"LA PLATA DE LA REHABILITACION SI EXISTE"

Consejero para la Rehabilitación, Reconciliación y Normalización
En las últimas semanas se observa un franco deterioro de lo que el gobierno pasado llamaba "proceso de paz" y el actual prefiere llamar" de reconciliación, normalización y rehabilitación": combates con las guerrillas de la Coordinadora y con las propias FARC, multiplicación de atentados contra dirigentes de la Unión Patriótica, retiro del Congreso de sus parlamentarios. SEMANA quiso hablar del tema con el alto funcionario directamente encargado de él, el consejero presidencial Carlos Ossa Escobar.

SEMANA: ¿ Qué efectos inmediatos puede tener el retiro de los parlamentarios de la UP?
CARLOS OSSA: Sin duda hace más difícil el proceso de reconciliación, normalización y rehabilitación, pero el gobierno espera que muy pronto la UP regrese a los cuerpos colegiados. El gobierno ha tomado todas las medidas para brindar protección a la vida de los dirigentes de la UP que están en ellos. El caso de Eusebio Prada (abaleado hace unos días en Villavicencio) es verdaderamente lamentable: tenía escolta, y ese día le había pedido que lo esperara en la Gobernación. Hay que comprender que la situación es muy compleja y nosotros interpretamos esta actitud de la UP, como una protesta para crear, si se puede llamar así, un hecho político, pero el gobierno no cejará en su empeño de crear y dar las garantías para que todos los dirigentes políticos legalmente reconocidos puedan desempeñar en condiciones de seguridad, de relativa seguridad (el Estado no puede garantizar una absoluta seguridad, es imposible) su labor política. Pero todo forma parte de un proceso: crear las condiciones de plena convivencia ciudadana, lograr que el aparato de la justicia opere pronta y eficazmente es algo que no se logra de la noche a la mañana. Creo que la UP debe tener conciencia que no es tan sencillo.

S.: No es sencillo. Pero la UP dice que ellos llevan ya 300 muertos desde que existen como grupo político legal, y en la inmensa mayoría de los casos, con excepción del caso del senador Pedro Nel Jiménez, no ha habido avance en las investigaciones, ni detenidos, ni condenas. ¿Qué está haciendo el gobierno para garantizar, no solamente que los políticos tengan guardaespaldas, sino que los asesinos de los políticos serán investigados y debidamente sancionados?
C.O.: Bueno, ha habido atentados fatales, no solamente para dirigentes de la UP, sino que también este clima de violencia se ha extendido a dirigentes del Partido Liberal, a dirigentes del Partido Conservador y aun a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Pero es propósito indeclinable del gobierno, fortalecer la justicia, lograr que la gente vuelva a creer en la justicia. Usted mismo menciona el caso del senador Jiménez, ya hay detenidos, sindicados del crimen y la investigación avanza satisfactoriamente. Se trabaja intensamente por parte de jueces de instrucción criminal, con el apoyo de la Policía Judicial, del DAS y de la Procuraduría, en el esclarecimiento del asesinato de Leonardo Posada, y en general el gobierno tiene el propósito y la decisión de que a través de la justicia se abra proceso a todos estos crímenes, no solamente aquellos que cobijan a la UP, sino a todos los dirigentes y a toda la ciudadanía. De las crisis más graves por las que atraviesa el país, es la crisis de la justicia, que está arrinconada. Entonces el primer paso, y lo ha dicho el Presidente, para avanzar, es el fortalecimiento de la justicia, que es al mismo tiempo el fortalecimiento de la paz pública.

S.: Usted dice que no sólo la UP ha sufrido atentados. Es verdad, pero lo que pasa es que los demás grupos achacan esos asesinatos a las guerrillas. Y en cambio la UP ha acusado a grupos paramilitares que tienen relación con militares en activo o en retiro. ¿Qué investigación existe al respecto?
C.O.: En las investigaciones que están en curso, nosotros esperamos que se esclarezca de una vez si hay o no militares involucrados. Y yo tengo la plena certeza de que si los hubiera, al gobierno y a las Fuerzas Armadas no les temblará la mano para hacer recaer sobre ellos todo el peso de la justicia. Pero hasta ahora todo está a nivel de denuncia y yo creo que hay que dar el plazo prudencial para que estas investigaciones terminen. Yo creo que hay que ir creando el clima, y esa ha sido una posición nuestra frente a las FARC y la UP, para que no se involucre innecesariamente a las instituciones, entre ellas a las Fuerzas Armadas. El lenguaje de las FARC ha cambiado y no utilizan la palabra Fuerzas Armadas sino "algunos militares". Por otra parte, ha habido hechos que demuestran que la justicia penal militar funciona como debe funcionar: puede ser el caso del capitán y el sargento que el 18 de septiembre de este año, en un municipio del Meta, asesinaron a 6 campesinos y mes y medio después, los dos fueron condenados a 40 años de prisión después de un rápido consejo verbal de guerra. Creo que las circunstancias están demostrando que se puede avanzar en el esclarecimiento de todos esos crímenes y en la sanción ejemplar de los culpables.

