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¿La fallida lucha antidrogas se reeligió con Biden?

Cuando se decante el -tal vez- exagerado entusiasmo por la victoria de Biden, será necesario poner de nuevo en la agenda pública el debate sobre la fracasada política antidrogas que ha impuesto Estados Unidos a Colombia en las últimas décadas.

25 de enero de 2021

En diciembre de 2020, la Comisión de Políticas de Drogas del Hemisferio Occidental, del Congreso de Estados Unidos, publicó su informe en el que reconoce el “fracaso colectivo para controlar el uso indebido de drogas o el tráfico de drogas”. En efecto, tras dos décadas del Plan Colombia y USD 11.600 millones invertidos, la Comisión bipartidista llamó la atención sobre las promesas hechas en 2019 en el diálogo bilateral de los presidentes Trump y Duque, de erradicar para 2023 el 50 % de la coca. Según el Congreso de ese país, “es el mismo objetivo declarado en el lanzamiento del Plan Colombia en 1999”. Además, reconoce que la aspersión aérea no tuvo resultados positivos y que fue el mismo gobierno de Álvaro Uribe quien redujo su uso, “reconociendo que el esfuerzo había sido contraproducente”.

Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión se orientan en la misma dirección de la erradicación y la interdicción, aunque mencione otras alternativas como políticas de producción y comercialización de otros cultivos, la titulación de tierras, la construcción de vías terciarias y la protección de líderes locales. Que Estados Unidos reconozca que la fallida política también es su responsabilidad, sin dudas es un avance, pero las medidas de desarrollo alternativas no podrán tener éxito si el nuevo gobierno de Biden no replantea su estrategia económica para la región.

Los proyectos productivos resultados del acuerdo final con las Farc tan solo han involucrado a 4872 personas y se han invertido 38.465 millones de pesos, el 0,2 % de lo que pagó Colombia entre enero y noviembre en importaciones de productos agrícolas, pecuarios, alimenticios y bebidas. Razón tiene la Comisión en indicar que “a menos que el Estado pueda proporcionar seguridad tanto física como económica”, el problema del cultivo de coca no tendrá solución.

Si la política del nuevo gobierno estadounidense y del gobierno colombiano no empieza a considerar como un asunto serio la necesidad de estimular, fortalecer y proteger a la producción local, cualquier esfuerzo en la lucha contra las drogas será inútil. De hecho, si no se tiene en cuenta la necesidad de resolver estructuralmente el nivel de ingresos de la población por medio de empresas sólidas en el campo, de economía campesina, pequeña y mediana, es lógico seguir pensando que la política antidrogas no es más que un pretexto para la intervención bipartidista estadounidense en América Latina.

Quienes andan tan entusiastas pensando que la naciente esperanza estadounidense por la salida de Trump se va a extrapolar por arte de magia a Colombia, deben exigir que en la agenda bilateral uno de los puntos centrales sea renegociar los acuerdos comerciales que arruinan al campo y allanan el terreno al tráfico de drogas y al conflicto armado. De lo contrario, su ingenuidad reiterada puede convertirse en complicidad con el subdesarrollo nacional.

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