COMO EL CANGREJO

El presidente Bush acaba de declarar en el Brasil que los cambios políticos que ha visto América Latina en los últimos años son comparables, en su magnitud y en su sentido, a los que acaban de ocurrir en la Europa oriental. Es decir, son cambios de una situación de dictadura a una situación de democracia. Ojalá fuera cierto. Pero es absolutamente falso. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario de lo que dice Bush.
Es verdad que a primera vista, las dos últimas décadas han sido de espectaculares cambios en todo el mundo y así se complacen en registrarlo esos mapas simplificadores que suele publicar la prensa internacional. Hace 20 años, en efecto, casi todos los países del continente estaban sometidos a dictaduras militares con las tradicionales excepciones de México y Colombia, donde imperaban formas peculiares de dictaduras civiles, y de Costa Rica, que desde 1948 suprimió de un tajo el riesgo de que el ejército se tomara el poder suprimiendo el ejército. En 1973 y 74, bajo la inspiración del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, se dieron los últimos retoques a la militarización total del continente: el golpe de los generales uruguayos, el de los argentinos que interrumpió el breve interregno peronista, y el de los chilenos contra el gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende. Había juntas militares desde Guatemala hasta la Tierra del Fuego. América Latina era un vasto cuartel.
En cambio ahora hasta en el Paraguay se vota. En apariencia, el último reducto de la dictadura clásica es Cuba, donde desde 1959 gobierna el comandante Fidel Castro. Aunque no sobra señalar que dentro del contexto latinoamericano su dictadura no tiene nada de clásica: es una dictadura enfrentada a los Estados Unidos, en vez de ser, como manda la tradición regional, impuesta y mantenida por ellos. Se trata, pues, de una aberración. Sin antecedentes en el continente, y también -una vez fracasado el experimento de los sandinistas en Nicaragua sin consecuencias.
Y entre tanto los dictadores han ido cayendo uno tras otro como fichas de dominó: los patriarcales y hereditarios, como Tacho Somoza en Nicaragua o "Bebé Doc" Duvalier en Haití; los intercambiables, como los generales-presidentes de Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Honduras, cuyos nombres sucesivos y fugaces sólo constan en las hemerotecas "¿quién recuerda a Romeo Lucas, o al coronel Majano, o a Wessin y Wessin?"; los colectivos, como las Juntas de Comandantes en Jefes de la Argentina o del Brasil; los casos especiales, como el general Torrijos de Panama o el general Velasco del Peru. Repitamos: salvo el caso anómalo de Fidel Castro en Cuba, al empezar 1991 no queda en toda América Latina ni un solo dictador en el sentido corriente de la palabra. De la cual muchos observadores apresurados, interesados o superficiales y el presidente Bush es las tres cosas concluyen que la demoracia ha avanzado, y tal vez triunfado, en este continente. ¿Acaso no hay elecciones hasta en el recóndito Paraguay, que durante tantos decenios fue la finca privada del general Alfredo Stroessner?
Pero la verdad es distinta. A primera vista y si se toma en cuenta solamente el aspecto ritual de la convocatoria a las urnas, la democracia ha avanzado, a la vez que el poderoso vecino norteamericano ha renunciado a respaldar o imponer las modalidades más crudas de gobierno de fuerza en los paises latinoamericanos. Pero en la práctica, por el contrario, la democracia ha retrocedida en todo el continente -y para verlo basta escarbar un poco en el funcionamiento interno de cada una de las nuevas "democracias" locales. Porque todas ellas son democracias severamente restringidas y recortadas en lo social y lo económico; y porque, en lo político, todas ellas son democracias estrechamente tuteladas por sus respectivos ejércitos "que por otra parte, como veremos, ni siquiera son suyos".
