El sector energético del país es uno de los más importantes de la nación; sin embargo, en los últimos años se han presentado diversas dificultades para la prestación del servicio y las capacidades financieras en algunas zonas del país.
En la noche del 21 de enero de 2026, el Gobierno Nacional emitió un nuevo decreto en el cual se señalan nuevas cargas parafiscales con el objetivo de mantener a flote a Air-E.
“Las medidas adoptadas incluyen la creación de una contribución parafiscal transitoria y un aporte solidario en energía por parte de algunas empresas del sector eléctrico, con destinación específica al fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mecanismo legal para respaldar empresas intervenidas y evitar interrupciones del servicio”, señala el decreto.
Por medio del decreto, se señala que las contribuciones que tendrán que realizar las empresas generadoras de energía serán del 2,5 por ciento sobre la cifra total de las utilidades de las mismas antes de impuestos del año 2025. Para este proceso se tendrán en cuenta los estados financieros de cada uno de los grupos.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló: “Este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de los gobiernos anteriores y de los honorables parlamentarios que han asfixiado la política fiscal del país para la prestación del servicio. Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunas y responsables”.
Hay que destacar que la contribución se realizaría en dos etapas. La cartera señala que la primera parte se tendría que cancelar el próximo 2 de febrero, con un porcentaje del 1,25%, el cual sería calculado con los estados financieros correspondientes al 2024.
Para la segunda etapa, se realizaría el 15 de mayo de 2026 con el porcentaje restante, teniendo en cuenta los estados financieros del año 2025, los cuales, para la fecha de la contribución, deben estar publicados.
Palma añadió: “El Estado tiene la obligación constitucional de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y que, ante la magnitud de la situación, los instrumentos ordinarios resultaron insuficientes. Cuando está en riesgo un servicio público esencial, el Estado no puede mirar para otro lado. Estas medidas son solidaridad temporal para evitar un daño permanente al sistema eléctrico y a la economía del país.”
