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Camilo Cuervo, columnista de Dinero. - Foto: Camilo Cuervo

Reforma Laboral de Petro: ¿“Progresismo” o retroceso?

Eliminar los avances en derecho laboral, implica perder millones de empleos, lanzar a los emprendedores a la informalidad y ahuyentar la inversión nacional y extranjera.


Por: Camilo Cuervo Díaz

El presidente Petro, en medio de su posesión, hábilmente designó a más de la mitad de su gabinete. Al parecer, la idea era aprovechar que la opinión pública estaba concentrada en los actos de protocolo y en los chismes del cambio de mando, para que sus nuevos ministros no recibieran tanto reflector, ni mayores cuestionamientos. En medio de la avalancha de anuncios, casi no hemos tenido tiempo de reaccionar a esos nombramientos, ni a sus eventuales implicaciones para el futuro de los colombianos.

En el caso del Ministerio del Trabajo designó a la exsenadora del Polo Democrático, Gloria Inés Ramírez, quien además de haber sido una pieza clave en la negociación del acuerdo de paz con las FARC, no oculta su decidida inclinación de izquierda y su filiación abiertamente sindical al haber comandado los destinos de Fecode y haber hecho parte de la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT.

En palabras de la nueva ministra empieza una era en la cual el ministerio dejará de ser la cartera del Trabajo, para convertirse en el representante gubernamental de los trabajadores. Para mi gusto, esa claridad podría llegar a ser conveniente porque para un empresario siempre será mejor saber a qué se atiene y a qué se enfrenta, en las eventuales interacciones que tendrá con ese ministerio.

En un hecho insólito, el mismo día en que la doctora Ramírez fue designada, se creó una cuenta aparentemente ficticia en Twitter en la cual en unos pocos trinos se indicaba un decálogo de deseos, todos muy controversiales, sobre lo que debería ser la política pública de empleo y trabajo del nuevo gobierno. A pesar de que el Partido Comunista desmintió la autenticidad de la cuenta, a hoy, la ministra no ha rechazado ninguno de esos mensajes, por el contrario, parecería estar de acuerdo, en líneas generales, con las premisas que se le endilgaron.

Hasta el momento en que se escribe esta columna, no se conoce ningún proyecto de ley o de reforma constitucional en el sector trabajo promovido por la nueva ministra, sin embargo, no ha perdido oportunidad para esbozar su “plan” de trabajo haciendo anuncios que preocupan a los empleadores, pero también a los trabajadores.

Literalmente ha dicho de todo, pero el tema se reduce a indicar que su plan se concentrará en derogar normas que vienen operando en Colombia hace más de 30 años (Ley 50 de 1990) o que permitieron reactivar el país en la peor crisis económica de su historia (Ley 789 de 2002). Esas normas no solo ya han sido asumidas por el mercado laboral, sino que son el sustento normativo de figuras trascendentales como el “segundo” y el “tercer” turno, el salario integral, los pactos de exclusión salarial, los fondos de cesantías, las jornadas de trabajo flexibles y los pactos colectivos de trabajo.

Claramente, nuestra legislación laboral necesita reformas, pero derogarla no tiene nada de progresista, por el contrario, sería una medida absolutamente regresiva, retardataria y anacrónica. A manera de ejemplo, el hecho de que hoy podemos tener una actividad comercial pujante en la tarde noche (6 p. m. a 9 p. m.), se sustenta en la posibilidad de organizar turnos que no tengan recargos nocturnos, reconociendo una realidad biológica, social y económica básica: la gente no se acuesta a las 6:00 p. m., ni los negocios cierran a esa hora; quizá en 1950, cuando se expidió el Código Sustantivo del Trabajo que desea revivir el petrismo, sí, pero ahora esa pretensión raya en lo absurdo.

Eliminar los avances en derecho laboral, implica perder millones de empleos, lanzar a los emprendedores a la informalidad y ahuyentar la inversión nacional y extranjera. Comparados con el resto de los países de la región, descenderíamos al escalafón más bajo de la competitividad laboral.

Lo peor de todo es que solo se favorecería al trabajador formal, quien para bien o para mal, ya tiene un empleo digno, pero se desconocería la realidad de los que, por necesidad o por gusto, tienen que lanzarse al emprendimiento, a la economía del rebusque y a la informalidad que les permite subsistir, pero no progresar.

Este es un llamado a la prudencia. Esos anuncios deshilvanados, “filosóficos” y con ánimo revanchista en contra de los empresarios, como si fueran los causantes de todos nuestros males como sociedad, solo traerán más desempleo, más hambre y más pobreza. Nunca dejaremos de insistir en que el mejor subsidio es un empleo formal, estable y digno, pero devolvernos normativamente 30 años, generará todo lo contrario.