El decreto de emergencia económica que expidió el Gobierno a finales del año anterior, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso para cuadrar cuentas del Presupuesto General de la Nación de este año, incluyó una serie de medidas tributarias en diferentes sectores, con el fin de recaudar unos 11 billones de pesos.
El decreto de emergencia económica ya fue demandado ante la Corte Constitucional, y este tribunal ya aceptó la demanda e iniciará su estudio.
Entre las medidas tributarias que trae está un ‘recargado’ impuesto al patrimonio, tributos a los juegos de suerte y azar, al sector financiero, vuelve a revivir la no deducibilidad de las regalías para los sectores petrolero y carbonero, a los envíos postales y a los bienes de lujo.
También incluyó nuevos tributos para los licores y los cigarrillos que afectan a las regiones.
De hecho, la Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 Gobernadores de Colombia rechazan la implementación del Decreto 1474 de 2025 que incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado expedido en el marco de la emergencia económica, por vulnerar la autonomía fiscal territorial y poner en riesgo una de las rentas más importantes de los departamentos.
En el caso del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, para el año 2026, se modifica la tarifa aplicable de la siguiente forma: para el componente específico, la tarifa por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, será de $750 pesos (antes $220 pesos).
Y para el componente ad valorem será del 30% (antes 25%) sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación, certificado por el Dane.
Estas tarifas también son aplicables, por el año 2026, en aquellos departamentos que ejerzan el monopolio de licores destilados.
Frente al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, por el año gravable 2026, se añade un parágrafo al hecho generador del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, incluyendo como productos sobre los que se genera el impuesto: Los derivados, sucedáneos o imitadores. Se excluye expresamente del impuesto al consumo de tabaco, al chicote de producción artesanal.
Las empresas de licores ya empezaron a sacar cuentas del impacto de esta medida en sus productos bandera. Así lo hizo la Industria Licorera de Caldas (ILC), que el año pasado logró un triunfo jurídico: la Corte Constitucional dirimió un conflicto entre las operaciones de las industrias licoreras de cada departamento, que no podían vender sus productos más allá de sus ‘fronteras’ en otras regiones.
El alto tribunal a principios de 2025 declaró inexequibles las normas que permitían a los departamentos bloquear la venta de aguardientes ajenos, abriendo las fronteras a productos de otras regiones poniendo fin al monopolio rentístico departamental y garantizando la libre competencia y elección del consumidor.
Ahora con la emergencia económica y los nuevos tributos, la ILC calculó los efectos de la medida en dos de sus productos bandera: el Aguardiente Amarillo y el Ron Viejo de Caldas.
“Con estos incrementos, se estima que una botella de 750 mililitros de Aguardiente Amarillo de Manzanares tendría en 2026 un precio de venta al público sugerido de $71.112 frente a $49.705 en 2025, es decir $21.407 más, equivalente a un aumento del 43%. De otro lado una botella de 750 mililitros Ron Viejo de Caldas tradicional costaría $30.059 más (incremento del 55%), pasando de un precio de venta al público sugerido de $54.545 en 2025 a $84.604 en 2026”, explica la ILC.
Para Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas, este aumento del IVA y otros impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas ponen en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país, que según estimaciones del sector representa el 1,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos totales desde el sector agrícola hasta el comercial (hoteles, bares, restaurantes, ferias, eventos, etc.).
“En casos similares en otros países en los que se ha aumentado el precio del licor para reducir su consumo, se ha visto que por el contrario se desvía hacia el mercado ilícito, poniendo en alto riesgo la vida de las personas.
Según la firma Euromonitor, en Colombia cerca del 24% del licor consumido es ilegal, cifra que podría aumentar a niveles alarmantes ante el alza en los precios de las bebidas”, advierte Angelillis.
De acuerdo con sus cálculos, en los últimos dos años, la ILC ha aportado cerca de $1,2 billones a la salud y educación de los departamentos en Colombia por impuesto al consumo, de los cuales cerca de $120.000 millones correspondieron a Caldas.
Estos recursos, asegura, se verían afectados por el exagerado aumento de precio de los productos y por el incremento de la ilegalidad.
Y puntualizó Angelillis: “Hay que dejar en claro que, según el decreto, los departamentos deben de girar al Gobierno Nacional el excedente que recauden del incremento del 119% de la tarifa del componente específico del impuesto al consumo y del componente ad valorem del impuesto al consumo. Es decir, estos recursos no llegarán a las regiones para salud y educación, sino que pasarán al Presupuesto General”.
