Tregua navideña

Después de años de pelea, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) logró ponerle punto final a la pelea entre el comercio y los banqueros. Sin embargo, esta no es una historia para los que aman los finales rosa.

El novelón incluyó duras discusiones en el interior del gobierno nacional, polémicas entre los banqueros y el superintendente de Industria, Jairo Rubio, y un lobby por parte del sector financiero ante el Presidente de la República, porque la banca quedó literalmente contra la pared por obra y gracia de las actuaciones de la SIC.

La pelea empezó hace ya varios años, cuando los comerciantes amenazaron con dejar de recibir tarjetas de crédito, ante los enormes costos que les tocaba pagar por el servicio. Por eso el gobierno trató de promover un acuerdo entre las partes para definir una fórmula con la cual calcular esas tarifas. Ese esfuerzo nunca prosperó y el tema pasó al congelador.

Pero una ONG acudió a la Superintendencia de Industria pidiendo una investigación por posible cartelización entre los sistemas de pago de dinero plástico, acusándolos de haberse puesto de acuerdo para fijar este precio.

La Superintendencia inició el proceso y terminó comprometiendo a los bancos a reducir los costos y a incluir sólo los gastos que se originaban en la prestación de los servicios, más una utilidad razonable. Si incumplían, les aplicaría unas garantías en dinero y exigiría la aplicación de la tarifa justa.

Este año, la SIC consideró que los banqueros no habían honrado sus compromisos y fue cuando estalló la polémica. El Superintendente expidió una resolución en la que hacía efectivas las garantías por 780 millones de pesos y les exigía cobrar una tarifa justa. La decisión generaba urticaria a los banqueros, pues significaba que Rubio ahora les decía cómo tenían que hacer su negocio.

Desde entonces, los banqueros enfilaron sus baterías para quitarle a Rubio la competencia sobre el tema. Sin embargo, ninguna acción prosperó y finalmente tuvieron que aceptar la realidad: había que negociar con él. Y por eso ahora asumen nuevos compromisos, por temor a que todo termine con una resolución de la Súper dictándoles la tarifa.

El nuevo acuerdo

Durante los últimos cuatro meses se realizaron reuniones de todo tipo, entre la SIC, los banqueros y el ministro consejero de la Presidencia, Óscar Iván Zuluaga, pero el diálogo siempre fue tenso. La solución final quedó expresada en un documento firmado por las principales entidades financieras del país en el que se comprometen a reducir al 2 por ciento la tasa promedio que cobran al comercio por estos servicios. Esta es una solución temporal, porque el sector financiero deberá hacer, antes de seis meses, un estudio para identificar claramente cuáles son los costos que deben estar incluidos en esta tarifa; y posteriormente, si lo aprueba la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicar esa fórmula.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, se mostró satisfecho con los compromisos de los banqueros y aseguró que la pelea habrá llegado a su fin si realmente las comisiones se reducen a la mitad de los niveles promedio en que estaban hace tres años. En ese momento la tarifa que le aplican los banqueros estaba, según Botero, en un nivel de 4,6 por ciento, pero había excesos en algunos casos, porque se llegaba a cobrar comisiones de hasta 10 por ciento.

Esta tarifa que reciben los banqueros del comercio es la base para determinar la comisión que finalmente paga el usuario.

¿Quién gana y quién pierde con el acuerdo? Es claro que si bien los banqueros redactaron esta propuesta, lo hicieron a regañadientes, porque nunca pudieron quitarse de encima la lupa de la Superintendencia de Industria. Además, será el mismo superintendente Rubio el que mantendrá el tema en su jurisdicción y se deberá pronunciar el próximo año sobre el cumplimiento de los compromisos.

Por esta razón, Rubio salió fortalecido de este proceso, pues mantiene su autoridad en la defensa de los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito. El Superintendente también logró que los dos sistemas clave, Credibanco y Redeban, firmaran el acuerdo, así que ahora todos entraron en la colada.

Si bien esta tregua puede implicar que se bajen los ánimos, la fortaleza de esta fórmula intermedia enfrentará su prueba ácida sólo en la medida en que se logre una reducción efectiva en las comisiones, y eso depende de que la Superintendencia haga cumplir las nuevas reglas del juego.

Los banqueros tienen ocho meses para definir el esquema definitivo y los comerciantes podrán estar tranquilos con una tarifa temporal de dos por ciento promedio. Los beneficios para los usuarios probablemente sólo se sentirán en el mediano plazo; por ahora, la principal ventaja es que se le quita ruido al negocio y las relaciones entre estos dos importantes sectores se normalizarán. Sin embargo, nadie descarta un nuevo capítulo de esta novela en 2007, cuando se defina la tarifa definitiva. Cabe esperar un final sorpresivo.