Parar paga

La falta de un diálogo efectivo despertó en el país un afán desbordado por los paros, y bloqueos. Los cierres viales y las amenazas se volvieron frecuentes con graves consecuencias para una economía con serios síntomas de estancamiento.

Al cierre de esta edición, la agenda la copaba la protesta agraria, de los mineros artesanales y de los transportadores, entre otras. Aunque este paro inicialmente no tuvo el despliegue del cafetero de inicios de año ni del de Catatumbo, se está generando una tendencia: que las protestas se conviertan en un buen negocio y en la presión para obtener resultados.

La puerta la abrió el paro cafetero. Tras 11 días de protesta, los cultivadores lograron que el Gobierno les autorizara un subsidio o Protección del Ingreso de $145.000 para la carga de 125 kilos y otros cuatro puntos, decisiones que representan cerca de $1 billón. Ahora están a la espera de que dicha ayuda se amplíe hasta 2014 bajo la amenaza de volver a las calles.

En el Catatumbo la situación no es diferente. Tras dos meses de cierres viales y parálisis económica, el Gobierno tuvo que ceder y abrió su chequera para financiar vías, acueductos y subsidios. La situación era insostenible y amenazaba contagiar otras regiones del país.

Los paperos también hacen cuentas. Asfixiados por la importación masiva del tubérculo y la falta de tecnificación en los campos de Boyacá y Nariño, estos cultivadores piden $40.000 millones en ayudas. Una reducción en el precio de los fertilizantes podría bajar los ánimos, pero al cierre de esta edición no se había tomado una decisión en esa dirección.

Con los cultivadores de papa no ha habido diálogo luego del paro de unos 50.000 cultivadores en mayo del presente año. Tampoco han recibido asistencia para cambiar de cultivo o modo de subsistencia teniendo en cuenta la baja competitividad del sector frente al producto importado.

Pero si alguien sabe de paros y movilizaciones son los camioneros, quienes no se quisieron quedar por fuera de la ‘fiesta’. Los cerca de 100.000 transportadores de carga agremiados en la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, reclaman una reducción de $1.960 en el galón de gasolina y de $2.040 en el ACPM, a las que suman otras exigencias, como la reducción de algunos peajes y un mejor estado de la red vial. No hay que perder de vista que estas mismas exigencias propiciaron el paro anterior cuyo alcance impactó negativamente el crecimiento de la economía en 2011.

Otro grupo de trabajadores que protesta es el de la salud. Estas personas no están de acuerdo con la Ley Estatutaria que se tramitó en el Congreso de la República y con la reforma ordinaria que cambiaría todo el sistema de salud, incluida la Ley 100. El sector considera que es inconstitucional supeditar un derecho a la salud a la disponibilidad fiscal del Estado.

La denominada minería informal también tiene las cartas echadas. La resolución del Ministerio de Minas que ordena la destrucción de la maquinaria usada para explotaciones ilegales tiene a estos mineros desesperados. El problema grave es que los grupos al margen de la ley han permeado totalmente al sector, lo que dificulta cualquier negociación. En la actualidad es difícil precisar cuántas familias derivan su sustento de la actividad informal para focalizar las regulaciones. A la problemática económica del sector minero se suma el tema ambiental.

Aunque para algunos sectores el bloqueo y paro son un buen negocio, queda claro que la mayoría de ciudadanos pierde con este tipo de protestas violentas. El turismo en las regiones se paraliza, la zozobra económica aumenta, los daños en la propiedad privada por cuenta de los vándalos se incrementa, sin hacer mención a la caída en la productividad por cuenta de los cierres viales y las menores ventas en el comercio.