TRANCANDO LOS ABUSOS DE LOS MENOS

Alguien dijo que la diferencia entre la administración de las empresas privadas y la administración pública consistia en el riesgo personal. En el primer caso los fracasos correrían por cuenta propia. En el segundo por cuenta de los contribuyentes.
No es ésta una verdad aplicable a Colombia. Buena parte de la gran empresa privada le traslada sistemáticamente sus pérdidas y fracasos a la sociedad entera. Ahora, cuando las reservas internacionales han caldo a la suma de 2.700 millónes de dólares, aspiran a que el Estado asuma y pague sus deudas en moneda extranjera, que ascienden a 3.500 millónes de dólares, al tiempo que solicitan enormes sumas de dinero, a través de la modalidad conocida como préstamos blandos por las ventajas que implican para los prestatarios. Esas deudas externas de corto y mediano plazo son adquiridas a las tasas comerciales del mercado internacional de capitales.
¿Quien no sabe que para las grandes hidroeléctricas o para la ampliación de los servicios de acueducto y alcantarillado o para el desarrollo de obras públicas, Estados como el colombiano tienen sus fuentes normales de financiación en organismos de fomento, generalmente internacionales como el Banco Mundial, el BID, etc., que conceden créditos a largo plazo y a bajos intereses? señor ministro de Hacienda debería informarle a la opinion pública a cuánto ascenderla por este concepto el subsidio a quienes creen legitimo trasladarle al Estado el riesgo cambiario que es sólo responsabilidad de ellos.
¡Ah, que dicha sería si todos pudieramos trasladarle nuestras perdidas a la sociedad! El sector textilero, por ejemplo, ha recibido en los últimos 9 años préstamos a mediano plazo y a tasas negativas de interés, del orden de los 15 puntos por debajo de la inflación, por más de 10.500 millónes de pesos.
Lo que todo esto revela es una crisis profunda de la empresa privada colombiana, que si no se revisa a fondo puede dar al traste con nuestras instituciones económicas y probablemente también con las políticas, que los demócratas defendemos, pues es insostenible la pretensión de nacionalizar cada cierto tiempo las pérdidas sin nacionalizar las empresas. Si en el pasado fueron posibles los subsidios implícitos en préstamos como los que hemos señalado, no deberán serlo en el futuro sin que dichos subsidios se conviertan en aportes de capital a favor del Estado.
Se impone definitivamente la reforma de la empresa. Para algunos su salvación radica en suprimir la retroactividad de las cesantías. Es un punto de vista que no compartimos, pues no será disminuyendo la capacidad de compra de los trabajadores como podremos reactivar la produccion. De otro lado, sería cobrarle a los asalariados los errores que en materia de previsión, de estudio o falta de estudio de la demanda interna e internacional, de obsolescencia tecnológica, de endeudamiento imprudente, han cometido los empresarios, muchos de los cuales, según Prieto Ocampo, nadan en la opulencia mientras sus empresas se ahogan financieramente. No dejaría de ser paradójico que mientras ciertos sectores capitalistas, ligados a los-grandes grupos financieros e industriales, llevan un tren de vida que nada tiene que envidiar en sus excesos al de los magnates internacionales del petróleo, el país discuta si le quita parte de sus ingresos a uno de los sectores más débiles de la población, como son los que sólo tienen su fuerza de trabajo para ganarse el pan de cada día. Por todo ello, no parece estar ahí la solución.
Quizá la reforma debería comenzar por que en aquellas empresas que requieran la ayuda del Estado para no morir, como es el caso de las que ahora quieren trasladarle a la sociedad el riesgo cambiario, haya en la junta directiva, dentro de la representación del Estado que su aporte de capital le merezca, un representante de los trabajadores elegido democráticamente por todos ellos, pues los trabajadores, al igual que todo el país, serían gravemente perjudicados en caso de quiebra de las empresas.
Estos nuevos miembros de la junta constituirían un saludable factor de contrapeso que podría garantizar una mejor información y comunicacion entre las diversas partes interesadas en la prosperidad de la empresa, así como una más equitativa distribución de las pérdidas o de las ganancias cuando las haya y, además, evitarla seguramente que se consagraran ciertas ventajas abusivas a favor de audaces administradores-propietarios, precaviendo de esta manera que la sociedad continúe financiando a traves de créditos subsidiados --como se pretende de nuevo ahora-el enriquecimiento de pequeños grupos. Una cosa de,bemos tener todos clara--y digamoslo con frase de estilo Kennediano--, si no trancamos los abusos de los menos, de unos pocos, diria yo, no vamos a ser capaces de defender la iniciativa privada de los más. -