El año 2026 se perfila como un punto decisivo para la política ambiental de Colombia, en medio de cambios de gobierno y de debates globales sobre clima y biodiversidad. Greenpeace Colombia advirtió que el país deberá adoptar definiciones concretas frente a desafíos que ya impactan la salud, el acceso al agua, los territorios y la estabilidad social y económica.
“La crisis ambiental ya no es una advertencia futura: es una realidad que se vive en los territorios, en el aire que respiramos y nos enferma, en el agua que escasea y en las comunidades que están siendo desplazadas por los impactos climáticos. En 2026, tanto el Gobierno actual y quien asuma la Presidencia, tendrá que decidir si enfrentan esta realidad con acciones concretas o si continúan aplazando decisiones que ya tienen consecuencias imposibles de ignorar”, afirmó Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.
Según la organización, cinco decisiones concentrarán la atención ambiental del país. La primera será la ratificación e implementación del Tratado de Alta Mar, en un contexto en el que Colombia cuenta con un 44 % de territorio marino y un rol potencial en la gobernanza oceánica. La segunda estará relacionada con frenar la deforestación, especialmente en la Amazonía, donde persisten presiones asociadas a la ganadería extensiva, la minería, los hidrocarburos y economías ilegales.
La tercera decisión tendrá que ver con garantizar financiamiento real para la biodiversidad, de cara a la COP17 que se realizará en Armenia en 2026, y al funcionamiento del Fondo de Cali, creado para canalizar recursos para la conservación. La cuarta apunta a reducir la contaminación por plásticos, mediante el liderazgo en un Tratado Global de Plásticos y la aplicación efectiva de la Ley 2232, que busca eliminar los plásticos de un solo uso para 2030. La quinta se centrará en avanzar en una transición energética justa, tema que será discutido en la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, que se realizará en Santa Marta.
“Colombia necesita decisiones valientes y coherentes con nuestra realidad. No más promesas sin implementación. En el papel y marcos legales, la naturaleza en Colombia está protegida, pero en la realidad sigue siendo negociable”, concluyó Caicedo.
