Corte Constitucional emitió sentencia de Ley de borrón y cuenta para sacar de lista roja a reportados en centrales de riesgo

Unos 10 millones de colombianos están próximos a lograr la salida de la lista de reportados en las centrales de riesgo, como Datacrédito y otras centrales de riesgo, lo que que actualmente limita su capacidad de acceso al sistema financiero.

La llamada ‘Ley de borrón y cuenta’ nueva dio un paso más antes de convertirse en norma de la República.

La Corte Constitucional, luego de haber anunciado en agosto que le daba el aval a esa estrategia, emitió -por fin- la esperada sentencia, en la cual, se evidencian algunos ajustes que tendrán que ser realizados en el Congreso de la República.

La sentencia llegó este viernes a manos de los presidentes de la Cámara y el Senado, quienes deberán hacer los respectivos cambios. Posteriormente, tendrán que remitir el documento al presidente Iván Duque, quien luego de recibirlo, tendrá 6 días para firmar y dejar en firme la ley.

Desde el 25 de agosto de este año, la Corte había declarado que el proyecto está ajustado a la Constitución colombiana, es decir, es exequible. Sin embargo, el anuncio se hizo a través de un comunicado de prensa. Ahora, con la sentencia emitida, está el detalle de la ley que crea una ‘amnistía’, por única vez, para que las personas que han estado reportadas salgan de la base de datos en todo caso, en un plazo máximo de 6 meses, previo al pago de la deuda que los llevó a estar en la negativa lista.

“Los titulares de la información que extingan sus obligaciones objeto de reporte dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, permanecerán con dicha información negativa en los bancos de datos por el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de extinción de tales obligaciones. Cumplido este plazo de máximo seis (6) meses, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los bancos de datos”, dice el texto registrado en la sentencia.

Teniendo en cuenta que miles de colombianos son reportados por deudas de poco monto, debido a saldos de deuda que quizás consideraron irrelevantes, la ley contempla que, cuando se trate de acreencias interiores a 15% de un salario mínimo, las personas serán notificadas antes (2 veces), previo ser incluidas en la base de datos.

La ley prevé que la medida permitirá normalizar de inmediato la vida crediticia de los que hasta ahora han estado afectados.

Para que una persona pueda ser reportada a una central de riesgo, deberán pasar 18 meses después de constituida la mora del titular, según se evidencia en la Sentencia.

Más rapidito

Hay que destacar que la ley de borrón y cuenta nueva es un mecanismo para agilizar los procesos que se desatan alrededor de la existencia de una base de datos que es utilizada para calificar, y -con base en ello- otorgar créditos a personas naturales o jurídicas. Muchas personas duran años, adelantando trámites para salir de los negativos reportes. En consecuencia, en la sentencia de la Corte se deja claro que “las peticiones o reclamos deberán resolverse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo (prorrogables por 8 días)”.

Si en ese tiempo no le ha dado una pronta resolución al ciudadano, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada, dice el documento. “Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera de Colombia, según el caso, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la presente ley, sin perjuicio de que ellas adopten las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectivo el derecho al habeas data de los titulares”.

Hay que recordar que el proyecto fue tramitado con la autoría de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco. Tuvo varios intentos, pero luego de la pandemia, encajó bien en la meta de reactivación económica, dentro de la cual, los colombianos, con necesidades económicas, requieren una nueva oportunidad para volver a tener acceso al sistema crediticio.