La necesidad de impuestos a la tierra

Tenemos menos competitividad agrícola que Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Ecuador, México y Guatemala. Y esa baja competitividad es, en gran parte, una función de la productividad. Algo debemos estar haciendo muy mal.

La baja productividad en el sector agropecuario se evidencia en que, en lo que va de este siglo, el país ha mostrado una tasa de crecimiento promedio del 0,6 por ciento anual, es decir, apenas un tercio del promedio mundial y del crecimiento promedio de América Latina.

El último documento para comentarios del Conpes dice que la baja productividad en Colombia se explica por “bajos niveles de adopción y uso de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, el bajo acceso a productos financieros y limitado acceso al crédito, la insuficiente logística, el bajo acceso a la inclusión productiva de los pequeños productores, la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático, los altos costos de insumos, las fallas en el ordenamiento productivo y los costos asociados al acceso a tierras”.

A la larga, todas esas causas tienen que ver con la falta de inversión, que en el fondo es un problema de recursos, de falta de capital. Esa falta de recursos generando bienes y servicios públicos lo que hace es hacer más imperfectos los mercados de bienes agrícolas y dejar al pequeño productor a merced de las redes de intermediarios.

Sin más recursos es imposible tener instituciones eficientes. El sector tiene muchas iniciativas de políticas, fondos y proyectos, una gran burocracia que no tiene capacidad de generar logros en la realidad local y territorial. En 2021, la Agencia de Desarrollo Rural no recibió proyectos territoriales “debido a que 1.553 proyectos, que solicitan cofinanciación por valor de 1,2 billones de pesos, se encontraban en etapa de diagnóstico, valor que supera el monto máximo que se ha asignado para cofinanciar”. Entre otras realidades, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social son hoy inexistentes.

Hay poca claridad sobre los bienes y servicios públicos que le generan hoy competitividad al sector. La capacidad de inversión es baja, solo el 43,9 por ciento de los municipios del país han identificado alguna provisión de bienes y servicios públicos para el sector.

Muy pocas iniciativas apuntan realmente al fortalecimiento de la capacidad financiera y económica para generar esos bienes y servicios públicos. Así, la infraestructura logística agropecuaria especializada mediante centros de acopio, cadenas de frío, secado, centrales de abastos, es una quimera.

No hay política de Estado.

Fedesarrollo encontró que, como proporción de la inversión del Gobierno central, la inversión en investigación, desarrollo e innovación del sector pasó de 36 por ciento a 12 por ciento entre 2000 y 2018, apenas el 0,018 por ciento del PIB. Sin inversión pública, el más afectado es el pequeño productor. José Leibovich estimó que únicamente el 16 por ciento de los 3,5 millones de pequeños productores agropecuarios tiene acceso al crédito. A pesar de que los pequeños y medianos productores representan el mayor porcentaje (97 por ciento) de las operaciones de créditos, estos solo representan el 24 por ciento de los desembolsos, indica el documento Conpes.

En 2018, el Ministerio de Transporte señaló que de 142.284 kilómetros de red, 24 por ciento eran vías en tierra, 70 por ciento de vías afirmadas y 6 por ciento de vías pavimentadas, y solamente el 25 por ciento de toda la red vial terciaria se encontraba en buen estado. Colombia solo llega al 10 por ciento del índice por habitante de capacidad de manejar alimentos refrigerados frente al promedio de las economías desarrolladas. Según el estudio de pérdidas y desperdicios de Planeación Nacional, una de cada tres toneladas de alimentos producidos se pierde o se desperdicia y cerca del 40 por ciento de esta pérdida o desperdicio está asociada a actividades logísticas.

El propio Conpes reconoce que Colombia carece de una política nacional de insumos agropecuarios y ello se paga con un alto costo en los fertilizantes primarios, comparados esos costos con la región y el mundo.

Admite que en el país hay una excesiva intermediación en la comercialización de productos agropecuarios, especialmente que no añaden valor a la cadena, con sobrecostos que no bajan del 20 por ciento para el consumidor. También que hay una gran disparidad en la distribución del precio, pues por cada peso que paga el consumidor urbano por sus alimentos, algo menos del 40 por ciento se queda en el campo. Ello se acentúa en productos perecederos, que enfrentan grandes pérdidas por deficiencias logísticas.

Según Leibovich, “son necesarias reformas en la política pública para una mejor asignación de los tremendos recursos (tierra, agua) que tenemos para lograr un crecimiento del sector más dinámico”. Menciona la actualización del catastro y la reforma al impuesto predial rural, de manera que el costo de oportunidad de usar la tierra en forma improductiva sea alto. Propone poner una sobretasa a tierras ociosas o subexplotadas. Esos impuestos desenredan el nudo gordiano y disparan la presencia del Estado en los territorios.