Una guerra con pasado, pero sin futuro

Hoy al Frente Nacional hay que abonarle el hecho de haber puesto fin a las viejas y sangrientas contiendas entre liberales y conservadores, aunque es también incuestionable que no tuvo respuestas adecuadas para resolver las tensiones sociales que la propia lucha bipartidista había invisibilizado, ni para contrarrestar los emergentes proyectos contestatarios, que cada vez eran menos residuales y se iban convirtiendo en determinantes dentro de la dinámica política nacional.

El Estatuto de Seguridad, que durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala trató por igual a insurgentes y movimientos sociales, instauró un modelo para manejar el conflicto armado y la protesta social inspirado en los regímenes autoritarios del Cono Sur, pero al igual que en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay fracasó como proyecto hegemónico. En un país como Colombia, con una lucha armada tan larga y compleja, dicho modelo, lejos de prosperar, le inyectaba crecientes bases sociales a la insurgencia.

En 1982 Belisario Betancur intentó un viraje en el enfoque. Sin embargo, el entusiasmo fue pasajero, y como habría de repetirse una y otra vez en las décadas siguientes, mientras unos grupos entraban en negociación -las Farc, por ejemplo-, otros, como el M-19, arreciaban la guerra. La tragedia del Palacio de Justicia puso en evidencia la fragilidad de una paz fragmentada en un contexto de guerra también fragmentada. A finales de la década de los ochenta los papeles se invirtieron: inesperadamente, el M-19 se sumó a la Constituyente del 91 y fue una de las fuerzas que más la impulsó. Las Farc, por el contrario, volvieron con mayor determinación a la guerra y se ilusionaron con un inminente triunfo militar que las obnubiló políticamente. Se sustrajeron al proceso en medio de mutuas recriminaciones.

Mientras sectores gubernamentales denunciaban que las Farc estaban aprovechando la tregua para rearmarse, el grupo alegaba el incumplimiento de los pactos y, sobre todo, el bloqueo a la salida política, que se hacía evidente con el exterminio no solo de la Unión Patriótica, sino de dirigentes de todo el espectro político, líderes sociales y activistas de derechos humanos, ante la mirada atónita, cómplice o resignada de amplios sectores de la sociedad y a menudo con la complicidad de aparatos del Estado. En ningún país latinoamericano en guerra una fuerza política fue liquidada de forma tan brutal como lo fue la Unión Patriótica. El conflicto quedó por lo pronto sin puerta de salida.
 
Los ochenta fueron años de mucho diálogo y de mucha bala, y en medio de esta ambivalencia se gestó el ciclo moderno de la violencia en Colombia, que aún vivimos: el paso de una guerra bipolar, insurgencia-contrainsurgencia, a una guerra múltiple, apoyada cada vez menos en ideologías, alimentada por el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Así se llegó a una guerrilla rica y poderosa pero no seductora, como pudo serlo en otras latitudes. Su poder militar era ahora inversamente proporcional a su legitimidad social y a su capacidad de convocatoria.
 
De ahí que las acciones guerrilleras dejaran de producir acumulados sociales y generaran, por el contrario, retaliaciones devastadoras del paramilitarismo, que creció exponencialmente con el apoyo de políticos, empresarios y propietarios desesperados con la extorsión y el boleteo. La agresividad de las guerrillas con la población civil fue responsable en gran medida de un odio social en el que florecieron el paramilitarismo y sus redes criminales. El hombre medio de la ciudad y del campo sintió la presión de lealtades excluyentes, que con el tiempo se volvieron sucesivas. La identidad de ese hombre medio con los señores de la guerra -carteles, guerrillas o paramilitares- dejó de ser política y pasó a estar determinada por la supervivencia.

Desde los ochenta comienzan a perfilarse los protagonistas de la escena actual. La violencia múltiple oscureció las autorías, los sellos distintivos, los objetivos y los métodos. Para el hombre del común el terrorismo de la droga, la lucha revolucionaria de los insurgentes y la acción contrainsurgente discurrían en una especie de continuum frente al cual ya no importaban las diferencias sino los impactos. La guerra llegó a todos los sectores de la sociedad, no como promesa sino como amenaza, a través de bombas, secuestros, desapariciones, desplazamiento, masacres y 'pescas milagrosas'.

