Mariano Alvear, fundador de la San Martín, insiste en que no existió desviación de recursos en el centro educativo. Foto: David Amado /SEMANA.

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Los Alvear enfrentan pliego de cargos en Supersociedades

La entidad halló que Mariano, Martín y José Antonio Alvear no reportaron su control sobre cinco empresas, algo obligatorio según el Código de Comercio.

10 de febrero de 2015

El diluvio de problemas que hoy enfrenta la familia Alvear, fundadora de la Universidad San Martín, está lejos de escampar. Ocho días después de que el Ministerio de Educación removiera de su cargo como directivos a Mariano Alvear y Martín Alvear, la Superintendencia de Sociedades les abrió un pliego de cargos junto a José Antonio Alvear.

Ello por no reportar ante la Cámara de Comercio la situación de control que tenían sobre las empresas Inversiones Orozco Alvear, Inversiones Alvear Orozco, Prodomed, Gráficas San Martín y C.I. Gloma. Sobre las últimas cuatro compañías, la Supersociedades decretó en enero pasado el máximo grado de supervisión.

Según el Código de Comercio, cuando una persona o un grupo de personas ostenta más del 50 % de cualquier empresa, esta situación debe ser reportada en el registro mercantil, un requisito que, de acuerdo con la investigación de la Supersociedades, los Alvear no cumplieron.

Entre Mariano, Martín y José Antonio tienen el 55 por ciento de Inversiones Alvear Orozco; el 65 % de Inversiones Orozco Alvear; el 53 % de Prodomed; el 52 % de Gráficas San Martín y el 60 % de C.I Gloma. Ninguna de estas cinco situaciones fue reportada. Este incumplimiento le podría costar a los Alvear hasta 200 salarios mínimos

Además, la Supersociedades encontró que entre estas empresas “se observa la existencia de objetos sociales complementarios, operaciones entre las sociedades y reconocimiento público como un grupo empresarial, situaciones que evidencian que además del control conjunto, existe unidad de propósito y dirección”.

Mariano, Martín y José Antonio Alvear tienen 15 días hábiles para presentar descargos y solicitar o entregar las pruebas que consideren pertinentes. Después la Superintendencia decidirá si hay lugar o no a la sanción.

La Superintendencia empezó a adelantar esta investigación luego de que el 22 de octubre pasado, la ministra de Educación Gina Parody remitiera unos informes sobre la supuesta desviación de recursos que ocurría en la San Martín. Un escándalo que estalló en noviembre de 2014, cuando se reveló el preocupante estado en el que se encontraba la institución y la manera en que puso en jaque el servicio educativo por sus presuntas irregularidades administrativas.

No obstante, Mariano Alvear insistió en entrevista con Semana Educación que la supuesta crisis la desató el Ministerio de Educación cuando canceló siete programas académicos en 2013, porque con esta decisión se le suspendieron ingresos al centro educativo.