opinión

Javier Fernández Riva
Javier Fernández Riva - Foto: Eduardo Lora

Las universidades agudizan la desigualdad y la frustración

¿Acceso amplio y gratuito a la universidad? Suena bien como promesa electoral, pero no es una buena estrategia social ni laboral.


Por: Eduardo Lora

Lo que mejor han producido las universidades colombianas es desigualdad. En mi generación, quienes pasamos por la universidad fuimos unos privilegiados: nos convertimos en “doctores”, sin serlo, y la mayoría tuvimos una vida laboral estable y salarios mucho mejores que los demás. Un título universitario era un pase de entrada a una élite laboral, sin importar mucho la calidad ni la relevancia de los estudios.

Entre los millennials –quienes nacieron entre 1980 y 1996–, ir a la universidad dejó de ser un privilegio: salieron a competir muchos más por unos pocos empleos, en general mal pagados, excepto para los afortunados que salieron bien preparados de las mejores universidades y tuvieron las conexiones y la suerte para engancharse bien. De esta manera, los egresados universitarios de las generaciones recientes también son un factor de desigualdad, no por ser privilegiados, sino porque han tenido trayectorias laborales muy diversas.

Por una u otra razón, más de una cuarta parte de la enorme desigualdad de ingresos que hay en Colombia resulta de la titulación otorgada por la educación universitaria. Ningún otro factor individual contribuye tanto a la desigualdad. Por ejemplo, las ocupaciones o las ciudades donde viven los trabajadores colombianos no son factores importantes de desigualdad. Si somos uno de los países más desiguales del mundo, es sobre todo porque los colegios y luego las universidades potencian en lugar de corregir las inequidades de formación, habilidades y vínculos sociales que ya traen consigo los niños y jóvenes desde el hogar.

El acceso gratuito a la educación universitaria ha sido una bandera de lucha de los jóvenes y es un tema que ha destacado mucho Gustavo Petro en su campaña presidencial. Pero, como suele decirse, es mejor tener cuidado con los deseos. Si efectivamente completaran estudios universitarios todos los chicos que están actualmente terminando secundaria, la gran mayoría de ellos no tendría un mejor desempeño laboral que haciendo estudios técnicos de calidad o, incluso, buscando trabajo de una vez. En cambio, habría grandes frustraciones por unas expectativas infundadas de ascenso económico y social, y no mejoraría para nada la distribución del ingreso. Nuestro pensamiento elitista ha sobrevalorado los títulos de pregrado y subvalorado la educación vocacional y técnica. Y todo esto sin hablar del costo fiscal que habría que incurrir. ¿Qué hacer entonces?

Lo más inmediato es seguir ampliando la oferta de estudios técnicos de calidad y pertinencia laboral. Actualmente, hay unas 600.000 personas matriculadas en institutos tecnológicos, que ya es un número importante en relación con los matriculados en universidades (1,8 millones, aproximadamente). Pero debería haber por lo menos 200.000 personas más haciendo estudios técnicos, de no haber sido por la crisis económica durante la pandemia. Sin embargo, lamentablemente, la gran mayoría de los programas de educación vocacional y técnica no responde a las demandas de las empresas, no están bien evaluados y, si reciben recursos públicos, eso no depende de que logren ubicar laboralmente a los egresados, tal como lo diagnosticó la Misión de Empleo.

Para que las universidades dejen de ser fábricas de desigualdad y frustración, es preciso elevar los requisitos académicos de admisión, sobre todo a las universidades públicas donde las matrículas cuestan poco al estudiante y mucho al fisco. La capacidad académica, no la capacidad de pago, debe ser el factor decisivo para ingresar a la universidad. Si se ofrece financiamiento a través de Icetex u otras entidades debe ser para cubrir el costo de mantenimiento del estudiante a tasas reales muy bajas (no a una tasa real anual de 10 por ciento, como es actualmente).

El acceso amplio y gratuito a la universidad suena bien en una campaña presidencial, pero no es el mecanismo más adecuado para mejorar las posibilidades laborales de los jóvenes ni para hacerles frente a las desigualdades de ingreso. Solo asegura una cosa: más frustración.