| Foto: Semana Educación

EDITORIAL

La voluntad de llegar a acuerdos

Las recientes movilizaciones de maestros en todo el país revelan que el descontento social es también un motor para la unidad nacional y el nuevo escenario para canalizar la reivindicación pacífica.

21 de junio de 2017

Colombia es un país que contempla el derecho a la huelga desde la Constitución del 91. Consagrado en el artículo 56, está estrechamente relacionado con los principios constitucionales de solidaridad, dignidad y participación y con la realización de un orden social justo. En este sentido, prosigue la norma, la huelga es fundamental para la conformación de un Estado democrático, participativo y pluralista. 

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En el último mes parece que la ciudadanía se han tomado este mandato muy en serio. No en vano, centenares de personas han inundado las calles de las principales ciudades del país. Unas movilizaciones que se hicieron más patentes, si cabe, desde que miles de maestros liderados por Fecode decidieran salir en masa para reivindicar sus demandas laborales, de salud y garantías salariales.

En Bogotá, el paro docente desencadenó una huelga masiva de gremios a priori tan dispares entre sí como los de los empleados de Medicina Legal, el Inpec, la Dian, el Sistema Judicial, el Sena y los del Ministerio de Trabajo. Pero a todos ellos los caracteriza algo: son la cara de la insatisfacción por el bajo reconocimiento que el Estado confiere a su labor.

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Lo mismo sucedió en Buenaventura, el gran ejemplo —y el único exitoso por el momento— de cómo la convocatoria de los maestros logró adherir el malestar general de toda una población. Después de más de 20 días de paro, el gobierno acordó finalmente destinar 1,5 billones de pesos a varios gastos. De estos, 170.000 millones irán para infraestructura educativa. 

Este camino que han tomado las movilizaciones sociales que recientemente han liderado los profesores a lo largo del país es síntoma de que Colombia está preparada para transitar por la vía de la lucha política y pacífica en las calles como forma de asegurar el mantenimiento o adquisición de nuevos derechos y libertades.

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Una forma de organización social que años atrás estuvo demonizada e incluso criminalizada a causa del conflicto armado, especialmente en las regiones, donde participar o no en una marcha marcaba la diferencia entre el señalamiento por parte de los diferentes grupos armados o el anonimato.

El nuevo escenario reivindicativo que se está gestando es la evidencia más contundente de que el descontento popular se puede canalizar hacia una convivencia democrática al calor de la huelga, algo que sucede desde hace siglos en las democracias consolidadas como las europeas.

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Pero, de la misma manera que se debe legitimizar esta forma de participación política, también cabe preguntarse si, en el caso de los maestros, estas movilizaciones lograrán su propósito de conferir mayor calidad a un sistema educativo que todavía arrastra muchos desafíos. También plantear si la nivelación salarial que exige Fecode para 2020 y 2021 a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2018 es la vía para lograr la excelencia docente que tanto necesita el país.

Tampoco hay que olvidar que el propósito del paro es llegar a acuerdos, una premisa que requiere de la voluntad de las partes. Más cuando lo que está en juego es el acceso a la educación de 8.300.000 niños del sector oficial.

Esta editorial hace parte de la edición 25 de la revista Semana Educación que acaba de salir al mercado.  Si quiere informarse sobre lo que pasa en educación en el país y en el exterior, suscríbase ya llamando a los teléfonos (1) 607 3010 en Bogotá o en la línea gratuita 01 8000 51 41 41.

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