Plataformas digitales en Colombia: ¿saldrán del limbo regulatorio?

Tras el anuncio de que la plataforma de pedidos de comida Uber Eats abandonará Colombia a partir del próximo 22 de noviembre, surge nuevamente el interrogante sobre el panorama que atraviesan las plataformas digitales en Colombia, el tipo de vinculación que tienen con sus colaboradores y la necesidad de que el país avance en materia regulatoria.

La salida de Uber Eats se conoce días después del histórico fallo en el que el Juzgado Sexto Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá obligó a la aplicación Mercadoni a pagar auxilio de cesantías e intereses de las mismas, así como vacaciones y seguridad social, a uno de los ‘pickers’ (personas encargadas de seleccionar, comprar y despachar mercados).

Recientemente, también se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó la plataforma de domicilios Rappi por violar las normas de protección al consumidor, tras comprobar que actuaba en el mercado colombiano como proveedor habitual de bienes y servicios con ánimo de lucro mediante una plataforma de comercio electrónico y no como un portal de contacto. 

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Meses atrás se habían presentado varias protestas en Bogotá por parte de domiciliarios de la plataforma Rappi para exigir mejores condiciones de trabajo y garantías sociales.

Por ejemplo, de acuerdo con un estudio publicado el año pasado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el Centro de Solidaridad, Defens y la Escuela Nacional Sindical, el 91,2% de los domiciliarios de Rappi encuestados reconoció no estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales.

El estudio también resaltó que el 63,2% de los domiciliarios reconoce haber sufrido accidentes de trabajo y el 66,7% haber contraído enfermedades laborales en los últimos dos años.

En Colombia hay aproximadamente 350 plataformas digitales bajo el esquema de economía colaborativa. De hecho, el tanque de estudio económicos Fedesarrollo plantea que en el país hay alrededor de 200.000 colaboradores vinculados a este tipo de empresas. 

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Durante la pandemia del coronavirus, compañías como Rappi, Domicilios.com, iFood, entre otras, registraron un crecimiento importante en las solicitudes de ingreso de domiciliarios, sobre todo en el marco de los altos índices de desempleo que enfrenta el país, agravados por la actual coyuntura sanitaria.

“Sabemos, por experiencia, que la tecnología puede contribuir en momentos de crisis, en ese sentido trabajamos arduamente para encontrar las oportunidades que puedan existir en medio de la situación actual del sector”, le afirmó a Dinero la coordinadora de Asuntos regulatorios y de comunicación de Beat en Colombia, Angie Ardila.

No obstante, el panorama de aceleración en materia digital y la tendencia creciente del comercio electrónico contrastan con el limbo jurídico que hay en Colombia para este tipo de plataformas, desde aquellas que prestan servicios de domicilios hasta las que se dedican al transporte urbano.

"Si bien el Estatuto del Consumidor, plasmado en la Ley 1480 de 2011, abarca diferentes regulaciones en torno a la atención del consumidor en el contexto físico y digital, conviene que todo comerciante en línea comprenda los retos regulatorios a los que tiene la obligación de acogerse, para no dañar su imagen corporativa y perder la inversión realizada [...]", le aseguró a Dinero el director de las especializaciones en Mercadeo de la Universidad EAN, Sadoth Giraldo Acosta.

Hacia la regulación

Ante la irrupción de nuevos modelos de negocio apalancados en la tecnología y el ecosistema digital, el país requiere de la modernización de su marco regulatorio lo antes posible.

“[…] Es importante, ahora más que nunca contar con una regulación que le permita al país tener las reglas de juego claras para así tener los beneficios que trae la tecnología de cara a la reactivación económica”, le dijo a Dinero Ardila.

Aunque otros países de la región, como México, ya han avanzado previamente en esa dirección, en los últimos dos años en Colombia se han presentado más de seis proyectos de ley en el Congreso de la República con propuestas que buscan regular la operación de las plataformas digitales. 

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Para Giraldo Acosta, será fundamental que el marco regulatorio colombiano aborde la importancia de que las plataformas digitales ofrezcan productos de calidad, garanticen el correcto tratamiento de datos personales y brinden canales de información y soportes directos.

También será importante, según Giraldo, que este tipo de empresas implementen anuncios y publicidad sin engaños, ofrezcan seguridad para las transacciones en línea, y cumplan de manera eficiente con su responsabilidad en caso de haber reclamos por parte del consumidor. 

“Vemos con muy buenos ojos el ambiente que existe y la voluntad regulatoria de hoy en el Congreso, que pretende establecer unas reglas de juego claras para todos los actores”, agregaron desde Beat, plataforma especilizada en soluciones de movilidad urbana.

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Congresistas como Rodrigo Lara y Mauricio Toro han liderado varias de estas propuestas con el objetivo de resolver el tipo de vínculo jurídico entre las plataformas y los colaboradores, las obligaciones correspondientes en materia de riesgos laborales y prestaciones sociales, entre otros aspectos.

Mientras estas iniciativas legislativas avanzan en el Congreso, lo que sí ha quedado claro tras la coyuntura derivada de la pandemia es que ahora más que nunca es relevante definir parámetros claros para este tipo de empresas, que le aportan al PIB del país un 0,2%, según Fedesarrollo.

“[…] Entendemos la necesidad de regular, esto nos permitirá tener una mayor estabilidad jurídica para contribuir de manera positiva a todos los retos que hoy enfrentan y enfrentarán las ciudades”, concluyeron desde Beat Colombia.