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Camilo Cuervo - Foto: Camilo Cuervo

No se pueden satanizar los Pactos Colectivos de Trabajo

Es importante y debe protegerse la determinación de un trabajador de sindicalizarse, pero con igual ímpetu se debe respetar y amparar a aquellos que optan por no hacerlo.

Por: Camilo Cuervo

Recientemente, el Ministerio del Trabajo emitió la Circular 078 de 2022 por medio de la cual imparte directrices a los Inspectores de Trabajo para que fiscalicen la suscripción y administración de pactos colectivos de trabajo celebrados entre las empresas y sus trabajadores. La circular es tan amenazante y agresiva que algunos han llegado a pensar que ese tipo de acuerdos han sido prohibidos en Colombia a partir de la expedición de dicha instrucción gubernamental.

En esencia, un pacto colectivo es exactamente lo mismo que una convención colectiva de trabajo, cuya única diferencia radica en que los pactos se suscriben con trabajadores no sindicalizados. Se trata, en ambos casos, de acuerdos colectivos en los que los trabajadores suelen pactar mejores condiciones laborales con sus empleadores respecto de aquellas que se encuentran contempladas en la normatividad. Son alternativas legítimas de progreso social y laboral que están ampliamente regulados por la ley y la jurisprudencia.

Según la controvertida circular del Ministerio, la cual no tiene fuerza normativa y se constituye en una “recomendación” para los inspectores de la entidad, la cartera laboral establece algunos “principios” básicos de inspección.

Contra toda lógica, se asume que el trabajador sindicalizado es un “superhumano” cuya condición de asociado sindical le confiere el derecho a disfrutar de mejores garantías que los trabajadores “corrientes” no sindicalizados; eso, desde donde se le mire, obedece a una percepción política, pero no tiene ningún sustento lógico y atenta contra la libre y legítima determinación de no pertenecer a un sindicato.

De igual manera, el Ministerio sugiere una presunción bastante cuestionable. Asume, violando los principios de buena fe, debido proceso, defensa y presunción de inocencia, que aquel empleador que acceda a suscribir un nuevo pacto colectivo, existiendo un sindicato, está discriminando a los trabajadores sindicalizados. Eso, de tajo, sería abiertamente inconstitucional, pero el asunto acá no es jurídico, es evidentemente político.

Finalmente, la circular advierte que los pactos colectivos, aplicando una interpretación muy acomodada de la jurisprudencia aislada de las Cortes, cuando puedan existir, siempre deben contemplar beneficios inferiores respecto de los que obren en una convención a favor de los trabajadores sindicalizados.

Es decir, palabras más, palabras menos, el Ministerio sugiere que aquel trabajador que opte por no sindicalizarse debe ser abiertamente discriminado por haber cometido el pecado de ejercer su legítimo derecho a no pertenecer a una organización sindical. Eso es absurdo, así de sencillo.

Si bien es cierto que los pactos colectivos en el pasado fueron mal utilizados en casos muy aislados, no pueden satanizarse alegando una aparente defensa del derecho de asociación y de la libertad sindical. Es importante y debe protegerse la determinación de un trabajador de sindicalizarse, pero con igual ímpetu se debe respetar y amparar a aquellos que optan por no hacerlo.

De fondo lo que pretende el Ministerio es cumplir su promesa de incrementar los niveles de sindicalización en Colombia, lo cual corresponde al deseo velado de generar corrientes políticas adeptas a sus intereses desde el sector obrero.

Eso no es bueno, ni malo, pero todos debemos tenerlo claro porque no es sano manipular a la opinión cabalgando sobre el discurso de la aparente defensa de los derechos laborales, cuando soterradamente pretenden fortalecer sus bases políticas al interior de las empresas.

Pues bien, lo cierto, lo único cierto, es que los pactos colectivos son legales, tienen suficiente sustento constitucional e incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los reconoce como un mecanismo válido siempre que no tengan por objeto impedir la sindicalización.

Si la circular tiene algo de bueno es recordarles a los empleadores que deben generar verdaderos procesos de negociación, empoderar a sus trabajadores no sindicalizados y permitirles que, en el marco del diálogo social, se discuta de frente la realidad de las empresas y la posibilidad real de conceder mejores beneficios, sin poner en riesgo la fuente de empleo, ni el legítimo derecho del empresario a obtener utilidades de su operación.

Sea esta la oportunidad de recordarle al Ministerio que los cambios no se pueden generar a punta de circulares. Eso es antidemocrático y peligroso, en especial, cuando la fuerza ejecutiva de esas “recomendaciones” está montada sobre la amenaza constante para el ciudadano de ser multado con miles de millones de pesos cuando opte legítimamente por no atenderlas.

Todos estamos dispuestos a los cambios y nos estamos preparando para eso, pero en democracia, esos cambios se tienen que implementar con normas formales que surtan todos los procedimientos previstos para su legítima expedición.