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| 10/10/2019 6:00:00 PM

¿Sirve el proyecto para que responsables de desmanes en protestas paguen hasta 10 años de cárcel?

Académicos y estudiantes se pronunciaron acerca del proyecto de ley radicado en el Senado por el representante del Partido Liberal, Víctor Manuel Ortiz. Aseguran que la medida pone en riesgo a miles de jóvenes.

Responsables de desmanes en protestas podrían pagar 10 años de cárcel ¿Sirve el proyecto para que responsables de desmanes en protestas paguen hasta 10 años de cárcel? Foto: Esteban Vega
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Semana Educación

Las personas que cubren sus rostros para dañar bienes públicos y privados, e incluso para herir a la Fuerza Pública durante las manifestaciones, podrían ser castigados con hasta 10 años de prisión. Esa es la propuesta que el representante del Partido Liberal, Víctor Manuel Ortiz radicó en el Senado esta semana y que ha generado un debate entre estudiantes y académicos que creen que se está desligitimando la protesta social. 

De acuerdo con el representante Oritz, hoy no existe un tipo penal que castigue el vandalismo. "Si un Policía detiene a una persona por dañar un bien, lo van a procesar por daño en bien ajeno y dependiendo de la cuantía del delito puede se querellable. Lo mismo ocurre si agrede a un miembro de la fuerza pública", explicó.

Foto: Esteban Vega. 

Por eso, en el proyecto de ley se establece que podrían ser castigados con un pena de entre 6 a 8 años de prisión y con una multa de entre 100 a 500 Salarios Mínimos Mensual Legal Vigente (SMMLV), es decir, de 80 millones hasta 410 millones de pesos. En caso de que la persona detenida tenga en su poder artefactos explosivos como papas bombas y bombas molotov, podría pagar hasta 10 años de prisión.

La pena se dará en los siguientes casos:  

1 Obrar en coparticipación criminal.  

2 Ocultando su rostro total o parcialmente, de tal manera que no permitan su identificación o la dificulte.                  

3 Fabrique, transporte, almacene, distribuya, ofrezca, venda, suministre, adquiera, tenga en su poder, lleve consigo, porte armas o explosivos de fabricación casera o artesanal, o sustancias corrosivas o similares.   

4 Si la conducta de los daños causados sobre los bienes públicos o privados, cuyo valor superen los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad

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La medida, que fue presentada por segunda vez, ha generado reacciones negativas entre los estudiantes y algunos académicos. Por un lado, Valentina Ávila, miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), cree que este tipo de proyectos legitiman la estigmatización al movimiento estudiantil. "El Gobierno ha implementado todos los mecanismos para desincentivar la asistencia a la movilización estudiantil a través del amedrentamiento. Todas las instituciones del Estado, desde la Policía hasta las Fuerzas Militares tienen una máxima de presentar resultados, y entonces, es problemático para nosotros que se materialice a través de este proyecto, porque muchos inocentes suelen ser los detenidos", expresó Ávila.

Según dijo a Semana Educación un docente de la Pontificia Universidad Javeriana, quien prefiere no revelar su nombre por seguridad, en las protestas en las que el Esmad lanzó gases lacrimógenos al Hospital Universitario San Ignacio, él se encontraba cerca a la institución y fue atacado. "Un agente del Esmad vino hacia mí, me hizo zancadilla y me tumbó". Asegura que por tener el cabello largo fue acusado por la Policía de ser responsable de los disturbios. "Me gritaban: cojan al peludo", dijo.

Pese a que les presentó su carnet de docente, hicieron caso omiso y lo exposaron. Luego fue conducido a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Cinco horas después fue dejado en libertad porque no tenían pruebas de su participación en los disturbios. 

El pedagogo y director del Instituto Alberto Merani, Julián de Zubiría, también cree que el proyecto atenta contra la libertad de expresión, contra la protesta y pone en riesgo a miles de jóvenes en el país. "Sin duda, el vandalismo debe rechazarse, pero el parlamentario parece vivir en Dinamarca. Si viviera en Colombia, sabría que la semana pasada la fuerza pública ingresó a la Universidad Javeriana para dispersar una manifestación totalmente pacífica. Si el proyecto ya fuera ley, cientos de estudiantes de la Javeriana estarían durante sus próximos diez años en la cárcel por el “delito” de protestar dignamente contra el abuso de la autoridad", explicó.

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Sin embargo, el congresista sigue firme con su propuesta, porque para él este un proyecto que protege la protesta social y no ataca a los estudiantes y maestros que promueven las manifestaciones pacíficas. “Muchos manifiestan que cuando hay daños, hay infiltrados de la Policía y del Gobierno, por eso vamos a castigar el vandalismo sin importar la persona. No estamos castigando a los estudiantes y docentes quienes tienen todo el derecho a realizar sus manifestaciones pacíficas. Si quieren salir a las marchas disfrazados o con el rostro tapado, lo hacen, pero lo que estamos exigiendo es que no se tapen el rostro para alterar el orden público, porque muchas personas temen salir a manifestarse por este tipo de hechos”, explicó Ortiz.

Mientras ese proyecto esta en curso en el Senado, en las protestas estudiantiles de hoy en todo el país, nuevamente se presentaron desmanes en Bogotá y en Barranquilla. En pleno norte de Barranquilla, un grupo de encapuchados atacaron la sede de campaña de Elsa Noguera, candidata a la Gobernación por Cambio Radical, el partido Liberal, Conservador, La U y el Centro Democrático. En un video quedó grabado el momento en que algunas personas lanzaban pierdras a la sede ubicada en la carrera 51B con 76, rompiendo los vidrios de la casa y al menos tres carros.

Mientras que en Bogotá, también encapuchados, grafitearon las fachadas de almacenes y de algunos edificios como la sede de City Tv y el Palacio de Justicia. En ese momento, el Escuadrón Móvil Antidisturbios lanzó bombas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a los encapuchados y manifestantes que aún quedaban en la Plaza de Bolívar. 

¿Qué hacer entonces con quienes generan los disturbios?

Para Zubiría, la forma de controlar el vandalismo es concertar con los líderes estudiantiles el rechazo total a la violencia y expulsando de las universidades a quienes el Consejo Superior evidencie participación en actos vandálicos, mediante pruebas completamente documentadas, y una vez realizado el debido proceso.

"Se pueden hacer votaciones en las universidades para aislar a los encapuchados en las movilizaciones, generar en las marchas cordones humanos para impedir el enfrentamiento a piedra con la policía. Los estudiantes, profesores, académicos y directivos universitarios, son quienes deben liderar ese proceso. A la fuerza pública le corresponde recurrir a la inteligencia para detectar los infiltrados en las marchas. Muchas veces los infiltrados corresponden a grupos violentos, pero otras, a la propia fuerza pública y a quienes quieren estigmatizar el derecho sagrado a protestar", explicó el experto.

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