EDUCACIÓN SUPERIOR

Los puntos claves para entender el acuerdo entre rectores y estudiantes

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, catalogó la decisión como un “gran pacto por la educación”, y en efecto el acuerdo por las universidades es un avance “histórico”. ¿Qué representa este pacto? ¿Qué se quedó por fuera?

15 de diciembre de 2018

El 13 de diciembre el Gobierno Nacional y el movimiento estudiantil firmó, por fin, el tan esperado acuerdo por la educación superior pública. Luego de 64 días de paro nacional y más de un mes y medio de instaurada la mesa de diálogo entre los voceros estudiantiles y los delegados del gobierno, el presidente Iván Duque recibió a los universitarios en Palacio.

El encuentro permitió que las partes llegaran a un consenso final. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, catalogó la decisión como “un gran pacto por la educación”. Mientras varios medios plantearon que el avance era un paso “histórico”. Hubo júbilo y satisfacción por parte de todos los implicados y el movimiento estudiantil, en boca de Jennifer Pedraza, una de las líderes de los jóvenes, envió un mensaje a Colombia: “La gran conclusión de este acuerdo es que luchar sí sirve”.

Sin embargo, luego de la emoción y tras conocer el acta completa que contiene los detalles de lo pactado, surgen más preguntas: ¿qué quedó por fuera?, ¿que representa este acuerdo? ¿toca o no el problema de fondo de la educación?

Las respuestas abarcan las claves para mirar con más claridad qué se logró en la mesa de diálogo. Estos son los principales puntos para entender “lo bueno, lo malo y lo feo”, como dijo Fabio Sánchez, uno de los expertos con los que habló Semana Educación.

¿ “Gran pacto por la educación” o un acuerdo financiero?

La mesa de diálogo logró adicionar a las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas más de 4,5 billones de pesos durante el cuatrienio Duque. De eso, el centro del acuerdo y la mayor conquista en esta decisión fue el aumento de 1,34 billones de pesos a la base presupuestal de las universidades, y no los temas estructurales que aquejan a los centros de estudio y formación para el trabajo.

Por eso, Natalia Ariza, exviceministra de Educación Superior y economista de la Universidad Nacional, explicó que a sus ojos los problemas de este sector son mucho más profundos y no se solucionan meramente con recursos.

“El acuerdo empieza en un tema de principios, diciendo que es un ‘gran acuerdo’ por la educación superior. Pero no. Es un acuerdo en la parte financiera por las universidades públicas, porque lo que toca de las instituciones técnicas y tecnológicas (ITTU) es apenas algo para darles un contentillo”.

El pedazo del pastel para las ITTU

El acta oficial habla por sí misma. De los 15 puntos acordados, solo 2 hacen referencia directa y única a lo referente a las ITTU: los recursos de financiamiento de las ITTU públicas y el reconocimiento del 100% del descuento por votación.

En el primero, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se compromete a construir en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que “permita la transferencia legal de los recursos del Presupuesto General de la Nación a las ITTU para funcionamiento”. Esto se hará con los voceros de la mesa de diálogo y los representantes de las ITTU.

El segundo trata del descuento por votación con el que el Estado reembolsa un monto de recursos cuando los estudiantes asisten a las urnas. “El MEN se compromete trabajar con el Congreso en un proyecto de ley que busque garantizar el reembolso del 100% del descuento que actualmente se entrega”. Sobre esto Ariza comentó, como dice el enunciado, que esto ya se hacía, pero “sin determinar un porcentaje”. Ahí estaría la novedad.

Sobre el mismo punto se pronunció Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana: “El acuerdo baja la fiebre pero no soluciona la enfermedad. Fue la muestra de un sistema de educación superior público completamente parado más de dos meses para arreglar con dinero anunciado y sin soluciones de fondo”.

Los reparos sobre los recursos logrados en un acuerdo ‘poco histórico’

El logro en términos financieros es, a simple vista, monumental: un movimiento estudiantil que sobresalió con un discurso constante en el escenario público y que logró varios billones para la educación superior pública. Sin embargo, para algunos expertos no fue algo histórico porque en años anteriores ya se han adicionado recursos a las universidades públicas por encima del IPC.

“¿Ayuda a las finanzas o es histórico? Este no es el primer paro y no es la primera vez que se le inyecta capital adicional a las universidades. Al menos una vez cada dos años estas instituciones reciben más puntos por encima del IPC”, recordó la exviceministra Ariza. Es decir, si bien es un avance, no es algo nuevo.

De igual forma pasa con los recursos provenientes del ya mencionado descuento por votación y los 300.000 millones que vendrán de los excedentes de las cooperativas. Son acuerdos hechos encima de leyes ya existentes pero que por algún motivo o no se cumplían y esta vez se les hacen algunas variaciones.

El profesor de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Fabio Sánchez, dijo que eran positivos varios aspectos consignados en el acuerdo y que sí representan aumentos monetarios para las instituciones de educación superior, sin embargo encontró también reparos.

