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Miguel Ángel Herrera
Miguel Ángel Herrera - Foto: SEMANA

Paz con competitividad

Los empresarios no confiarán en un proceso de paz que peca por exceso de confianza por parte del gobierno nacional y, en consecuencia, de abundantes concesiones a los grupos insurgentes y grupos criminales.


Por: Miguel Ángel Herrera

Los sonoros anuncios del presidente Petro sobre su prometida “paz total” están reviviendo una conversación que no tuvo lugar durante los cuatro años de Duque: cuál debería ser el rol del sector privado en la consecución de la tan buscada paz.

Conversación que no es extraña para gremios, empresas y empresarios colombianos, porque desde el primer proceso serio, en el gobierno de Belisario Betancourt, y hasta el Acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, el sector privado ha participado activamente. Lo que resulta ahora desafiante es el nuevo contexto político y la nueva visión de Estado, porque con excepción del proceso que nunca despegó con Ernesto Samper, la inversión privada no había tenido que pensar en la paz con un gobierno de izquierda.

Las iniciativas de paz de Uribe, y también las de Santos, contaron con el respaldo casi incondicional de la mayoría de los inversionistas nacionales e internacionales, porque al tiempo que se les convocaba a respaldar la reconciliación nacional, se promovían políticas públicas a favor de la inversión, el comercio y la innovación, sin distingos o etiquetas por ser nacional o extranjero, ganadero o agricultor, urbano o rural. Desde luego eso sucedió más con Uribe que con Santos, pero con los dos de alguna manera. A los dos les interesaron procesos para llevar la economía formal a los territorios en conflicto para alcanzar la paz, por lo que los empresarios se sumaron a la ruta de la paz, pese a los importantes riesgos que tuvieron que enfrentar.

Y esa confianza inversionista fue construida desde las campañas que los llevaron a sus respectivas presidencias. No hubo amenazas uribistas o santistas contra la inversión, ni contra la propiedad, ni contra la seguridad jurídica. Tampoco hubo estigmatización por ser rico o inversionista. No se les culpó por la inequidad o por la pobreza. La paz, en aquellos debates electorales, convivió con el respeto por el empresarismo.

La mayoría de los empresarios también se puso la camiseta de la paz porque sintieron respaldo de las fuerzas armadas a los procesos pacifistas tanto de Uribe como de Santos. Los dos entendieron que no hay proceso de paz que aguante los embates políticos y armados que se presentan, si el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada no acompañan -de principio a fin- a su comandante en jefe. Por eso, los dos exmandatarios construyeron confianza al más alto nivel de las fuerzas, antes de lanzarse públicamente a iniciar los procesos de paz. Así, los empresarios valoraron que la visión de reconciliación de aquellos gobiernos, no solamente estaba fundada en una plataforma política, sino también en la capacidad del gobierno de ofrecer garantías operativas y militares para que las actividades económicas continuaran.

Los empresarios además han desarrollado el olfato para detectar la viabilidad de los acuerdos de paz. El nuevo gobierno debería escucharlos desde el principio. Petro no debería dar por hecho que la paz con el ELN será más fácilmente alcanzable. Las guerrillas operan misionalmente contra el Estado, por lo que ningún gobierno, al final, tiene una ventaja real para negociar la desmovilización. Por el contrario, esa afinidad y la demostración de confianza podría exponer al nuevo gobierno a sabotajes tempranos por parte del mismo ELN y de los enemigos de la paz, para exhibir la debilidad del nuevo gobierno, del Estado y así lograr más resultados a su favor en la eventual negociación.

Los empresarios no confiarán en un proceso de paz que peca por exceso de confianza por parte del gobierno nacional y, en consecuencia, de abundantes concesiones a los grupos insurgentes y grupos criminales. Y menos en las circunstancias actuales en las que el ELN está fortalecido por cuenta del buen momento político y económico que vive Nicolás Maduro, que tiene prácticamente a todos los gobiernos latinoamericanos neutralizados, tras el giro hacia la izquierda de los países más relevantes, y con un barril de petróleo que le da caja para financiar a la insurgencia colombiana. Y si los empresarios no confían en un eventual proceso con los elenos, que tiene cierta legitimidad política, menos en iniciativas tempranas para beneficiar a criminales puros y duros como los clanes de narcotraficantes. El nuevo gobierno debe recodar que el establecimiento empresarial colombiano cree en el principio de legalidad.

Sin embargo, tengo en este contexto el pálpito de que los gremios y las empresas estarían de nuevo dispuestos a respaldar -una vez más- los esfuerzos por la paz, que tanto necesitamos. Pero el gobierno nacional tendrá primero que entender que se requiere, como con los procesos anteriores, que el gobierno agote con éxito ciertas etapas en su interacción con el sector privado para asegurar que se suba al bus de la paz.

La primera será que las reformas -legislativas y administrativas- no golpeen la producción y la competitividad. La segunda, que el presidente Petro nos convenza sobre la alineación auténtica y sostenible de las fuerzas armadas a su proyecto de paz. La tercera, que el nuevo gobierno reconozca el valor de la inversión privada tanto nacional como internacional, para el desarrollo socioeconómico de la nación y propiciar, así, la desestigmatización del empresario, particularmente del grande, que se volvió una amenaza para el progreso. La cuarta, que el gobierno genere espacios oportunos y suficientes para la socialización de los procesos de paz que emprenda con los gremios y las empresas, con el sensato interés de acoger las experiencias y recomendaciones que estén bien justificadas.

Las empresas, por su parte, tienen un rol por jugar, desde ya, en la paz petrista. Deben inicialmente volver a estar en modo “paz”, lo que implica valorar la visión del nuevo gobierno, sin prejuicios, para ser parte de la solución y no del problema. Valorar exige, además, entender a profundidad el concepto de “paz total” para poder adoptar posiciones empresariales ante el mismo. Y lo más importante será que el sector privado entienda que la visión de la paz del Presidente Petro contiene un llamado de fondo: el compromiso de las empresas para aportar a la equidad que todos queremos. Porque no tendremos paz sin equidad y ni paz ni equidad, sin competitividad. El llamado entonces es mutuo.