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| 2/23/2019 7:00:00 AM

Ponen en cintura a instituciones educativas piratas

La Secretaría de Educación de Bogotá anunció un cambio en el enfoque de inspección y vigilancia de establecimientos ilegales.

Instituciones educativas ilegales en Bogotá Claudia Puentes, secretaria de educación de Bogotá, dijo que de mayo a diciembre de 2018, la entidad aumentó las actuaciones administrativas. Foto: Guillermo Torres
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Semana Educación

Con el fin de lograr resultados efectivos y un mayor control sobre el universo de instituciones educativas en Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital anunció un cambio en el enfoque de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos ilegales en la capital del país.

En este sentido, la secretaria de educación de Bogotá, Claudia Puentes, explicó que se están desarrollando herramientas para facilitar el reporte de los casos de ilegalidad, por parte de la ciudadanía, y rediseñando el trámite sancionatorio para reducir los términos.

Señaló que la función de vigilancia se ejercerá sobre el universo de instituciones educativas: 1.808 colegios privados, 401 oficiales, 429 instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH), 129 centros de enseñanza automovilística y 900 fundaciones, corporaciones y asociaciones, así como 1.408 asociaciones de padres de familia.

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De acuerdo con cifras reportadas por la secretaría, de mayo a diciembre de 2018 la entidad aumentó las actuaciones administrativas, pasando de 57 a un total de 133 decisiones en el periodo mencionado. “Las instituciones que incumplen evaden la norma y, una vez impuesta la sanción, a través de recursos dilatan la ejecución de la misma”, precisó.

Es por esto que la Secretaría de Educación está mejorando la gestión, acelerando los términos en la etapa de indagación y en la formulación de cargos. De esta manera, el proceso se reduce de 3 años a un año. Además, tiene georreferenciados los colegios, según el uso del suelo, para asegurar un mayor control sobre las instituciones.

Adicionalmente, se está formulando un nuevo reglamento territorial que armoniza las acciones con el nuevo Plan Maestro de Equipamientos Educativos; precisa la articulación de actividades y competencias entre director local, nivel central de la Secretaría de Educación y alcaldías locales; establece algunos roles y regula las actividades del personal a cargo de inspección y vigilancia; e implementa el comité asesor de inspección y vigilancia, en el cual participan el nivel central y local.

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También especifica los criterios para la autorización de los derechos académicos y unifica los criterios para los diferentes procedimientos de otorgamiento de licencias, aprobación de costos y procesos administrativos en general.

“Junto con el Concejo de Bogotá estamos haciendo un fuerte trabajo de inspección y vigilancia, para evitar que los padres de familia sean asaltados en su buena fe con servicios educativos que no cuentan con todas las licencias”, puntualizó.

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