¿En qué invertirán las universidades públicas los nuevos recursos que recibirán del Gobierno?

En medio de las discusiones sobre el déficit de la educación superior en Colombia, y en especial de la falta de recursos de las universidades públicas, la noticia sobre el acuerdo alcanzado hace un par de semanas entre rectores y Gobierno fue positiva.

Aunque el pacto no puso fin a las protestas y no fue bien recibido por los estudiantes, que se sintieron en ese momento excluidos del diálogo y consideraron que lo acordado no era suficiente, el hecho de que lleguen mayores recursos a las universidades públicas fue bien recibido por estas instituciones, que requieren con urgencia este dinero para garantizar su funcionamiento.

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Son 1,1 billones de pesos para funcionamiento (proveniente de las transferencias del Estado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más tres puntos porcentuales en 2019 y de cuatro puntos porcentuales para 2020, 2021 y 2022 respectivamente) y 1,2 billones para inversión (300.000 millones por año) son cifras robustas.

¿La cuestión es, repartiendo esa suma entre los diferentes rubros y entre las 32 instituciones beneficiarias, ¿para qué tanto alcanza?

Entre los temas más urgentes que presentan las universidades son el pago y el aumento de la nómina docente y administrativa. Según los rectores, destinar plata a esta área es fundamental porque garantiza la operatividad de la institución y, junto con la ampliación del campus, se traduciría a largo plazo en aumento de cupos estudiantiles.

En este tema, la Universidad del Quindío puede servir como ejemplo de lo que significan estos recursos. Del 1,1 billones de pesos, a esta institución le corresponderían posiblemente unos 20.000 millones al finalizar el cuatrienio de Duque. Eso le permitiría pasar de unos 63.500 millones en 2019 a cerca de 84.000 millones en 2022, con los cuales podrá cumplir con el Plan de Mejoramiento, como parte del cual podrá nombrar por año alrededor de 20 docentes de planta. Ese será el principal gasto en el que invertirán el dinero de funcionamiento.

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A diferencia de la universidad del Eje Cafetero, la Pedagógica está en una situación más apretada. Según Leonardo Martínez, su rector, aunque su claustro también contará con un aumento de cerca de 20.000 millones (arrancarán con 75.000 millones y al finalizar el gobierno Duque contarán con 94.000 millones), para gastos de funcionamiento se requerían 118.000 millones solo para 2019. La adición es significativa, pero no alcanza.

“El pago de nómina de profesores de planta, cátedra y ocasionales, además de administrativos, nos cuesta casi 89.000 millones. Los otros 29.000 millones están representados en gastos en término de mantenimiento: los generales como la vigilancia, el aseo, servicios públicos demandan cerca de 13.550 millones, y el resto se irá en servicios a la deuda y transferencias corrientes. La plata que recibiremos del acuerdo nos alivia porque no entraremos en déficit, pero seguiremos apalancando estos gastos con recursos propios”, explicó el rector.

Y, en cuanto al monto que pactó el gobierno para inversión, a la Pedagógica le corresponderán 26.300 millones en los cuatro años, es decir, 6.600 millones cada año. Sin embargo, Martínez clarificó que los gastos de inversión solo para 2019 serán, aproximadamente, de 18.000 millones. Por eso, destinar responsablemente esos recursos será crucial, pero no alcanzará para áreas importantes.

“Del presupuesto total para inversión, el 40 por ciento saldrá de la Pedagógica. Pero lo que nos entregará el Estado, la mayoría se irá en mantener la investigación, financiar convocatorias internas y capacitación docente. No hay posibilidad de aumentar cupos, en este momento tenemos más de 8.000 estudiantes. No podremos invertir en bienestar universitario ni en formación ambiental, por ejemplo”.

