Las personas migrantes que tienen situación de irregularidad y que quieran estudiar, tienen el derecho a la educación, y no se les puede negar. Así lo dice la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá.
Colegios en Bogotá | Foto: Guillermo Torres

EDUCACIÓN

Solo $1 de cada $10 del presupuesto para educación en el país se gasta en inversión

De los más de $49 billones aprobados por el Congreso para este rubro, casi $45 se van en gastos de funcionamiento.

11 de noviembre de 2021

A finales de octubre el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación del próximo año, con el cual el Gobierno del presidente Iván Duque tiene una hoja de ruta clara para terminar su gestión.

Aunque, como viene ocurriendo desde finales del Gobierno Santos, el presupuesto para la educación es el más alto de todos, preocupa que la mayor parte de estos recursos vayan a funcionamiento y no a inversión.

De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo, de los casi $49,4 billones aprobados para el sector de la educación, el 89 % de los recursos irá a funcionamiento, mientras que solo el 11 % va destinado al rubro de inversión. Esto quiere decir que casi $45 billones irán a funcionamiento, lo cual significa pago de salarios, contratación y demás; mientras que solo $5,4 billones irá a nuevas inversiones.

Aunque en los últimos años el presupuesto de este rubro ha ido creciendo considerablemente (casi $11 billones desde que Duque es presidente), también hay que revisar cómo se están gastando estos recursos.

Cabe mencionar que para 2022 el PGN será de $350,4 billones, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso.

Del total, $210,1 billones irán para gasto de funcionamiento, $78 billones más para el pago de la deuda y $62,2 billones adicionales para inversión. Si las cifras se comparan con el presupuesto que está vigente, se encuentra que las rentas para 2022 tendrán un incremento del 5,3 %, si se tiene en cuenta que para 2021 el PGN va en $332,8 billones.

Los sectores que más recibirán el próximo año serán los siguientes:

  • Educación: $49,3 billones
  • Defensa: $41,9 billones
  • Salud: $41,2 billones
  • Trabajo: $36 billones
  • Hacienda: $23,9 billones
  • Inclusión social: $21,7 billones

Por otra parte, las transferencias en aseguramiento en salud, al Sistema General de Participaciones (SGP) y las pensiones explican cerca del 60,5 % del total de gastos de funcionamiento, esto es $127,2 billones de $210,1 billones. Los giros para aseguramiento en salud constituyen la principal explicación del incremento en los gastos de funcionamiento al crecer 20,2 %, gastos necesarios para mantener y asegurar la prestación de los servicios en salud en esta época de pandemia.

Mientras que las asignaciones para el pago de mesadas pensionales que para 2022 ascenderán a $51,1 billones, un 19,8 % más que para 2021. Otras transferencias relevantes son las asignaciones para el SGP que ascenderán a $49,6 billones, monto 4 % superior al de 2021.

Respecto al servicio de la deuda, el ministro expresó que se incluyen apropiaciones por $78 billones, en consonancia con el perfil de vencimientos, las proyecciones de tasas de interés, las tasas de cambio, la estrategia de financiamiento y la composición de los pasivos crediticios vigentes.

De esta suma, $38 billones (48,7 %) corresponden a amortizaciones al principal y pago de obligaciones (sentencias, salud y otros), y $40 billones a intereses, comisiones y otros conceptos, como aportes al Fondo de Contingencias (51,3 %).

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó en su momento el proyecto de ley como fiscalmente comprometido con la reducción de brechas sociales, la reactivación económica y la generación de empleo. Así mismo, como consistente con la consolidación del proceso de recuperación económica y social previsto en la estrategia macroeconómica.

Vale mencionar que dentro de los aprobado en octubre, se dio visto bueno a eliminar la Ley de Garantías, lo cual causó gran revuelo entre entre varios sectores del país, pues permite contratar meses antes de las elecciones presidenciales y de Congreso, lo cual generó suspicacias; sin embargo, esta semana la Corte pidió que aún no se aplique esta medida hasta que se estudie a fondo.