¿Es el fútbol colombiano una mafia?

Hace poco menos de un año, los jugadores del Unión Magdalena denunciaron ante la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) que habían intentado sobornarlos para que perdieran en un partido. Les habían prometido 120 millones de pesos si se dejaban ganar del equipo Llaneros. El caso posteriormente escaló a la Dimayor, sin que un año después se tenga noticias de la investigación. Todo indica que el móvil de este soborno eran las apuestas, pues el partido en sí no era significativo para ninguno de los dos equipos. Entonces se felicitó a los jugadores por su transparencia y ejemplo de juego limpio.

Ahora nos encontramos frente a una circunstancia completamente inversa. Jugadores de la defensa del equipo Llaneros permitieron que luego de un alargue de cinco minutos extra al tiempo reglamentario, en los minutos 94 y 95 el Unión Magdalena anotara dos goles, los cuales fueron definitivos para su clasificación y ascenso de la B a la A. Todo indica que se trata de un caso de soborno, solo que contrario a lo que sucedió hace un año este fue aceptado. Ya existe incluso una denuncia penal por este hecho, por los delitos de corrupción privada y estafa.

El presidente de la Dimayor, en rueda de prensa que diera de manera conjunta con el Ministro de Deporte, ha prometido garantizar el debido proceso y llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. A pesar de que incluso hubo un pronunciamiento por el presidente de la República censurando el hecho, lo más seguro es que al igual que en la denuncia interpuesta el año pasado, no pase absolutamente nada.

Estos hechos ocurren tan solo una semana después de que la Superintendencia de Industria y Comercio formulara pliego de cargos contra la Dimayor y 16 clubes de fútbol colombiano por presuntos actos anticompetitivos, ya que al parecer impidieron la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y 2021. Como pruebas de este hecho estarían varios chats de WhatsApp y correos electrónicos entre varios dirigentes del fútbol.

En octubre del año pasado, Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, denunció en redes sociales que en medio de una Asamblea de la Dimayor, el presidente de un club arremetió contra varios colegas señalando que tenían un chat a través del cual acordaban arreglar partidos y comprar árbitros. Hasta ahora la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto.

Episodios como este nos recuerdan las tristes épocas en las que capos del narcotráfico como Gonzalo Rodriguez Gacha, los hermanos Rodríguez Orejuela, Phanor Arizabaleta o Pablo Escobar eran dueños de los más emblemáticos equipos de fútbol, arreglaban partidos y nada pasaba. El asesinato de Andrés Escobar, uno de los jugadores más queridos de la Selección Colombia, se habría dado al parecer por una riña con unos narcotraficantes con motivo del autogol que él anotó en el Mundial de 1994.

¿Qué hacer para evitar este tipo de conductas? Sin duda alguna, hay que repensar al fútbol colombiano, muy especialmente las leyes que lo regulan y las sanciones que se deben dar a este tipo de hechos antideportivos. Muy seguramente, como están las cosas, lo que sucedió en el partido entre Llaneros y el Unión Magdalena en la ciudad de Villavicencio no sea sancionado, y que -como siempre- no pase absolutamente nada.

No puede decirse que el fútbol colombiano sea una mafia, pero hay que reconocer que existen pequeños círculos mafiosos que hacen pensar que así es. La mayoría de clubes actúa rectamente, pero episodios como este enlodan a este deporte, el más querido por los colombianos.