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Un paso al frente

Esta semana 143 entidades estatales rinden cuentas sobre sus avances en el proceso de modernización.

18 de octubre de 1993

EL PASADO 27 DE JULIO, EL consejero presidencial para la Modernización del Estado, Jorge Hernán Cárdenas, les envió una carta a 143 funcionarios -incluídos ministro, directores de departamentos adminitrativos, superintendentes, gerentes, directores de entidades adscritas y vinculadas a la rama ejecutiva- solicitándoles un informe sobre los resultados alcanzados en el proceso de modernización impulsado por el Gobierno desde finales del año anterior. Y los citó para el 22 de septiembre a una reunión con el Presidente de la República, con el fin de evaluar dichos resultados.
Este miércoles, en consecuencia, esos funcionarios tendrán que rendir cuentas al Presidente sobre sus acciones en ese campo. Y se sabrá qué tan adelantado está el programa de modernización, que, aparte de los 62 decretos expedidos por el Gobierno en diciembre del año pasado, en uso de las atribuciones que le confirió el artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991 -y que despertaron una gran polémica- incluye la creación del Servicio de Adaptación Laboral, el plan de racionalización y simplificación de trámites que lanzó el lunes de la semana pasada la Presidencia de la República, la Misión para la Moralización de la Gestión Pública y la modernización de las entidades no contempladas en los decretos de diciembre.
Este último aspecto, que será evaluado en la presente semana, parte del principio de que las organizaciones públicas pueden ser más eficientes y eficaces, y propende por la transformación de las entidades a partir de tres principios básicos: la introducción de actitudes gerenciales renovadas; la transformación en la mentalidad de los funcionarios públicos, y la reorientación de las entidades hacia los usuarios.
La carta de Cárdenas a los funcionarios les solicitaba remitir a la Consejería, antes del 27 de agosto, un informe de cinco a 10 páginas de extensión, en el cual se resaltara el enfoque y, ante todo, los resultados concretos alcanzados por cada una de las entidades en el marco del programa de modernización. Hasta la semana pasada, sin embargo, de las 143 entidades a las cuales se les había hecho el requerimiento sólo 104 habían contestado. Y sólo 54 de los informes se ajustaban, de acuerdo con una evaluación conocida por SEMANA, a las directivas dadas por la Consejería. Lo que quiere decir que en la reunión del miércoles habrá muchos regañados.
Pero habrá otros a los cuales se les reconocerá el esfuerzo que han hecho por modernizar sus entidades. Es el caso, por ejemplo, de la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, el IFI, Telecom, el Idema, el Ministerio de Comercio Exterior, Ingeominas, la CVC y el Fondo Nacional del Ahorro, para sólo destacar un pequeño grupo de aquellos que, a juicio de la Consejería, han realizado una labor por lo menos interesante en materia de modernización.
El objetivo del Gobierno es que antes de terminar su mandato, todas las entidades del Estado -incluyendo aquellas que no fueron cobijadas en los decretos del año pasado- hayan sufrido un "revolcón" y se hayan adaptado a los esquemas de administración que requiere un Estado moderno y eficiente. Comenzando por los propios ministerios que, a juzgar por la evaluación preliminar conocida por SEMANA, están a medio camino. Seis de los 14 que componen la rama ejecutiva no enviaron a tiempo su informe. Y uno de los que llegaron no fue considerado satisfactorio. Falta ver si recibirán su respectivo jalón de orejas. Y si a la vuelta de un año el Gobierno puede presentar un parte de victoria.