EXTRADICION ESTRATEGICA

La extradición está mal enfocada. Durante años fue tema tabú, y ahora que ha resucitado se ha planteado en términos absolutos: si conviene o no; si es buena o no; si se debe aplicar o no. Este enfoque ha llevado a polarizar las posiciones, a ignorar alternativas intermedias, y, para efectos prácticos, a conde- nar la extradición al ático de las tesis polvorientas sin posibilidades reales de ejecución. Lástima, porque la extradición, y para más señas la extradición estratégica, es una pieza clave para solucionar gran parte de los problemas nacionales. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Como sabemos, el Estado cuenta con los instrumentos para desmantelar los grandes carteles, pero no los requeridos para impedir que, más adelante, otros ocupen el puesto vacante, ni para acabar con el negocio ilícito. Así, mientras no se diseñe una estrategia eficaz, capaz de tornar impracticable este negocio en Colombia, estaremos condenados a padecer la historia actual, quizás con otros rostros en los puestos de mando (tanto del Estado como de la mafia), pero, en esencia, estancados en el mismo lugar. Es decir, ante la insaciable demanda mundial por las drogas, Colombia será el principal mercado de la oferta y, a la vez, la mayor víctima en la frustrante guerra por acabarlas. Algo se debe hacer. Más aún, una tarea prioritaria del Estado es diseñar esta estrategia, pues el narcotráfico es, quizás, el problema central del país. Y lo es por dos razones: primero, por los conocidos efectos que el tráfico genera, como corrupción, inmoralidad, valores invertidos,infiltración en todas las ramas de la vida colombiana, terrorismo, condenas mundiales y ostracismo internacional. Además, como si lo anterior no bastara, el narcotráfico mantiene viva (pues es su fuente de ingreso principal) a casi toda la guerrilla, a casi todos los paramilitares y vastas franjas de la delincuencia común. O sea, pocos conflictos en el país arrastran una estela de secuelas (directas e indirectas) semejante, ni dejan un comparable remolino de ruinas físicas y morales. Una propuesta radical El objetivo de esta propuesta es, precisamente, terminar el negocio en Colombia: hacerlo inviable. Su meta cardinal es provocar una entrega masiva de narcos, dividir a los carteles existentes y, tarde o temprano, sofocar el negocio ilícito en el país. ¿En qué consiste? En resucitar la extradición y aplicarla de manera estratégica: a partir de la fecha, y solo a los narcotraficantes capturados, dejando a salvo a los que se entreguen a la justicia colombiana. Se trata de emplear la extradición como un mecanismo para forzar el sometimiento de los narcos, impedir que otros más ocupen su lugar y debilitar, definitivamente, a las organizaciones criminales. Siempre pensé que había sido un error histórico de la Asamblea Constituyente prohibir la extradición. En ese entonces la idea prevaleciente era que Colombia debía fortalecer su aparato judicial, y, sin duda, había mucho de válido en esa tesis. Pero el error fue, por un lado, renunciar a la extradición antes de haber fortalecido nuestra justicia (cuando se habría podido mantener un equilibrio, usando la extradición cada vez menos a medida que la creciente eficacia de la justicia la hiciera innecesaria), y, por otro, hacerlo mientras seguían activos los más poderosos carteles que el mundo había conocido jamás, capaces de moldear la legislación a su antojo y de torpedear, precisamente, el endurecimiento de la justicia. El resultado fue predecible: se inició un arduo proceso de fortalecimiento institucional, pero a un ritmo mucho más lento que el paso arrasador del narcotráfico. Para decirlo en términos caseros, nos quedamos sin el pan y sin el queso, y creció la desproporción de fuerzas que ayudó a los narcos y perjudicó a la Nación. No obstante, aun así se lograron triunfos decisivos. Tomemos el caso del cartel de Cali. Esta organización duró décadas penetrando cada rama de la sociedad colombiana. Infiltró el mundo de las finanzas, del comercio, del deporte, de la cultura, de la política, de la justicia, del entretenimiento, del campo y de construcción. Por esa razón alcanzó una solidez impresionante, una estabilidad aparentemente inmovible, una fortaleza, a todas luces, intocable. Sin embargo, este cartel fue desmantelado en menos de un año. ¿Cómo? Gracias a la implacable aplicación de una triple tenaza: el pago de recompensas, el proceso de depuración de la Policía y la acción del Bloque de Búsqueda.