S.: Como usted señala, el fortalecimiento de la justicia es el de la paz pública. Y eso es en buena parte un problema de recursos económicos. Dentro del plan de que ha hablado el Presidente--invertir 234 mil millones en la rehabilitación, reconstrucción, reconciliación--, ¿qué parte corresponde a la justicia?
C.O.: El Plan Nacional de Rehabilitación que presentó el señor Presidente la semana pasada, y que se complementó luego con los lineamientos generales del plan de desarrollo, no contempla esas inversiones concretas para el sector de la justicia. El fortalecimiento financiero del Ministerio de Justicia, y la dotación efectiva de los jueces, es un programa aparte pero es una prioridad. Y es apenas lógico, dentro de la política de rehabilitacion y normalización.

S.: Hablando en general de ese Plan de Rehabilitación, ¿esa plata existe? Porque se han visto casos...
C.O.: Esa plata sí existe. Con recursos externos hasta ahora se tiene programado financiar del orden de 80 mil millones de pesos, o sea 400 millones de dólares. De esos 400 millones de dólares, hay un crédito prácticamente ya negociado y listo con el Banco Mundial, por 130 millones de dólares, los cuales se espera recibir a partir del segundo semestre del próximo año. Los 150 mil millones restantes corresponden a las apropiaciones presupuestales para los años 87, 88, 89 y 90. El año entrante, el Plan de Rehabilitación tiene como partidas apropiadas en el presupuesto, 35 mil millones de pesos, lo que quiere decir que para el año 88, 89 y 90 será necesario incluir dentro del presupuesto respectivo de esos años, la suma de 115 mil millones de pesos, lo que da más o menos una cifra aproximada de 40 mil millones por año. Por lo tanto es un plan perfectamente factible, inclusive dentro de las condiciones difíciles en materia fiscal por las cuales está atravesando el país.

S.: Al margen de eso, que son proyectos, lo que se ve en este momento, es que el proceso de paz se está deteriorando con todo el mundo. Con la Coordinadora Guerrillera se está en guerra abierta, y según la prensa hay choques casi a diario con las FARC. ¿Cómo va eso en el campo, no en el Parlamento?
C. O.: Es una situación de deterioro evidente que viene desde el rompimiento de la tregua, o de los acuerdos, por parte del M-19 y el EPL, o sea desde el gobierno anterior. Con esos grupos, naturalmente la situación ha empeorado. Con el ELN nunca hubo acuerdos. La posición del gobierno frente a ellos ha sido muy clara. Lo dijo el Presidente de la República el día de la posesión: siempre estarán las puertas abiertas para el diálogo. Eso quiere decir: "Estamos listos a oír propuestas, pero ustedes deben tomar la iniciativa". Pero hasta ahora infortunadamente, ellos no han tomado la iniciativa. Y le queda muy difícil al gobierno, en el momento en que ellos han tomado una actitud de franca rebeldía, salir a buscarlos. Con las FARC, por otra parte, como todo el país sabe se hizo un primer contacto directo el 18 de septiembre de este año. El gobierno les entregó a través del consejero presidencial un documento que contiene los elementos básicos de la política de cambio para la reconciliación, normalización y rehabilitación. Por diversas circunstancias, el nuevo diálogo con las FARC no se produjo tan rápido como quizá ellos lo hubieran querido. Es probable que esa demora en reiniciar las conversaciones directas con las FARC, haya podido ser interpretada por ellos como una actitud de desinterés por parte del gobierno, pero de ninguna manera es así. En este tiempo, y yo quisiera insistir en ese punto, la Consejería Presidencial ha estado poniendo en marcha todos los mecanismos institucionales que se requieren para el Plan Nacional de Rehabilitación, se han venido instalando los consejos de rehabilitación en cada uno de los departamentos de los cuales hace parte el plan, porque la estrategia del gobierno es integrar, no solamente el manejo político (el diálogo directo con las FARC), sino toda una estrategia económica para la paz. Para la reconciliación. No se puede acusar al gobierno de abandonar el diálogo si al mismo tiempo ha venido el propio gobierno teniendo un diálogo directo con los campesinos, con la comunidad, a través de la instalación de estos consejos de rahabilitación .

S.: Usted en esta conversación sólo ha mencionado una vez la palabra "paz" e inmediatamente la cambió por rehabilitación; y el presidente Barco en ningún momento desde que es Presidente ha mencionado la palabra "paz". Da la impresión de que este gobierno considera que la paz, como se entendió durante el gobierno anterior, no es más que un subproducto de otras cosas, otras cosas que pueden tomar varias generaciones. ¿Cuáles son realmente las esperanzas inmediatas de este gobierno?
C.O.: Yo creo que la estrategia económica y social está comprendida dentro del Plan de Rehabilitación que busca incorporar a la vida económica y social y política a las personas y zonas que han estado tradicionalmente marginadas y huérfanas de la presencia institucional. En la medida en que avancemos en la rehabilitación, iremos logrando progresivamente la normalización de la vida ciudadana en todo lo que ello implica, y el paso simultáneo es la reconciliación entre todos los colombianos. En la medida en que se avance en la reconciliación--del Estado con la comunidad, de la ciudad con el campo, etcétera--, se van creando las condiciones propicias para que haya una convivencia pacífica.

