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| 10/28/2002 12:00:00 AM

Visita de Fondo

Esta casi listo el nuevo acuerdo de Colombia con el FMI, que será muy similar al anterior. La diferencia es que ahora hay menos tiempo para cumplirlo.

La semana pasada empezo a tomar cuerpo el nuevo acuerdo de Colombia con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al término de la visita al país de la delegación de este organismo el pasado viernes ya se habían acordado las grandes líneas del acuerdo que, se da por descontado, se suscribirá oficialmente en las próximas semanas. Este reemplazará el acuerdo anterior, que se había firmado con el FMI en 1999 durante la administración Pastrana y que se vence el próximo 19 de diciembre.

De la firma de éste dependerán muchas cosas, más allá de los 2.000 millones de dólares que el FMI pondría a disposición del país para ser usados en caso de emergencia. El acuerdo es una pieza central en la estrategia del gobierno para mantener estable la economía en los años que vienen, que serán muy duros.

En momentos en que los mercados internacionales de capital están renuentes a darles más recursos a las economías emergentes como la colombiana es particularmente importante contar con el sello de aprobación del FMI, pues esto ayuda a mantener la confianza de los inversionistas en el programa económico del país y así facilita la consecución de dineros de otras fuentes. La importancia del acuerdo reside sobre todo en esto último, más que en la plata que presta el FMI como tal.

Y es que, aunque suene raro, las líneas de crédito con el Fondo están diseñadas para que, en la medida de lo posible, no se desembolsen. Cuando un país como Colombia acude al FMI está haciendo más o menos lo mismo que una persona o una empresa cuando va al banco y solicita un cupo de sobregiro. Este le sirve para calmar a sus acreedores pues les puede garantizar que, aun si llegara a enfrentar una situación extrema de iliquidez, no se colgaría en sus pagos, ya que cuenta con un prestamista de última instancia.

Por eso la plata que presta el FMI, cuando se desembolsa, es a corto plazo. Y no se le gira directamente al gobierno para sus gastos, sino al banco central, para que estabilice la moneda y controle la situación cambiaria, y de esa manera permita que tanto el sector privado como el público se mantengan al día en el pago de sus obligaciones al exterior. Bajo el acuerdo que Colombia firmó con el FMI en diciembre de 1999 el país tuvo a su disposición 2.700 millones de dólares, pero nunca se vio en la necesidad de usarlos pues el frente externo estuvo bajo control.

El aval del FMI es una garantía de estabilidad para la economía. De hecho, el anuncio de los funcionarios del Fondo el pasado domingo 20 de octubre en el sentido de que las negociaciones con Colombia iban por buen camino, fue una de las causas de la caída del dólar y la baja en las tasas de interés de los TES durante la semana pasada. Pero esta es sólo una cara de la moneda. La otra son las condiciones que el FMI suele exigirles a los países para asegurarse de que pondrán sus finanzas en orden. Esto pasa por revisar en su conjunto la política económica del país, algo que, en el mundo entero, suscita una gran controversia.

El balance

Lo cierto es que Colombia completa ya tres años de 'matrimonio' con el Fondo y a estas alturas se puede hacer un balance preliminar. Lo primero que habría que decir es que no se cumplieron todos los objetivos del acuerdo original. En particular, se incumplió la meta de reducción del déficit. Parte de la explicación está en que entonces se proyectaron unas tasas de crecimiento económico que no se lograron en los años subsiguientes. La otra parte está en que no se hicieron las reformas que se habían programado en el acuerdo original.

Por ejemplo, el gobierno se había comprometido a presentar al Congreso la reforma pensional antes del 31 de diciembre de 1999, pero sólo lo hizo dos años después y todavía el Legislativo no la ha aprobado. Otra medida importante era la de las transferencias territoriales, que sí se hizo en 2001, aunque no produjo todos los ahorros fiscales que se habían proyectado inicialmente. No obstante hubo reformas que sí se hicieron y fueron efectivas, como la tributaria de 2000 y la ley de ajuste fiscal territorial.

El hecho es que, sumando y restando, éstas no bastaron para ajustar lo suficiente las finanzas públicas. Los números son elocuentes. En 1999 se proyectaba que en 2002 habría un déficit fiscal de 1,3 por ciento del PIB. Ahora este se calcula en 4 por ciento.

Esto explica porqué el gobierno considera necesario firmar un acuerdo nuevo que será, por lo demás, muy similar al anterior. Se cambiará el nombre del acuerdo, que ahora es tipo standby, pero esto obedece a un cambio en las definiciones del FMI y no un giro en su diagnóstico sobre Colombia. La lógica, e incluso el contenido del acuerdo, son muy parecidos.

Las reformas que el gobierno se comprometerá a hacer bajo el nuevo acuerdo son las mismas que planteó desde un principio como los pilares de su estrategia económica: la nueva reforma tributaria, la pensional, la reestructuración de las entidades del Estado y la congelación del gasto por la vía del referendo. Esto último genera algo de incertidumbre, pues no se puede asegurar que haya suficientes votos para aprobar el referendo. Por eso la semana pasada empezó a hablarse de un plan B, que consiste básicamente en endurecer la reforma tributaria. Aún no es claro qué cambios se le harían al proyecto tributario que ya se radicó en el Congreso. Las modificaciones no se le han presentado todavía a los ponentes.

El contenido del acuerdo con el FMI no trae sorpresas, en la medida en que se trata de la misma agenda económica que el gobierno ha promovido desde un principio. Las metas cuantitativas tampoco serían sorpresivas: un crecimiento económico cercano al 2 por ciento en 2003 y un déficit que rondaría el 2,5 por ciento del PIB. De lo que sí estará más pendiente el FMI esta vez es de la calidad de las reformas, entendida como la capacidad de recaudar o recortar, según el caso, los recursos proyectados.

Terminada la visita de los funcionarios del FMI al país éstos regresaron a Washington con el borrador de una carta de intención del gobierno colombiano, en la que se consignan sus planes de ajuste y crecimiento económico. Se espera que en unas dos o tres semanas la administración del Fondo avale este programa y lo someta a consideración de su junta directiva, para la aprobación formal. Este último trámite deberá cumplirse a fines de este año o inicios del próximo. Para ese entonces ya se sabrá qué tanto habrá avanzado el gobierno con su programa económico y qué tanto le habrá jalado el Congreso a las reformas. Esto quiere decir que para el momento de la firma del acuerdo, en diciembre o enero, ya se sabrá si se está o no cumpliendo.

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