ACABAR EL NEGOCIO
¿Por qué funcionó esa tenaza? La depuración de la Policía impidió la filtración de operativos y sacó a los elementos corruptos que frenaban el acoso de las autoridades. El pago de recompensas hizo algo que las autoridades no habían logrado: quebrar las defensas del cartel, pues tornó a los guardaespaldas de los jefes máximos en potenciales delatores, lo que llevó a que los capos mismos tuvieran que liquidar sus propias redes de seguridad. Por eso, al ser capturados, los capos se encontraban invariablemente solos. Finalmente, el incansable acoso del Bloque de Búsqueda asestó el golpe de gracia. En comparación, hoy subsisten carteles menores. Son muchos, pero no cuentan con los recursos que tenían a su disposición los de Cali y Medellín. En una palabra, son carteles más vulnerables. Pero existen, y es por eso que el negocio, pese al desmantelamiento de los grandes carteles, sigue intacto. ¿Cuál puede ser la solución? La extradición estratégica. Que el Estado señale a los nuevos carteles, declare su voluntad de eliminarlos y les aplique, por un lado, la triple tenaza que le aplicó al cartel de Cali (recompensas, Policía depurada y la acción del Bloque de Búsqueda), junto con la extradición a todo narco capturado, a la vez que garantice no extraditar a los que se sometan a las autoridades. Es fácil predecir el resultado: si los carteles de Cali y Medellín, semejantes colosos de poder y solidez, no soportaron el acoso del Estado y terminaron por rendirse a la justicia, los carteles que restan (repito: menores en comparación), gracias a la misma persecución estatal pero acompañada de la decisión de extraditar a los narcos capturados, harán fila para entregarse. Con ventajas adicionales: instaurada la extradición sólo para capturados, continuará la exigencia de fortalecer nuestra justicia (es decir, ese frente no se descuidará y, antes bien, se reforzará); se impondrá el temor de la extradición a todo narco que aspire a ocupar el lugar de otros dados de baja, capturados o entregados; y el narco que, habiéndose sometido reincida en el tráfico ilícito desde la cárcel o luego de haber cumplido su pena, quedará automáticamente apto para ser extraditado. En resumen, esta fórmula aspira a desmantelar los carteles existentes, impedir su reemplazo por otros aspirantes, e imponer una garantía hacia el futuro para que los capos renuncien, de una vez por todas, al tráfico de drogas. Queda pendiente el riesgo del narcoterrorismo. No obstante, esta fórmula lo reduce a niveles jamás vistos desde que la mafia asesinó a Rodrigo Lara Bonilla. Y lo hace por tres razones. La primera: los carteles que restan carecen de los recursos para desatar una campaña terrorista que represente una amenaza institucional como la del cartel de Medellín, o la que pudo representar el cartel de Cali. La segunda: debido a que se aplicaría la extradición a partir de la fecha, los jefes de los grandes carteles, quienes hoy están presos o han pagado su deuda a la justicia, carecerán de razones para lanzar una ola terrorista, ya que estarían a salvo de la extradición y, más bien, si mueven un dedo en esa dirección, por tratarse de un crimen nuevo, podrían ser extraditados. ¿Se expondrían para defender a los capos sueltos, menores, cuando ya están en proceso de saldar sus cuentas con la justicia? La tercera: hoy es clara una lección que en los tiempos de Pablo Escobar no lo era: narco que desate el terrorismo, pierde. A la larga no es rentable, no logra nada, y aun si se tiene la fuerza de un Gacha o un Escobar, acabará solo y baleado. Entonces la extradición se emplearía como un medio para tornar inviable el narcotráfico en Colombia, no un fin para sustituir la justicia nacional, ni para satisfacer exigencias gringas. ¿Y los gringos? Y a todo esto, ¿qué dirá Estados Unidos? Aspiran a que la extradición se reestrene con los jefes del cartel de Cali. Entonces la propuesta aquí planteada estaría por debajo de sus expectativas. Y de las mías también. Sin embargo, que los grandes capos, hoy presos, queden por fuera de la extradición (salvo que sigan traficando o cometan nuevos crímenes), tiene costos y beneficios. El beneficio es que, el hecho de que no incluya a esas personas, desestimularía una reacción terrorista de su parte y le daría alguna viabilidad en el gobierno y el Congreso. El costo es que, por principio, todos deberían ser extraditados, y así era mi propuesta inicial. Pero a la luz de lo ocurrido en la pasada campaña electoral, hoy conocido por todos, eso no va a suceder. Los Estados Unidos, entonces, a través de esta fórmula, obtendrían la extradición, tema que ha encabezado su agenda desde siempre, quizás no como la deseaban, pero es mucho mejor que nada. En conclusión, si se instaura la extradición estratégica, utilizándola a la vez como garrote y zanahoria para forzar la entrega de los narcos que quedan, impedir que otros ocupen su lugar y apagar el deseo de seguir con el negocio, podríamos cosechar varias ventajas. La primera es que el narcotráfico en Colombia se haría poco menos que impracticable. Además, como efecto inmediato, mejorarían nuestras relaciones internacionales. Finalmente, debilitado el narcotráfico, se le partiría el espinazo financiero tanto a la guerrilla como a los paramilitares, así como a buena parte de la delincuencia. Lo único cierto, en medio de la confusión reinante, es que si no se hace esto o algo parecido, la crisis actual persistirá eternamente, y el país no la soportará mucho tiempo más.