S.: Esa visión que usted describe ahí es la crítica fundamental que se ha hecho: que este gobierno piensa que la paz son simplemente carreteras. De ahí la lentitud en los tratos directos con el fenómeno más visible de la subversión que es la guerrilla armada, y en especial la que está en tregua, las FARC. ¿Qué hay de las negociaciones directas con las FARC?, ¿y qué hay de la entrega de armas de que se habló tanto y de la que hace días no se ha vuelto a hablar?
C.O.: Yo creo que el Plan de Rehabilitación es algo más que carreteras. Es toda una estrategia de desarrollo dirigida a erradicar la pobreza absoluta y a crear las condiciones para que haya un desarrollo autosostenido en esas zonas que han estado marginadas. Detrás de las carreteras viene la reforma agraria, viene la comercialización, el fortalecimiento de la educación, de la salud, el fortalecimiento de las pequeñas poblaciones, un renacer de la vida rural. Las conversaciones con las FARC, cómo van. Yo le diría lo siguiente: la discusión básica en este momento gira alrededor de las comisiones de Paz y de Verificación. Ellos insisten en la creación de una nueva gran Comisión de Paz y Verificación en la cual deben tener según ellos representación no sólo las FARC, sino los partidos políticos y en general una amplia representación de todos los sectores (Fuerzas Armadas, gremios...). El gobierno considera que ese esquema cumplió con todos sus objetivos durante el gobierno pasado, pero que ya se agotó, y la prueba de eso está en la forma progresiva y evidente de cómo languideció la última Comisión de Paz y de Verificación. Se considera que en la medida en que haya una directa responsabilidad del Ejecutivo adquiere más responsabilidad, más viabilidad y el gobierno quiere institucionalizar el proceso. El gobierno consldera que la verificacion puede hacerse a través de las instituciones establecidas, de los jueces de instrucción criminal que tienen las facultades para conocer de todas las violaciones de la ley en las zonas de conflicto, provengan de donde provinieren. Y en la medida en que nosotros logremos devolver la presencia de la justicia, eso puede actuar como un "detente", si se me permite la expresión, para los enfrentamientos. En cuanto a lo que sigue--la entrega de armas--, el gobierno ha sido muy claro en el sentido de que esta estrategia lo que pretende es crear las condiciones para que los alzados en armas puedan reincorporarse a la vida civil con plenas garantías. Ese es el paso lógico que sigue para las FARC.

S.: ¿Y eso tiene fechas, calendarios?
C. O.: No se trata de establecer fechas; me parece que eso compromete demasiado. Sino de ir avanzando gradualmente.

S.: Un punto sobre esa reconciliación entre el Estado y la comunidad de que usted habla, que además es una exigencia de las FARC y la UP: el levantamiento del estado de sitio. ¿Qué sucede con él?
C.O.: El estado de sitio no lo decreta el gobierno: surge de unas condiciones que obligan al gobierno a decretarlo. Puede parecer un juego de palabras, pero así lo vemos nosotros. El Presidente habló en su discurso de posesión de presentar un proyecto de reforma de la Constitución que permita crear distintos estados de excepción, pues no es lo mismo manejar el problema de narcotráfico que el de la guerrilla. Esa reforma, que yo espero que se presente en la próxima legislatura, va a permitir graduar la perturbación. Creo que es un tema que va a estar sobre el tapete en las conversaciones que sigamos teniendo con las FARC.

S.: Todas estas cosas, en fin de cuentas, dependen de proyectos que deben ser aprobados por el Congreso. ¿Cómo ve el gobierno el ambiente en el Congreso para estudiarlos y aprobarlos?
C.O.: Pues... eh... (largo silencio). El gobierno presentó rápidamente varios proyectos que efectivamente son claves para todo esto, y que hacen parte del compromiso de cambio del Presidente: reforma agraria y urbana, reglamentación de la elección de alcaldes, circunscripción nacional, consulta popular... Han avanzado lentamente: lo más seguro es que en lo que resta del período de sesiones ninguno se convierta en ley. Pero yo veo con optimismo, por ejemplo, el proyecto de reforma agraria. El ponente se tomó su tiempo, pero hizo un proyecto que engloba las distintas posiciones que presentaron otros grupos, como la UP, el Nuevo Liberalismo, el Partido Conservador. Y tengo la seguridad de que en el próximo año se convertirá en ley. Ahora, el proceso es complejo, y mucho más cuanto que estamos entrando, después de treinta años de estar acostumbrados al Frente Nacional, a la plena vigencia democrática, con el esquema gobierno-oposición, que es, además, elemento básico de la estrategia de reconciliación, normalización y rehabilitación: al legitimar la oposición, se legitima también la protesta por la via institucional, y se espera, esperamos todos, que se "deslegitime" la protesta por la vía insurreccional.