En cambio, el rubro de inversión de la Universidad de Antioquia será mayor, lo que representa una importante posibilidad para mejorar en infraestructura. John Jairo Arboleda, rector de la entidad, dijo que este monto se define por concurso, que a los proyectos de la universidad les ha ido bien y que entonces aspirarán a un valor entre 80.000 y 90.000 millones adicionales.

“Con esa plata ampliaríamos la infraestructura física y tecnológica de nuestras sedes regionales. En Sonsón necesitamos construir un bloque para tener más aulas; en Urabá es prioridad contar con una sede para el programa de Ciencias del Mar y, en Andes, requerimos de un centro de investigación agropecuario”.

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A esta universidad, sin embargo, sí le alcanzará para ampliar su cobertura. En Medellín mantendrá la cifra de 32.000 estudiantes de pregrado y posgrado, y en las regiones aspira a pasar de 6.000 alumnos a 7.500 al finalizar el cuarto año del actual presidente.

El panorama financiero varía y así como para la Universidad de Antioquia los avances podrán ser muchos, la historia es distinta para la Universidad del Tolima, que no cuenta con los recursos suficientes ni siquiera para finalizar este año. Según Omar Mejía, su rector, los pesos harán falta tanto para funcionamiento como para inversión.

“Tenemos dificultades muy grandes para el cierre financiero. Recibimos la universidad en 2016 con un déficit de 24.000 millones e hicimos esfuerzos para que a 2018 sea de 11.500 millones. Pero, con todo lo que ha pasado con los paros de los últimos días, consideramos que el déficit aumentará porque pese al cese de actividades, los gastos siguen. Tan solo en el pago de profesores catedráticos se van al mes 1.500 millones”, explicó.

Sin el acuerdo, la Universidad del Tolima iniciaba 2019 con cerca de 55.000 millones. Pero, con lo pactado con el gobierno, empezará el próximo año con 1.500 millones más. El primer año no será significativo, pero los siguientes podrá sentir menos presión financiera.

“La gran preocupación nuestra es el funcionamiento de la universidad. Empezaremos el 2020 con casi 60.700 millones, el 2021 con 67.000 millones, y el 2022 nuestra base presupuestal será de 70.000 millones. Al finalizar los cuatro años se habrán adicionado más o menos 15.000 millones, pero no es suficiente...es que si esa plata se diera por adelantado, sería buenísimo. Pero como nos llega de a poquito...”.

Pese a que será un esfuerzo por ver a qué le invierten recursos y a qué no, lo más posible es que la Universidad del Tolima destinará parte de ese dinero en pago de docentes (atrasados y al día), investigación e inversión social, como las brigadas de salud que hacen en las regiones.

Aunque el sueño del rector es construir una sede en Chaparral, pero el costo de más de 60.000 millones hace que, por el momento, esa idea aún no se pueda materializar. Por eso, los 5.400 millones por año que recibirán de inversión lo destinarán para algo que sí es posible: asegurar la permanencia de los estudiantes en los programas. ¿Cómo? “Por medio de los subsidios de transporte, fotocopias, restaurante y residencias estudiantiles”.  

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Además de eso, hay otros aspectos urgentes como reemplazar los viejos computadores de su institución, dotar de internet los espacios de prácticas, construir un edificio de 100 aulas y pagar regularmente las bases de datos. Pero el rector aún no sabe si con el dinero cubrirán esas necesidades: “Yo aún no sé porque como no han llegado los recursos no me puedo poner a organizar esa plata. Esto lo acabamos de firmar, es un compromiso que apenas  está en una carta, pero no nos han llegado actas administrativas como para uno comprometerlos. Todavía no podemos hacer esa planeación”.

Con estos dineros, algunas universidades llevarán a cabo varias de sus inversiones. Aunque no alcanzará a cubrir todos los proyectos. Los déficits individuales son las razones de peso para que los rectores concuerden en que, pese al avance, una reforma a la Ley 30 será crucial. El respiro durará cuatro años sin ese cambio estructural que les permita a las universidades salir del saldo rojo que cargan desde hace más de 20 años.