Universidad para las víctimas

Las décadas del conflicto armado colombiano han arrasado a su paso. Millones de vidas, familias, poblaciones, lazos, alegrías, sueños y proyectos fueron sepultados por la violencia. El sufrimiento y las secuelas en las víctimas son indescriptibles. Las cifras se quedan cortas para registrarlas. En ese manto de guerra también se enredó la educación. Un derecho al que en este país le falta mucho camino para ser universal.

No solo el ciclo básico de formación es abruptamente interrumpido por las consecuencias del conflicto, como el desplazamiento y la necesidad de trabajar, sino que las escuelas también terminan siendo epicentro de enfrentamientos. Apenas el viernes pasado, un colegio en el Putumayo fue noticia porque la guerrilla de las Farc escondió armamento y explosivos allí.

“Es muy grave que las FARC sigan utilizando a los niños en esta guerra absurda que no tiene nada que ver con ellos, que los utilicen como medio y a las escuelas como trincheras”, dijo la ministra de Educación, Gina Parody, en ese momento. La guerra enquistada del país se ha llevado por delante los centros educativos y la formación de niños víctimas que ven interrumpido su aprendizaje.

En este contexto, la Ley de Víctimas del 2011, estableció que se debía garantizar la educación, en todos sus niveles, de niños y jóvenes afectados por la guerra. A partir de este mandato nació, en mayo de 2013, una iniciativa que entrega créditos totalmente condonables para estudiar carreras técnicas y profesionales. Su nombre: Fondo de Reparación para el Acceso Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado.

“Definitivamente, la educación en todos sus niveles, es construcción de paz, pues es el vehículo que permitirá que la desigualdad social y la pobreza puedan ser superadas. Un país que invierte en educación es un país que le apuesta al futuro, a la reconciliación y al desarrollo”, apuntó Jean Pierre Meziat, miembro del fondo. Esfuerzo que resulta del trabajo conjunto entre la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Educación y el Icetex.

En este sentido, agregó que la educación superior amplia les permite a los ciudadanos “el goce efectivo de los derechos”. En las cinco convocatorias realizadas, el proyecto ha contribuido a que 4.112 víctimas tengan la posibilidad de obtener un diploma. “Ellos pueden escoger la universidad que quieran y el programa que deseen, la única condición es que participen en una convocatoria pública. Allí sus postulaciones son calificadas de acuerdo con unos criterios establecidos”, explicó Meziat.

Con el programa ‘Educar para reparar’ se cubre el 100 por ciento de la matrícula del periodo académico, cuyo costo no debe superar los 11 salarios mínimos (7.087.850 pesos). Además, se otorga un subsidio de sostenimiento de salario y medio (966,525 pesos). Así, insistió Meziat, la víctima accede a la educación superior superando la barrera del recurso económico: “el impacto es mucho mayor que el que se da en una sola persona”.

Algunos de los requisitos del programa es que las víctimas estén incluidas en el Registro Único de Víctimas o reconocido en los fallos de Justicia y Paz; no tengan un apoyo económico para estudiar su carrera; cuenten con el grado de bachiller; hayan presentado la Prueba Saber 11 y estén admitidos en alguna institución de educación superior acreditada por el ministerio.

Impacto en la reparación

Además de que las víctimas puedan mejorar su calidad de vida, también se busca que la educación superior aporte a la familia y la comunidad. Una preocupación presente en quienes acceden a estos créditos. Meziat narró que desde las perspectivas y expectativas propias ellos han optado por estudiar programas asociados al campo o su región. Proyectos personales como implementar tecnología en los cultivos o contar las historias de restitución de víctimas motivan a que estos jóvenes decidan sus carreras: ingeniería electrónica y periodismo.

“Pensemos en una lideresa que lleva 10 o 15 años luchando por los derechos de las víctimas o de una comunidad y que gracias a este programa entra a estudiar derecho. Ahora tendrá muchas más herramientas para ejercer su liderazgo y apoyar a la comunidad por la que trabaja. Llenando de motivación a los demás que, como ella, han vivido el conflicto y que esperan tener mejores oportunidades por el camino de la educación”, sostuvo el experto.

En este sentido, la Unidad de Víctimas creó una estrategia para que “los beneficiarios se apropien de su reparación integral y puedan retribuir algo del conocimiento adquirido”, según Meziat. Así, con ‘De tu mano para un mejor futuro’ las víctimas deben implementar un proyecto de pedagogía social que incida en la calidad de vida de su comunidad con temas como la reparación integral, la reconstrucción del tejido social o la reconciliación.

¿Qué queda?

En palabras de Jean Meziat: “La experiencia ha sido magnifica. Hemos podido constatar que cada día más y más colombianos víctimas del conflicto armado creen que la educación superior es el camino para la reparación integral”. La inversión, que a la fecha es de 85.000 millones, ha permitido mantener a flote el programa y que líderes y lideresas tengan más herramientas para continuar su proyecto de vida personal, familiar y comunitario. Así lo demuestran las más de 20 personas graduadas con estos créditos.