“El acuerdo solo contempló los recursos que iban a ser destinados a las universidades públicas, pero no se consignó ninguna obligación adicional por parte de estas o ningún acuerdo específico para trabajar en los temas donde hay grandes fallas. Por ejemplo, en el tema de deserción: solo el 50% de los estudiantes llegan a décimo semestre, lo cual constituye una pérdida de los recursos. Otro tema es la duración de las carreras porque por alguna razón los semestres en los claustros públicos duran masomenos 14 semestres y deberían ser de 12”.

Bajo la mirada de Sánchez, se podría decir que quizá el mayor inconveniente del presupuesto es que no estipula compromisos sentidos por parte de los centros de formación, que serán los que administren el caudaloso recurso.

La autonomía universitaria: ¿cruz o beneficio?

La falta de compromiso a la que hizo alusión Sánchez es un tema que puede recaer en uno de los asuntos más cuestionados pero del que no se habló en el acuerdo con el gobierno, la autonomía académica, financiera y administrativa que tienen las universidades públicas.

Natalia Ariza lo explicó con un ejemplo: “Esto es como decir que una persona vive en la casa de sus papás y a los 18 años nadie puede decirle nada acerca de su vida, ni pueden ponerle reglas y es quien toma las decisiones, a pesar de que los padres la siguen financiando”.

Para ella, eso pasa con las universidades. Entre los problemas estructurales está justamente el financiar sin contar con una instancia que vele porque las instituciones tengan regulaciones o parámetros para el uso de la plata.

“Las IES públicas al ser autónomas no reportan cuántos docentes tienen, ni cómo están sus programas. No hay planeación. Entre los problemas de fondo está saber ellas cómo definen sus gastos, inversiones y capacidad de cobertura. Y pese a eso, el Ministerio de Hacienda es el que debe garantizarles el presupuesto”, dijo Ariza.

Sobre esto también opinó el director del Observatorio de la Universidad Colombiana. Lopera cuestionó esta situación porque “nadie sabe si realmente lo que se dará es lo que se necesita, porque ni el sistema ni el gobierno se atreve a pedir rendición de cuentas de las universidades”.

Es decir, la distribución de los recursos no se ahonda de forma explícita en el acuerdo y es importante porque luego de conseguir los recursos el siguiente paso es decidir cuánto le va a llegar a cada institución.

“Esta sería una oportunidad para que el país empiece a equilibrar la asignación por estudiante, porque las universidades oficiales de mayor reconocimiento ganan hasta 3 veces más por estudiante que las pequeñas universidades regionales”, explicó Martínez.

¿Triunfo para Colciencias?

En la reuniones participó también Diego Fernando Hernández, director de la entidad. En un principio para Colciencias los estudiantes pedían adicionar a su presupuesto 700.000 millones. En este acuerdo se pactó la entrega de 500.000 millones: 250.000 para fomentar las becas de excelencia del programa “Doctoral del Bicentenario”, y el resto para proyectos de inversión para fortalecimiento institucional y de investigación de las instituciones de educación superior.

¿Con este acuerdo ganará la ciencia y la tecnología en el cuatrienio Duque? Es positivo tener una cartera más robusta, pero la destinación sigue siendo una piedra en el zapato.

Por un lado, esto le preocupa al profesor Sánchez porque “para ciencia y tecnología es demasiado grande y no creo que las universidades tengan la capacidad de desarrollar los recursos”.

Y por el otro, a Carlos Mario Lopera le preocupa la nueva inversión para becas. “La mayor parte del presupuesto de Colciencias se va para doctorados. Pero esto termina siendo un beneficio particular y no está amarrado a un proyecto concreto sobre cuál es la investigación que necesita el país y en qué áreas”.

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La voz de los expertos habla de un análisis sobre lo pactado y del futuro que el nuevo presupuesto le augura a la educación superior. Sin embargo, el acuerdo no tocó los problemas profundos de la educación: la inequidad, la falta de acceso a la educación, el modelo educativo y una reforma completa a la ley 30 de 1992, temas que ni siquiera quedaron en el tintero.

Y los estudiantes lo saben. “Lo que entendemos es que en un paro se garantizan y son posibles ganar algunas cosas, incluso apostarle a apretar mucho más los artículos 86 y 87 de la ley 30. Pero tenemos claro que no tenemos la capacidad y las condiciones para establecer una reforma a la educación que sea como nosotros la queremos”, dijo Diego Cortés, asesor de los estudiantes y miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees).

Por ahora, 2019 será un año en el que —según el movimiento estudiantil— se pondrán en marcha el acuerdo y nuevas movilizaciones sociales, pues esta conquista es solo una que soluciona los problemas universitarios en mediano plazo.

Así mismo, en palabras de Cortés, no se quiere abrir la caja de pandora de las reformas que necesita la educación, pues “podemos correr el riesgo de abrir la puerta para hacer todas las reformas que este gobierno quiera y que sean en contravía de ese acuerdo de financiación que conseguimos y del concepto de educación que tenemos”.