable porque ellos más que nadie son conscientes de las limitaciones que tiene un gobierno en circunstancias de esta naturaleza.

Ahora bien, todos los temas anteriores pasan tal vez por el asunto más sensible para el sector. Se trata de la institucionalidad cafetera. El estudio que lideraron los codirectores del Banco de la República critica el papel de la Federación en el actual contexto de la economía mundial y plantea que la institucionalidad colombiana ha desaprovechado el actual esquema de libre comercio del grano para recuperar la productividad y las exportaciones. Varios analistas sostienen que la caficultura colombiana no tiene la flexibilidad necesaria para moverse en un mercado libre como el actual, del que otros países como Brasil han sacado provecho. 

Pues bien, el gobierno no es ajeno a estas críticas. La prioridad del presidente Juan Manuel Santos es mejorar la situación cafetera, defendiendo la institucionalidad de la Federación. El primer mandatario ha anunciado la creación de una misión de expertos, que ha llamado la constituyente cafetera, que debe estudiar opciones para hacer sostenible la caficultura en los próximos 20 años.

Se mirarán temas profundos, entre ellos cómo enfrentar el mercado mundial, cómo mejorar la productividad, y si es conveniente evaluar la posibilidad de cultivar la variedad robusta en la Orinoquia, sin deteriorar la imagen ganada en todo el mundo por los productores de granos suaves de excelente calidad, sobre los cuales los compradores reconocen una prima.

Lo cierto es que el actual paro marcará un antes y un después en la historia cafetera del país. Ha llamado la atención que esta protesta se haya dado en un momento tan particular, cuando hay un presidente al que se le reconoce salir de las entrañas de los cafeteros; un ministro de Agricultura que se ha dedicado toda la vida al mundo del café; y un ministro de Hacienda hijo de uno los hombres más ilustres en la historia cafetera del país.

Hay sobradas razones para pensar que los tres harán hasta lo imposible por rescatar esta industria de la crisis. Pero hay que actuar rápido porque al paso que va, la caficultura podría desaparecer. Algo gravísimo, pues a pesar de que el café cada vez pesa menos en la economía colombiana, sigue siendo vital y estratégico en la vida del país. Su impacto social es innegable, pues genera uno de cada tres empleos rurales, ocupa a 550.000 familias y se estima que 2 millones de personas viven directamente de la producción de este cultivo. Estas cifras explican por qué las preocupaciones de los cafeteros terminan siendo las de todos los colombianos.