50 sombras de impuestos

El descalce fiscal del país obliga a que el Gobierno tenga que presentar la que será su tercera reforma tributaria en tan solo tres años de ejercicio presidencial. Simple y llanamente significa que las decisiones tomadas en el pasado han sido apuestas perdedoras, porque la hacienda pública perdió resiliencia, y como consecuencia del choque económico y recesión ocasionados por el coronavirus el Estado está desfinanciado en cerca de $20 billones de pesos (2% PIB) de los cuales $13 billones fueron un hueco fiscal ocasionado por el propio Gobierno con la primera reforma tributaria que tramitó en 2018 bajo el nombre de Ley de Financiamiento.

Luego, en 2019 con la Ley de Crecimiento Económico decidió mantener exenciones, exclusiones y tratamientos tributarios diferenciales a las personas jurídicas por valor de $92,4 billones, y ampliar ese gasto tributario en los mencionados $13 billones, ya que permitir descontar el 100% del IVA pagado por la compra de bienes de capital del impuesto a la renta costó $6 billones; descontar el 50% del ICA y del cuatro por mil pagado otros $4 billones; y reducir la tarifa del 33% hacia el 31% otros $3 billones adicionales.

De esa manera el recaudo de impuestos cayó hacia una proporción de 13% del PIB cuando lo que se necesitaba era llevarla como mínimo hacia el 16% del PIB, para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y poder financiar el gasto de funcionamiento e inversión sin recurrir a la contabilidad creativa de registrar ingresos extraordinarios por la venta de empresas de la Nación como ingresos permanentes.

En la coyuntura actual se necesita ejecutar más gasto para revertir los efectos adversos de la pandemia, pero por el otro lado se recibirán menos ingresos tributarios puesto que 2020 fue un año en el que gran parte del parque empresarial tuvo pérdidas y tributará poco en renta.

La solución lógica es buscar nuevos ingresos tributarios, no obstante, la pregunta es desde cuál fuente se pueden obtener. Si desde las empresas o desde las personas naturales. Según lo que ha venido comunicando el Ministerio de Hacienda la decisión es que la factura de la pandemia y los $13 billones de gasto tributario a favor de las empresas hecho en 2019 sea pagado por las personas naturales, es decir, trasladar obligaciones desde la renta del capital hacia la renta por el trabajo ya que los ingresos de las personas dependen del salario que reciben.

Como la informalidad laboral se incrementó hasta el 60% es difícil que solo con impuesto a la renta se logré recaudar lo suficiente, por esa razón la propuesta de reforma tributaria busca gravar con IVA del 19% a varios bienes de la canasta familiar, lo que en la práctica significa gravar el consumo de los hogares quienes con su gasto responden por el 65% del crecimiento económico.

Del monto total por $25 billones que la reforma espera recoger al llegar al trámite legislativo seguramente terminará siendo recortada y el Congreso podrá balancear mejor la carga para el pago de la factura por el coronavirus. Recargar a los hogares con más impuestos en un momento donde la mayoría de ellos vieron deteriorados sus ingresos o los perdieron, ampliará las brechas de desigualdad puesto que se está pasando la obligación de financiamiento del Estado desde la renta de capital hacia la renta del trabajo en una economía con un mercado laboral con alto desempleo y una informalidad que explica seis de cada diez puestos que se consideran como trabajo.

Por último, la devolución del IVA hacia los sectores más vulnerables al final del día es una ampliación de la base de subsidios que va a ser financiada con mayor carga tributaria a la clase media que ha sido el segmento más golpeado por la situación económica actual.