Más grave aún en el supuesto de que se considere, como universalmente se proclama, que la democracia debe ser la forma deseable de gobierno esas restricciones y esa tutela son reconocidas hoy como permanentes en las democracias latinoamericanas e inherentes a ellas, y no como aberraciones pasajeras y por naturaleza excepcionales, tal como eran consideradas hace 20 años. Porque en el intervalo tales limitaciones han sido "legitimadas" democraticamente: aceptadas en referéndums (Uruguay), constitucionales (Chile), leyes especiales (Argentina), o a través de la simple resignación electoral, ya sea abstencionista (El Salvador, Colombia) o participativa (Brasil, Ecuador). Y más importante todavía, esos recortes institucionales a la democracia están destinados a acentuarse en el futuro previsible como consecuencia política del deterioro de la situación económica y social que amenaza a todos los países de la región.
Ese deterioro creciente ha tenido en la última década -y en las que vienen una causa principal: el peso de la deuda externa. La deuda, contraida durante los años alegres de las dictaduras militares explícitas y agravada luego por ser el efecto multiplicador del alza de los intereses, suma hoy 500 mil millones de dólares para toda la región. Para garantizar el pago también creciente de sus intereses el principal es impagable, de acuerdo con todos los expertos, no hay otro método que la dureza económica y consecuentemente politicosocial: los llamados "programas de ajuste" dictados por el Fondo Monetario Internacional, que históricamente se han traducido siempre en la protesta popular y su represión armada por parte de la policía y el ejército, desde Santo Domingo hasta Buenos Aires, pasando por Caracas.
Para mantener las libertades económicas que predica el FMI es necesario reducir las libertades políticas, porque en las prácticas esas libertades económicas desembocan en el empobrecimiento intolerable de las grandes masas de la población latinoamericana. Esa no es la teoría, sin duda; pero ese ha sido el hecho histórico durante los ultimos 15 años, durante los cuales el desarrollo económico de America Latina ha retrocedido 30. En todo el continente, las libertades económicas han tenido como consecuencia la exportación neta de capitales, mediante diversos mecanismos: el pago de intereses de la deuda, la fuga de capitales de los ricos locales, la re-exportación de ganancias por parte de las empresas foráneas venidas a invenir -y, considerablemente, la compra de armamentos, necesaria para reprimir la protesta social fruto del empobrecimiento causado por todo lo anterior. El resultado de todo eso, que esta hoy a la vista, es el recorte cada día mas drástico de las libertades democrática -a pesar del paradojico retomo de la formas democráticas a todos los países del continente. Puede decirse que, hasta cierto punto, estas formas han podido volver sólo porque el fondo democrático había sido liquidado, por los gobiernos autoritarios anteriores.
Hay relativas excepciones. Por ejemplo, Costa Rica se ha mantenido al abrigo de las más serias convulsiones de América Central gracias no solamente a la prosperidad relativa de su población, sino sobre todo a su ya mencionada carencia de ejército -y a su negativa a crear uno, rechazando el consejo de la administración de Ronald Reagan. Venezuela, a la vez azotada y amparada por su riqueza petrolera, ha podido conservar las formas democráticas en parte a causa del desprestigio de sus anteriores gobiernos militares , y en parte gracias a la dureza suficiente de sus gobiernos civiles.
México y Colombia han visto, cada cual a su manera; el agotamiento de sus respectivas fórmulas de dictadura civil el partido único revolucionario en México, el bipartidismo liberal conservador en Colombia, y conocen ambos una moderada apertura democrática.
El Perú ha intentado todo, y ha agotado todo: la dictadura militar izquierdizante del general Velasco Alvarado, la dictadura militar de derechas del general Morales Bermúdez, la restauración de la derecha civil derrocada por Velasco con el presidente Belaúnde, el experimento populista del APRA, proscrito durante medio siglo -y, cuando venia una nueva restauración circular de la derecha tras el mascarón de proa del novelista Vargas Llosa, el electorado peruano se salió por la tangente escogiendo a Fujimori: un político, un enigma, un japonés.
Pero entre tanto, el crecimiento de la guerrilla muestra el indigenista de Sendero Luminoso y el florecimiento del negocio de la coca han devuelto a los militares peruanos un poder de tutela considerable, que se ejerce, como en Colombia, detrás de bambalinas.

