servicios públicos

Denuncian retrasos en Planes Departamentales de Agua y la gente con sed

La Contraloría destapó 62 hallazgos que evidencian los graves problemas que hay en la implementación de acueductos. En riesgo $ 32.282 millones.


Más de tres millones de personas en Colombia no tienen acceso al agua potable, según lo estableció el Dane en el Censo de 2018, mientras la política establecida para ampliar cobertura y calidad ya completa casi 30 años. En esas normas están también en expectativa las 3.280.000 familias que no cuentan con soluciones adecuadas de saneamiento básico.

Tres décadas es el tiempo que llevan en Colombia los llamados Planes Departamentales de Agua, creados para cerrar ese déficit que persiste en pleno siglo XXI.

La Contraloría General puso el foco en el tema y estableció 226 hallazgos, entre disciplinarios, penales e incidencias que serán motivo de investigación, pues se trata de fallas en los PDA que pueden llevar a riesgos, tanto económicos como de la salud humana.

Las auditorías fueron realizadas por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico en 2021 (8 en el primer semestre y 9 en el segundo).

Carlos felipe córdoba Contralor general
Carlos Felipe Córdoba, Contralor general - Foto: guillermo torres

El ojo fue puesto en los PDA de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Nariño, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Magdalena, en particular, se destaca con la mayor cuantía involucrada en los hallazgos fiscales (tiene 2 por $11,290 millones).

¿Qué pasó en Magdalena?

Increíble es que en el departamento del Magdalena, un punto clave del turismo colombiano, existan municipios, como Cerro de San Antonio, en donde la obra para hacer el alcantarillado tenga un retraso de dos años, pese a que involucra cuantiosos recursos: $10.690 millones.

El municipio adquirió más de 1.500 luminarias led para las zonas urbana y rural.
La falta de acceso a los servicios públicos mínimos, un claro signo de la gran desigualdad que hay en Colombia. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

La Contraloría pudo establecer que instalaron la tubería, pero gran parte de ella presenta deficiencias en su construcción, sin contar con que no está ni empalmada. Por consiguiente, no sirve para nada.

El contrato inició en 2018 y ahora está suspendido. Los inconvenientes que se han puesto como argumento para justificar el retraso son los problemas que tiene un lecho rocoso que ha impedido empalmar varios puntos entre sí para configurar la red de alcantarillado.

Una plantación de caña de azúcar
Si las áreas rurales no tienen servicios públicos estará más en riesgo la seguridad alimentaria. - Foto: Getty Images

Lo grave es que, según la Contraloría, habría una “inviabilidad técnica del proyecto y deficiencias técnico-constructivas de sus componentes. Se considera que, aunque termine su ejecución, no va a operar en su totalidad”. En otras palabras, esa platica se perdió.

No hay derecho

Otro de los casos en el departamento del Magdalena es el de la construcción del acueducto rural en Sabana de las Flores. Se trata de una zona rural en el municipio de El Banco. Ni la planta eléctrica para verificar el funcionamiento de la obra sirvió, por lo que no fue posible la verificación por parte del organismo de control.

Los recursos en este caso ascienden a $599 millones y, hasta ahora, no hay agua.

Otros casos

Dentro del informe de la Contraloría se destacan también los casos de Cauca, donde se registran 5 hallazgos por $ 3.823 millones; Córdoba, con 4 por $ 3.313 millones, y La Guajira, con 6 por $ 2.010 millones.

En el total de los hallazgos que estableció la Contraloría General hay 210 que tienen posible connotación disciplinaria, 2 con presunto alcance penal, 16 que dan lugar a la apertura de indagación preliminar y que 9 tienen Otras Incidencias.

Hay de todo

En los diferentes departamentos hay desde deficiencias en la planeación y ejecución contractual, persistencia generalizada de incumplimiento de cronogramas, obras inconclusas, posibles daños al patrimonio público, manejo inadecuado de los recursos públicos, debilidades en la planeación de los proyectos y deficiencias en la planeación y ejecución contractual.