En ese contexto la guerrilla va a encontrar muy difícil convencer a la sociedad de que vale la pena negociar. De allí la tremenda paradoja: a esta guerra, para negociarla, hay que organizarla, hay que reconstruirle los sentidos. Y por eso, más que convencer al gobierno, la guerrilla va a tener que convencer a la sociedad de la necesidad de volver a la mesa de negociaciones.

Esta prolongada guerra no solo ha degradado a sus protagonistas, sino que ha dirigido las transformaciones del país y ha marcado el lugar de Colombia en el contexto internacional. Por la guerra el Estado llegó a las periferias; por la guerra el Estado descubrió las fronteras; por la guerra el Estado ha sido enjuiciado. Esto le ha conferido una particular identidad a Colombia en el concierto planetario: el país ya no está en el conjunto de los países en desarrollo sino de los países en conflicto, muy permeable por cierto a una agenda pública de justicia transicional, habitualmente restringida a sociedades en 'postconflicto'. Verdad, reparación, reconciliación, rehabilitación y reintegración son algunos de los temas que hacen parte de ese universo conceptual y simbólico incorporado al día a día de las instituciones y de las personas. En 30 años, la guerra se transformó a sí misma y transformó al país.

De la Constitución del 91 a la Ley de Víctimas

Insurgentes y contrainsurgentes se distanciaron progresivamente de las fuerzas sociales y de sus entornos regionales, y desde el Estado se produjeron dos grandes hechos de transformación institucional que marcaron una diferencia grande, frente a la situación en la década del ochenta, para un eventual escenario de negociación. El primero fue la Constitución del 91, que partió en dos los caminos de la insurgencia: los que hicieron de ella un tratado de paz y los que la consideraron insuficiente para afrontar los grandes problemas sociales del país. Con todo, las diversas manifestaciones de la guerra se siguieron agravando y cerraron los espacios de apertura de la Carta. La realidad de la guerra convivía con la inspiración democrática y garantista de la norma constitucional. En el contexto internacional. Colombia era a la vez ejemplo de democracia y de degradación de la guerra.

El segundo momento de relegitimación estatal lo provee la reciente Ley de Víctimas, en cuya base está el reconocimiento de los horrores de la guerra y de los millones de afectados, así como la necesidad de afrontar uno de los temas más críticos del conflicto: el de la tierra. Reconocer que uno de los saldos netos del conflicto en los últimos 30 años ha sido el despojo de tierras y la liquidación del movimiento campesino, movimiento democrático por excelencia, representa un viraje que no se puede menospreciar. Hay un conflicto armado que se debe reconocer, hay víctimas que reparar y hay tierras que restituir. Son las grandes tareas del momento, que por sí solas no cambian el rumbo del conflicto, pero sientan las bases para afrontarlo con mayores posibilidades de éxito.
 
Si la Constitución del 91 representaba una apertura institucional para la insurgencia, la Ley de Víctimas intenta una incursión en las raíces sociales del conflicto. Y si antes la guerrilla podía ignorar estos nuevos espacios, hoy los necesita. Si antes había políticas para la incorporación de los actores armados a la institucionalidad, hoy hay sobre todo políticas para los excluidos del orden político, y políticas, más que para los guerreros, para quienes han padecido todas las violencias: las víctimas. Estas, con su memorial de agravios, son las nuevas protagonistas en la arena social y política.

Hay novedades alentadoras en el panorama: reconocimiento del conflicto, condición para tratarlo civilizadamente; aceptación de abrir el debate sobre la política de drogas; un entorno regional de colaboración y no de confrontación; un marco normativo para afrontar los efectos devastadores de la guerra; una guerrilla que hace gestos 'insuficientes', pero simbólicamente importantes; una fuerza política en marcha que se alista para la transición. En fin, las piezas que andaban sueltas desde hace años pueden comenzar a juntarse, y según sabemos, las llaves de la paz no han sido arrojadas al mar. El escenario se ha trastocado. Hace 30 años la guerra comenzaba un ascenso vertiginoso. Hoy se encuentra profundamente desacreditada. La sociedad está expectante, porque si bien es cierto que la violencia ha marcado el pasado reciente de Colombia, la paz puede marcar el futuro próximo del país.

*Director del Centro de Memoria Histórica.