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Daniel Niño Tarazona - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

La Economía de Damocles

En la historia económica moderna de Colombia, esa dependencia agudiza e incrementa las vulnerabilidades sin que realmente seamos un país petrolero.

Por: Daniel Niño Tarazona

En octubre de 2018 escribí una columna titulada ‘La dependencia minero-energética’, que está disponible en internet. En ella realizaba un ejercicio para entender en forma detallada la manera como se extendía el petróleo a lo largo de la economía colombiana, pero en especial el impacto tan relevante que tenía para la economía de la capital del país. Al analizar la data agregada para los últimos diez años, señalaba que la generación de divisas del sector permitía adquirir importaciones de bienes “de consumo, intermedios y de capital”, en los que “el 95 por ciento, 91 por ciento y 60 por ciento, respectivamente” obedecían a compras externas orientadas a la economía de Bogotá.

Entre otras caracterizaciones de esa situación, encontré que sin el sector minero-energético “el desahorro acumulado de Colombia sería 470 por ciento mayor” o, lo que es lo mismo, su deuda externa sería casi cinco veces más grande a la que había ya en 2018. Sin embargo, sin la fuerte vocación importadora de Bogotá, el problema se reducía de forma elocuente. Aun sin el aporte de los ingresos del sector minero-energético, el desahorro “sería apenas 20 por ciento mayor”.

A mediados de 2018, el sector minero-energético completó 15 trimestres en recesión por la caída de los precios internacionales del petróleo que hubo desde mediados del año 2014, cuando la referencia Brent cotizaba a 106 dólares el barril, hasta comienzos del 2016, cuando llegó a casi 32 dólares.

El impacto de esa recesión sectorial en el ingreso no se revelaba en las cifras de desempleo. Sin embargo, la encuesta de ingresos de los hogares sí indicaba que el país y la capital habían perdido empleos de ingresos altos y eran compensados por nuevos empleos de ingresos bajos.

Comparando cifras de 2013 y 2018, había menos personas con ingresos entre cinco y diez salarios mínimos, así como quienes ganaban más de diez salarios mínimos. El impacto en Bogotá era altamente significativo. La capital representaba más del 50 por ciento de la disminución de personas de todo el país que habían dejado de percibir este nivel de altos ingresos.

El país afrontó el deterioro previsto en la publicación ‘Colombia frente a una destorcida en los precios del petróleo’, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tras un estudio realizado por Hernando José Gómez, Jonathan Malagón y Carlos Ruiz en 2014. Si bien la situación macroeconómica no fue similar a la crisis de los años noventa, y vía mayor endeudamiento público y el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe) se dinamizaron las locomotoras de infraestructura y vivienda del Gobierno Santos, propiciando una más gradual afectación económica, los bajos precios del crudo sí tuvieron efectos similares a una pérdida acumulada de más del 13 por ciento del PIB durante los siguientes años y varios años perdidos en el avance y consolidación de la clase media en el país, frente a las tendencias que traía y lo que hubiera pasado sin la destorcida de precios del petróleo.

Incluso antes de la pandemia, los choques económicos que pudiesen imaginarse transitorios por la crisis petrolera apuntaban a tener importantes consecuencias en el largo plazo, tal como se observó en la tasa de cambio, el deterioro fiscal y el endeudamiento público; y en el creciente malestar creado por una baja movilidad social en medio de la anémica capacidad empresarial de generar nuevos y mejores empleos.

En 2017 la economía apenas creció 1,4 por ciento y el sector privado, un lánguido 0,4. Un contexto que explica tanto las fuertes protestas que hubo en 2018 y en 2019 como la necesidad de atender a más del 30 por ciento de los hogares colombianos por los programas de transferencias a cargo del Estado.

La dependencia minero-energética del país ha sido y es una realidad económica, financiera, social, política y empresarial. Por lo mismo, tiene potenciales grandes efectos desestabilizadores y perturbadores al vaivén de los eventos internacionales que afectan los precios. En la historia económica moderna de Colombia, esa dependencia agudiza e incrementa las vulnerabilidades sin que realmente seamos un país petrolero. Basta decir que nuestro pico de reservas se remonta a 1996 y hoy ellas no llegan al 0,7 por ciento de las de Venezuela, el 25 por ciento de las de Ecuador o 18 por ciento de las de Guyana.

Nuestra dependencia habla mal del resto del andamiaje productivo. Por eso mismo, no hay razonabilidad y viabilidad en las acciones que pretendan o apunten a cortar de tajo esa dependencia. Pero sí que el país y su tecnocracia están llamados a tener la inteligencia económica de comprender que, a la variabilidad y vaivenes externos, se suman nuevos elementos de política pública mundial que reclaman hacer el tránsito gradual, claro y efectivo, que apunte, sin descanso, a disminuir sensiblemente esa vulnerabilidad. De lo contrario, lo que hoy se advierte sería un caos económico y social por los posibles errores del nuevo Gobierno, igual puede serlo en una década si el país transita su futuro como ha recorrido su reciente pasado.

Habrá segunda columna para hablar de los elementos que han impedido disminuir la dependencia.