¿Sabe la diferencia entre un refugiado y un inmigrante?

Los recientes ataques perpetrados por Daesh o Estado Islámico en Bruselas han reabierto el debate en el seno de la Europa de los 28 sobre cómo contrarrestar la cruzada antioccidental que mantiene el grupo terrorista en suelo europeo.

Mientras tanto, miles de refugiados aguardan a las puertas del viejo continente una oportunidad para recuperar sus vidas. Huyen de la guerra y el terror que el Estado Islámico ha impuesto en sus respectivos países. El mismo agente desestabilizador que tiene a Europa en jaque.  Sin embargo, y a pesar de esta analogía, los líderes europeos mantienen una férrea política para frenar la llegada masiva de estas personas, saltándose, en muchos casos, el derecho internacional que los ampara.

Semana Educación recoge los conceptos que hay que conocer para entender la actual crisis humanitaria que tiene en vilo a la Unión Europea.

Refugiado

De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de Naciones Unidas, adoptada en Ginebra en 1951, refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país”.

Es responsabilidad de los Estados proteger a sus ciudadanos. En caso contrario, es obligación de la comunidad internacional en su conjunto velar por los derechos de estas personas, que, entonces, pasan a  considerarse ‘refugiados’.

Estos migrantes forzados tienen derecho a protección internacional y a pedir asilo en el país de acogida siempre y cuando puedan demostrar que huyen para “salvar sus vidas o preservar su libertad”, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR).

Inmigrante económico

Es como se denomina a las personas que abandonan sus países de origen buscando oportunidades económicas y laborales. No tienen derecho a solicitar asilo, ni a la protección internacional que ampara a los refugiados.

Esta distinción que recoge el derecho internacional ha sido criticada en numerosas ocasiones por diferentes organizaciones pro derechos humanos, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear).  El argumento es que, bajo esta figura de inmigrante económico, no se contempla que la razón por la que estas personas abandonan sus hogares pueda descansar en la incapacidad de sus países de origen a garantizarles una vida digna.

En esta lógica se basan muchos estados para justificar las ‘devoluciones en caliente’, o deportaciones, de inmigrantes con destino a sus países de origen.    

Derecho de asilo

Está contemplado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por el cual se reconoce que toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en caso de persecución.

El derecho de asilo obliga a las autoridades pertinentes a asegurar que el solicitante tenga acceso a un procedimiento justo y efectivo para la evaluación de su caso. Mientras se tramita la solicitud, la persona no puede ser devuelta en ningún caso al país del que huye, donde su vida, libertad o seguridad están en riesgo.

Si, finalmente, la solicitud es aceptada, a la persona se le aplica el Estatuto del refugiado, por el que no puede ser deportada.

Acuerdo UE-Turquía

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países que conforman la Unión Europea firmaron el pasado 18 de marzo un acuerdo con Turquía para deportar a este país a todos los refugiados e inmigrantes irregulares que lleguen a las costas de Grecia.

En el texto se hace una referencia a las demandas de asilo que se presenten en Grecia, que, siguiendo con la legalidad internacional, deberán ser estudiadas de forma individual. Por lo tanto, se prohíben las deportaciones colectivas, también denominadas ‘devoluciones en caliente’.

Así pues, las personas que alcancen suelo heleno serán devueltas a Turquía, donde se las confinará en campos de refugiados hasta el estudio de su caso. Si las autoridades pertinentes no las consideran beneficiarios del derecho de asilo, es decir, se les considera inmigrantes económicos, serán deportadas a sus países de origen, aunque provengan de estados en guerra, como sucede con Siria.

Tras la firma, 16 ONG, entre ellas Amnistía Internacional, emitieron un comunicado por el que instan a que se dé marcha atrás en este pacto alegando que “pone en peligro la protección internacional a la que tienen derecho las personas refugiadas”.

PARA EL DEBATE

¿Qué opinión le merecen las medidas migratorias que aplican los estados de la Unión Europea para frenar la llegada de refugiados sirios? Deje su comentario en nuestro twitter @SemanaEd y @JuliaAlegre1