La Procuraduría respalda a los recicladores
Las 300.000 familias que en Colombia viven del reciclaje de basuras acaban de recibir un espaldarazo de la Procuraduría General de la Nación, que emitió un concepto en el que rechaza la constitucionalidad de la Ley 1259, que crea el comparendo ambiental. Dicha Ley estableció como infracciones destapar y extraer la basura de las bolsas dispuestas en las calles, darle mal manejo en los sitios donde se clasifica, comercializa y recicla, o fomentar el trasteo de basura en medios no aptos.
“Si el desacato persiste en grado extremo, cometiéndose reiteradamente la falta, las sanciones antes enumeradas pueden convertirse en arresto”, dice la Ley, que convierte en delincuentes a las personas que por años han vivido del reciclaje y protege a las grandes empresas recicladoras que están apareciendo en las principales ciudades del país. Al enviar su concepto a la Corte Constitucional a raíz de una demanda, el procurador, Alejandro Ordóñez, pidió declararlo inexequible, pues vulnera a los recicladores “su derecho al trabajo y, en consecuencia, les impide lograr el mínimo vital y tener una vida digna para ellos y sus familias”. Además, reconoció que si no hubiera sido por ellos, el daño ambiental en el país habría sido gigantesco. La Corte Constitucional tiene hasta el 14 de diciembre para pronunciarse sobre esta polémica ley que fue sancionada por el presidente Álvaro Uribe, y que tiene en vilo a miles de recicladores.