Los retos del nuevo modelo de calificación en los colegios

 La tarea de definir cómo calificar a los estudiantes de primaria y bachillerato es, desde ahora, de cada colegio privado o público, según lo reglamenta el decreto 1290, que entró en vigencia este 16 de abril. Para las instituciones que tienen calendario B empieza a regir desde mitad de este año y para los calendario A, desde enero de 2010.

La nueva norma llega para reemplazar el decreto 230 de 2002,  que ordenaba que el Ministerio de Educación fijara los criterios para evaluar a los estudiantes. Pero esa norma tuvo muchos detractores, entre ellos muchos educadores, que consideraban que los colegios tienen autonomía para definir sus métodos y programas de educación y cada manera de enseñar debe tener su propia manera de calificar y no una impuesta para todos.

“Yo percibí en reuniones con más de 10 mil docentes de las regiones colombianas que el decreto 230 no representaba los intereses particulares de cada situación y, muchos educadores que tenían ideas interesantes para evaluar de otras formas acordes a sus necesidades, decían que dicha norma no se los permitía”, comenta Francisco Cajiao, experto en temas de educación que participó en las discusiones que soportaron la decisión de emitir el reciente reglamento.

Según la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, la elaboración del decreto que ordena que cada colegio diseñe su método de calificación se hizo con la participación de 48.968 personas entre docentes, padres de familia y estudiantes.

El producto final es un decreto que les ordena a los colegios definir cómo será la evaluación de sus estudiantes en un diálogo con los padres, profesores y directivos. En cada colegio, debe haber un grupo de personas encargado de resolver inconformidades de los estudiantes o sus padres con las calificaciones.

Pero la nueva  autonomía que entregaron a los colegios también tiene críticos. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha vaticinado una anarquía educativa en la que cada quién terminará haciendo lo que quiera.

"Me parece que es desastroso, porque eso es anarquía. El Estado debe regular esto, aquí el Estado esta renunciando a la educación y esta entregando la promoción a las instituciones, va a haber mucha asimetría, no va a haber movilidad entre las instituciones porque unas dicen una cosa y otras otra", dice el vicepresidente de Fecode, Álvaro Morales.

A ese respecto, la ministra Vélez explica que habrá mecanismos para monitorear los resultados de cada sistema. “No vamos a evaluar los métodos que elija cada colegio porque eso no nos interesa. Lo que nos importa son los resultados”, dice.

Según lo ordena el decreto, los métodos de calificación no están libres del todo. Deben obedecer a una escala definida en esa norma que consta de cuatro calificaciones: desempeño superior, alto, básico o bajo. Y eso permitiría tener un parámetro para cuando los estudiantes quieran pasarse de un colegio a otro, según comenta la Ministra.

“La denominación de desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos”, explica el decreto.

Con esto, si por ejemplo un colegio decide que su calificación es de 1 a 10, debe establecer qué rangos de números harían parte de la calificación de desempeño superior, cuáles del alto, cuáles del básico y cuáles del bajo.

Además, cada tres años se harán evaluaciones en todos los colegios en los grados quinto y noveno, para medir cuáles se están quedando atrás en lo que enseñan y, por último, están las pruebas Icfes, que califican a los estudiantes al terminar su bachillerato.

Y fuera de eso, las secretarías de educación de cada departamento tienen la misión de acompañar a los colegios en este proceso de definición de sus modos de calificación y de resolver problemas que se generen la manera seleccionada.

Esta nueva norma, además, da la facilidad de promoción de estudiantes a un grado superior cuando se considere que el alumno tiene suficientes habilidades para desempeñarse en un nivel más avanzado. Y cuando ocurre lo contrario, que el alumno no tiene rendimiento en el grado que cursa, la institución puede decidir poner al joven a que repita el año, pero garantizándole el cupo para que en el siguiente año siga en el colegio.

El reto que se viene con este decreto para la educación es grande porque cada colegio puede tomar diferentes caminos: el de la tiranía o el de la alcahuetería. Como dice la ministra Vélez, lo que importan son los resultados y ahí el trabajo desde su despacho puede tomar dos rumbos también: el de atomizar la responsabilidad de la educación o convertirse en un verdadero acompañante y vigilante de lo que pasa en cada colegio.