YO EVADO, TU EVADES...

LA FILOSOFIA QUE CREO el régimen de subsidio familiar en Colombia fué la de 'compensar' entre la riqueza y la pobreza -de ahí el nombre de cajas de compensación dado a las entidades encargadas de administrar ese dinero-. Cuando se decidió que todos los empleadores del país debían destinar el 4 por ciento de su nómina para el subsidio familiar se buscó que los trabajadores de medianos y bajos ingresos, esencialmente, recibieran un alivio a las cargas económicas familiares con programas de recreación, mercados populares, vivienda y salud que en otras condiciones les resultarían muy onerosos.

Con el paso de los años el sistema ha sido criticado por muchos, pero también defendido a muerte por sus usuarios. Sobre lo que nadie tiene duda es de su importancia económica: los activos de las cajas ya superan los 4.000 millones de dólares. Y su peso en el turismo social es innegable. Muchos de quienes no creen en el sistema son quienes se han encargado de evadir su obligación de contribuir a las cajas de compensación. La Superintendencia de Subsidio Familiar acaba de concluir un estudio que descubrió que aproximadamente 12 millones de trabajadores colombianos no están afiliados a ninguna caja, y que esa evasión en aportes empresariales se acerca a los 1.6 billones de pesos.

La causa principal de ese fenómeno es la gran importancia que la informalidad tiene en la economía del país. Pero, sin tener en cuenta esa fuerza de trabajo, al menos 600.000 millones de pesos no han sido pagados por grandes y medianas empresas de Colombia. Un solo cruce de información con la Dirección de Impuestos Nacionales, en donde aparecen 400.000 declarantes personas jurídicas y 150.000 como personas naturales, demostró que apenas 286.000 empresas aportan al Seguro Social y 154.000 a las cajas de compensación. Lo que mas llama la atención es que, por ejemplo, el Instituto de Seguros Sociales es uno de los evasores abiertos al sistema de subsidio familiar, lo mismo que Ecopetrol, hasta hace poco Telecom (con la ley de modernización de las telecomunicaciones se le exoneró de la obligación), gobernaciones (entre ellas la de Sucre) y alcaldías (entre ellas Arauca).

En algunas circunstancias los mismos empleados se han opuesto a que sus compañías aporten bajo el pretexto de que sus convenciones colectivas llenan ese vacío. "Ellas están en la obligación legal de aportar. No es si quieren o no quieren. Ese es dinero de la comunidad", sostiene el nuevo superintendente de Subsidio Familiar, Luis Alfredo Baena Riviere, quien esta dispuesto a dar la pelea para lograr que el sistema funcione. Y es que la magnitud de dinero en juego no es despreciable. Con los 1.6 billones de pesos anuales que se dejan de recibir, el sistema de subsidio familiar podría costear el 43.6 por ciento del costo total del plan de la Red de Solidaridad Social del presidente Samper.

Y además quedaría dinero para que las cajas cumplan con sus restantes obligaciones de ley. En cuatro años el sistema podría otorgar cerca de 242.000 subsidios anuales para vivienda, casi un 94 por ciento por encima de lo proyectado por el gobierno. Igualmente, superaría en casi un 77 por ciento el valor a invertir en educación por la actual administración en los próximos cuatro años. Además se podrían otorgar 1.814.400 subsidios de 100.000 pesos mensuales para estudiantes pobres. No se trata de una simple evasión, es colosal y muy importante, especialmente para los sectores sociales mas deprimidos de Colombia.-