Claro y Telefónica tendrán que pagar a Colombia $4,7 billones por reversión de activos

Las dos multinacionales de telecomunicaciones fueron condenadas a pagar más de $4,7 billones, los cuales están representados de la siguiente manera: $3,1 billones a Claro (Comcel) y $1,6 billones contra Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Movistar).

Las compañías tendrán un plazo de quince días hábiles para hacer este pago o de lo contrario correrán intereses moratorios a la tasa máxima prevista en la ley.

El Tribunal estuvo conformado por Juan Pablo Cárdenas, María Teresa Palacio y Jorge Pinzón Sánchez.

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La controversia jurídica tiene sus orígenes en 2013, cuando la Corte Constitucional advirtió que a los contratos de concesión que, a mediados de la década de los 90 le dieron vía libre a la telefonía celular, se les aplica la cláusula de reversión de activos así leyes posteriores hayan desmontado ese concepto.

El fallo tomó como período para la reversión de 1994 a 2013.

En febrero del año pasado el MinTIC convocó a un tribunal de arbitramento en Colombia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, a Claro –América Móvil– y Movistar –Telefónica.

En dicho tribuna se le solicitó la reversión de todos los activos.

Sin embargo, al parecer la sentencia de la Corte no era clara  en torno a qué activos se iban a revertir, cuál sería su valor –ya que la Corte dejó abierta la posibilidad de una compensación económica– y desde qué fechas se hacía efectiva.

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Las partes envueltas en esta discusión habían puesto sobre la mesa varias propuestas, entre ellas, dejar en la reversión los activos obligatorios correspondientes al plan mínimo de expansión y que quedaran por fuera los voluntarios.

Mientras esta discusión se desarrollaba en el plano local, América Móvil (Claro) ya había escalado este tema a nivel internacional.

En una comunicación ante el Ciadi, la compañía de telecomunicaciones advirtió que Colombia violó el tratado al expropiar sin compensación el derecho de propiedad de Comcel –hoy Claro– sobre los activos incluidos en los contratos de concesión.

“Colombia no solamente se ha apropiado de los bienes de Comcel afectados a las concesiones, sino que también determinó que Comcel debe pagar una contraprestación económica para seguir usando los bienes de la propiedad”, argumentó Claro en su momento.

Además expuso que “Colombia se negó a liquidar los contratos de concesión e inició el arbitraje doméstico contra Comcel solicitando la reversión de la totalidad de los activos”.

Tras conocerse la noticia Claro informó que estudiará el alcance del laudo proferido para “tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas”.

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“De acuerdo con las leyes aplicables del Congreso de la República, la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar la inversión y la modernización del servicio de telecomunicaciones en el país”, añadió la compañía en un comunicado de prensa. 

Por esta razón, dijo que rechaza el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual asegura que ha hecho “importantes inversiones en el país”. A su juicio, estos son “cambios que afectan elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país, mismas que han permitido el desarrollo de un sector vital para el bienestar de los colombianos”.

De otra parte, Telefónica Colombia simplemente manifiestó que analizará el contenido de la decisión y adoptará las acciones legales para “la defensa de sus intereses y garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”.

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