El Plan de Formalización Laboral del Empleo Público, que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública, ha recibido solicitudes de 49 entidades a nivel nacional y 168 en el orden territorial que se quieren acoger a este proceso para ir poniendo fin a los contratos por prestación de servicios.
El plan de formalización laboral busca garantizar la estabilidad laboral y el pago de prestaciones sociales de las personas vinculadas con el Estado, dignificando sus habilidades.
Ese plan está compuesto por tres momentos: compromiso, creación y provisión, dentro de los cuales se desarrollarán actividades que permitirán que las entidades, que así lo decidan, cumplan con los objetivos de formalización en el empleo público.
No obstante, a pesar de que desde comienzos de este año el Gobierno emitió la directiva en la que pide a las entidades del Estado no firmar contratos por prestación de servicios de más de cuatro meses, en el marco de la formalización, en la práctica esta instrucción no se está cumpliendo en la mayoría de las entidades.
¿La razón? El presupuesto que se les asignó para este año no contempla los costos para pasar a la planta a todos los que están hoy de contratistas.
Además, como entre el 29 de julio y el 29 de octubre entra en vigencia la Ley de garantías, que limita la contratación, las entidades necesitan asegurarse de tener el personal para todo el año. A esto se suma el concepto jurídico que llegó a la Presidencia en el que se indica que no se puede poner esta limitación, pues “se impone una prohibición o limitación que no está contemplada en la ley”.