En el resto del continente ese poder es mucho más evidente. En Chile, el ex dictador Augusto Pinochet conserva la comandancia del ejército bajo una Constitución redactada por él mismo frente a un presidente civil repescado de la derecha militarista de hace 15 años. En la Argentina, dos gobiernos civiles sucesivos han absuelto los excesos militares de la década anterior, e inclusive como en el caso del cuartel de La Tablada permiten que esos excesos se sigan practicando. En el Brasil se siguen aplicando, bajo la autoridad de civiles elegidos en las urnas, las leyes expeditivas de las juntas militares. El tantas veces mencionado caso del Paraguay es, como siempre, casi una caricatura: el general Rodríguez, actual presidente, es el consuegro del anterior dictador, a quien derrocó mediante un golpe militar para hacerse elegir luego con los mismos metodos de su predecesor y consuegro.
En cuanto a la martirizada América Central, poco importa que últimamente todos sus presidentes sean civiles elegidos por votación popular: por detrás, el verdadero poder político sigue estando en manos de los militares. en Guatemala, en Honduras en El Salvador y luego veremos los casos ejemplares, aunque opuestos, de Nicaragua y Panamá. Y si ahí está el poder político, es porque todos los ejércitos latinoamericanos se siguen rigiendo y rigen a sus países por la docrina norteamericana de la Seguridad Nacional: el único enemigo que hay es el "enemigo interno". Son, en consecuencia, ejércitos de golpe de estado o de guerra civil .
Guerras abiertas, como la de El Salvador; guerras clandestinas, como la de Colombia, guerras represadas por una siempre frágil-victoriamilitar, como la de Argentina; guerras disfrazadas por la cuestión racial, como la del Perú. Solo en un caso tales guerras han sido descaradas, sin máscara: en Nicaragua.
Durante 10 años, desde la victoria militar de los sandinistas sobre el dictador Somoza hasta la derrota electoral de los sandinistas frente a Violeta Chamorro, el gobiemo de los Estados Unidos armó y alimentó un ejército que luchaba abiertamente en Nicaragua por la seguridad nacional... de los Estados Unidos, para lo cual, en declaraciones reiteradas y explicitas de los presidentes Ronald Reagan y George Bush, el régimen sandinista constituía una amenaza directa.
El caso de la "contra" anti-sandinista es -ya se dijo ejemplar. Muestra sin matices en qué consiste un ejercito de seguridad nacional", destinado a luchar contra el "enemigo interno": un ejército al servicio de la seguridad nacional de los Estados Unidos o de lo que su gobierno entiende por ello y que lucha contra su propio país. La "contra" era abiertamente mercenaria. Pero, si se estudian las cifras de la "ayuda militar" norteamericana a cada uno de los ejércitos de América Latina se ve que, tal vez sin que ellos mismos se den cuenta del todo, todos son mercenarios. Sus armas, y en los casos extremos de El Salvador y Guatemala también sus sueldos, vienen directamente de Washington.
Pero quizas no sea la tragedia nicaraguense, sino la farsa panameña, lo que más claramente ilustra el fondo del problema. En Panamá el Ejército "la guardia del corrupto general Noriega" no representaba intereses norteamericanos, sino, desde los tiempos de Torrijos y su recuperación pacífica del canal, intereses antinorteamericanos. Unos explicitos, aunque probablemente falsos: la droga. Otros ciertos, pero públicamente negados: el control del canal interoceánico. En vista de lo cual, los Estados Unidos derrocaron a Noriega en diciembre de 1989 y disolvieron su guardia mediante una invasión que costó tres mil muertos: nunca en la historia de Panamá habia habido tal mortandad desde los tiempos del pirata Francis Drake. Fue el cuartelazo más sangriento que haya conocido esa pequeña república, proporcionalmente comparable al de Pinochet en Chile organizado también, como se recordará, por el gobierno de los Estados Unidos.
Sólo que en este caso, las tropas de choque no vinieron del ejército local, que por su vago nacionalismo se había vuelto indigno de confianza, sino directamente del ejército de los Estados Unidos.
Así ocurría de modo rutinario en los años 20: en Veracruz, en La Habana, en Santo Domingo. Pero la invasión de Panamá no es inquietante porque sea un reflejo del pasado, sino porque parece un espejo del futuro.